Exdirector de Gendarmería: "Decir que tenemos el control de las cárceles, eso es faltar a la verdad"

La Operación Apocalipsis volvió a poner bajo la lupa una realidad que preocupa al interior de las cárceles chilenas: la capacidad del crimen organizado para infiltrar Gendarmería y mantener redes de corrupción que, según distintas investigaciones, se han extendido durante años.

Las detenciones de funcionarios acusados de recibir millonarios sobornos, el traslado de internos de alta peligrosidad y las dudas sobre el control efectivo del Estado dentro de los recintos penitenciarios abrieron nuevamente el debate sobre cuánto terreno ha ganado el crimen organizado tras las rejas.

Una situación que conoce de cerca Cristian Alveal, exdirector nacional de Gendarmería durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Desde fuera de la institución, hoy analiza la profundidad de la corrupción en Gendarmería y advierte que el problema va más allá de casos aislados.

En conversación con BBCL, aborda la efectividad de los últimos operativos y traslados de internos, plantea medