Fiscal Héctor Barros: "El Tren de Aragua es una especie de desangrador del sistema financiero"

El fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, lleva 26 años en el Ministerio Público y es uno de los persecutores más reconocidos en crimen organizado. Ha estado a cargo de investigaciones de alto impacto, como la Operación Tokio, dirigida contra el Tren de Aragua, y de la causa en que se formalizó a una veintena de integrantes del Primer Comando de la Capital (PCC) de Brasil en Chile. También participa en el proceso por el secuestro y homicidio del exmilitar venezolano Ronald Ojeda.

En conversación con Tomás Mosciatti, Barros evaluó cuánto ha avanzado el Estado frente a estas organizaciones, cómo mueven y ocultan su dinero, y qué se sabe de su vinculación con el gobierno venezolano. Comparó además al Tren de Aragua con el PCC y abordó cuestiones internas de la Fiscalía: los mecanismos contra la corrupción, la evaluación de los fiscales y su relación con el fiscal nacional, Ángel Valencia.

Un atraso de tres años y un sistema financiero permeable

—Usted ha dicho que la persecución del crimen organizado va atrasada respecto de las propias organizaciones. ¿Cuánto es ese atraso?

Unos tres años, aproximadamente, según lo que hemos visto en las distintas investigaciones. Pero no solo estuvimos atrasados en la persecución penal, también en lo legislativo. Durante 20 años condenamos con normas pensadas para los cuatreros, cuando en derecho comparado existían normas adecuadas hacía más de 30 años. Cuando advertíamos que el fenómeno criminal era distinto, muchas veces nos acusaban de exagerados. Aun así, la legislación actual se nutrió de la jurisprudencia que se formó con esos fallos desde 2006.

—¿Cuándo advirtieron que el Tren de Aragua estaba instalado en Chile?

Después de la pandemia. Cuando volvimos de ese encierro, el fenómeno había cambiado. Las policías me contaban que, cuando intervenían a bandas chilenas y gritaban “alto, policía”, todos tiraban las armas y levantaban las manos. De pronto empezaron a ver que ya no las tiraban, sino que trataban de enfrentarlos. Ahí nos dimos cuenta de que la criminalidad estaba cambiando y era mucho más peligrosa.

—¿Está ganando o perdiendo el Estado?

Hemos empezado a ganar en el sentido de que los delitos más graves se han estabilizado. Pero, como lo llamo yo, es una especie de electrocardiograma: sube y baja, y si bajamos la guardia, ellos se rearman. Además, la baja de homicidios y secuestros puede responder a que se dieron cuenta de que la violencia hace mal al negocio, como pasaba con los narcos de La Legua. Y están ocurriendo otros fenómenos peores, como la mezcla entre criminalidad nacional y transnacional. En lo patrimonial, claramente están ganando ellos.

—¿Cómo logran mover tanto dinero sin que el sistema financiero lo detecte?

Se dieron cuenta de que las herramientas que creamos para dinamizar la economía, como la sociedad por acciones creada en un día, tienen particularidades que se pueden aprovechar. Nuestro sistema de alertas tarda aproximadamente un año y medio en producir una denuncia al Ministerio Público. Ellos usan una sociedad durante ese tiempo y, cuando les piden justificar ingresos, la abandonan y arman otra. Además, hay personas corruptas, como en toda institución. En el caso de dos sociedades, Vex Group y Vex Digital, hablamos de casi 76 mil mil millones de pesos. Uno de los dueños era un ingeniero comercial y el ejecutivo del banco que lo asesoraba también. Son de las primeras camadas de inmigrantes, con profesión, que se ponen al servicio de las organizaciones para sacar el dinero.

—¿Cuánto dinero habría en total, y hacia dónde sale?

Es difícil calcular un patrimonio, porque el dinero sale de Chile. Lo que establecimos en la operación Tokio es que lo sacan en criptoactivos hasta Colombia, allá lo transforman en dólares y los pasan físicamente a Venezuela. Y hay muchas más empresas que esas dos, por lo menos unas 20 veces más. Nos costó asimilar la cantidad de dinero involucrada: se mueven 4.000, 5.000 o 20.000 millones de pesos de una sociedad a otra como si nada. Las policías están trabajando en esto, pero tenemos brechas en capacitación y en tecnología. Sin big data ni inteligencia artificial es difícil procesar esa información, y en eso ellos nos llevan ventaja.

—¿Qué control ejerce el Tren de Aragua sobre la explotación sexual y la extorsión?

En la explotación sexual, tienen un control total. Antes había ejercicio aislado de la prostitución. Hoy, quien quiera ejercerla debe estar “alineado” con el Tren de Aragua y pagar cerca del 45% de lo que cobra. Hemos encontrado en teléfonos sistemas de reclutamiento internacional que ofrecen alojamiento, sueldo y seguridad a cambio de ese alineamiento. Eso no significa que quien camine por el centro de Santiago esté en territorio del Tren de Aragua en cualquier otro sentido. Lo planteo desde el comercio sexual. En cuanto a la extorsión, las víctimas son sobre todo pequeños comerciantes de La Vega, Santiago Centro y Estación Central. Hasta quien vende mote con huesillo debe pagar, y en algunos casos hemos visto disparos contra las casas de comerciantes que no pagaron.

El caso Ojeda y la dimensión política del Tren de Aragua

—¿Mató el Tren de Aragua a Ronald Ojeda?

Sí, pero por encargo del gobierno venezolano. Lo que indica la investigación es que Diosdado Cabello habría negociado esa operación con el Tren de Aragua. El veredicto del primer juicio oral señaló que se agotaron varias líneas investigativas, salvo la política, y que es plausible investigarla. Ese primer juicio no fue por eso. Teníamos a tres involucrados y, en ese momento, un secuestro con homicidio, no una asociación criminal; la extradición se hizo solo por esos delitos, y estoy de acuerdo con el veredicto. Respecto de los eslabones superiores, que están en proceso de extradición o ya en Chile, sí hay que acreditar el encargo. Este habría sido el secuestro más estúpido del Tren de Aragua, porque no es una ONG: lo hace por dinero, y los antecedentes indican que aquí se pagó.

—Estados Unidos mató al Niño Guerrero y mantiene detenido a Nicolás Maduro. ¿Ha cambiado la cooperación de Venezuela?

No ha cambiado nada. El Niño Guerrero era uno de los líderes más reconocidos, pero hay otros dos tanto o más fuertes que él, y los dos escaparon. Venezuela sigue sin cooperar, absolutamente. Hemos pedido siempre cooperación internacional y no hemos recibido nada. A Estados Unidos le hemos pedido la posibilidad de interrogar a Nicolás Maduro.

-Ya no está el Niño Guerrero…

Posiblemente Diosdado Cabello con quien habló fue con el Niño Guerrero y resulta que se terminó esa posibilidad de interrogarlo y probar, etc. Y Diosdado Cabello no va a decir que él ordenó. Por lo tanto, aquí se ha roto una línea fundamental en la investigación. Las autoridades venezolanas le indicaron a los norteamericanos donde estaba el Niño Guerrero para que lo mataran. A lo mejor ellos tenían mucho interés en que lo mataran, en que no hablara de Diosdado Cabello. De todas maneras aquí hay una conspiración del silencio donde participan también norteamericanos, porque para qué lo mataron si podrían haber intentado apresarlo.

—¿Es un problema de seguridad nacional?

Lo planteamos en el juicio. Creo que nunca hemos sopesado la gravedad de estos hechos: hay un Estado actuando dentro de otro, pero a través de una organización criminal que maquilla la invasión territorial. Es lo mismo que sustenta el juicio a Maduro en Estados Unidos, que califica al Tren de Aragua como organización criminal o terrorista al servicio de un Estado. Consultamos a la ANI, a algunas embajadas y a cuerpos policiales extranjeros. No puedo detallar el contenido, porque está bajo secreto, pero ninguna de esas informaciones nos condujo a algo distinto de lo que reunimos con el trabajo policial.

El PCC, las cárceles y los desafíos internos del Ministerio Público

—¿En qué se diferencia el PCC, el Primer Comando de la Capital brasileño, del Tren de Aragua?

El PCC es una estructura mucho más organizada, más piramidal y clásica. Tiene reglamento: hay que ser presentado por un integrante, estudiar el reglamento y pasar por una ceremonia de bautismo, donde recién se asigna un número. No se puede consumir droga y se exige cometer delitos, porque parte de los ingresos debe provenir de ellos. Sus miembros en Chile son chilenos, a diferencia del Tren de Aragua, cuyos integrantes son extranjeros, principalmente venezolanos. No hemos encontrado vínculos entre ambos, y el PCC evita los lugares donde puede entrar en conflicto con otras organizaciones.

—¿Qué dimensión tiene hoy el PCC en Chile y qué busca?

Está en una etapa inicial; el primer bautizado que detectamos es de 2019. Está invirtiendo en recursos humanos porque dentro de dos años se abrirá el corredor bioceánico, que conectará el Atlántico con el Pacífico hasta Antofagasta. Hoy la droga de Perú, Bolivia y Colombia sale por puertos brasileños hacia Europa del Este. Buscan el mercado de la droga, los robos a entidades financieras, el control de armas y, hacia adelante, el de los puertos. A nivel internacional se calcula que tienen entre 20 y 30 mil integrantes, y tratan de ser un estado paralelo. Hay que poner atención en los puertos desde ya y aumentar las fiscalizaciones. En una causa por corrupción condenamos a un funcionario policial a 20 años y a uno de Aduanas en Arica, porque el escáner no revisaba bajo los neumáticos del vehículo y por ahí pasaba la droga.

—¿Cómo operan desde las cárceles?

El Tren de Aragua y el PCC nacen en las cárceles, y ahí desarrollan su experiencia. Pasaban lista todos los días por WhatsApp, mañana y tarde, y tenían contacto con personas de 20 países. Con información de esta causa se incautaron seis fusiles de guerra en la comuna de La Florida. Mientras haya corrupción, nunca habrá control del sistema carcelario. Además, los internos piden traslados en audiencia y los jueces los conceden. Creo que debería ser un organismo técnico, Gendarmería, el que determine en qué cárcel cumple condena cada persona, según su perfil. El juez debería verificar solo que se respeten sus derechos.

—¿Cómo se controla la corrupción dentro de la Fiscalía? ¿Hay politización?

Necesitamos una unidad interna robusta, con amplias facultades para investigaciones administrativas y penales. Es una planificación de la Fiscalía Nacional que viene en camino, pero aún no la tenemos. No puedo referirme a causas que no son mías, como la de la fiscal Lorena Parra. Sobre el fiscal Manuel Guerra, no se puede intervenir el teléfono de un fiscal sin una denuncia previa; los hechos se conocieron al incautarse teléfonos en otra investigación. Sobre politización, solo puedo hablar de mi fiscalía, donde no tengo esa realidad. Con el mundo político tenemos buena relación porque necesitamos modificaciones legales.

—¿Cómo es su relación con el fiscal nacional Ángel Valencia?

Es mi jefe y mi compromiso es con la institución. Renuncié a la subrogancia por decisión propia, porque me queda poco tiempo en el Ministerio Público y quiero dedicarme a mi equipo y a dejar casos terminados. Quería seguir en la Fiscalía Centro Norte, donde obtuve 21 votos en la terna frente a 15 de Francisco Jacir. No me comunicaron las razones y no he conversado el tema con el fiscal nacional. Jacir tiene una tremenda trayectoria.

-¿Le pareció adecuado que Ángel Valencia se reuniera con Luis Hermosilla con Andrés Chadwick una vez asumido?

A mí no me corresponde, Tomás, referirme a ese tema.

-¿Usted se habría reunido con ellos?

No, yo no lo habría hecho.

-¿Hay mucho fiscal reuniéndose con políticos?

No lo sé.

—De los cuatro fiscales nacionales con los que ha trabajado, ¿cuál recuerda más?

Guillermo Piedrabuena, el primero. Yo tenía 30 años y él era un hombre de mucha trayectoria, profesor y muy buen jurista. Sus instructivos eran muy buenos en el análisis jurídico. Además, no se quedaba con la terna del fiscal regional: citaba a los tres candidatos a la Fiscalía Nacional, los entrevistaba y decidía. Con los otros tres, Sabas Chahuán, Jorge Abbott y Ángel Valencia, no tengo nada que decir salvo que son profesionales.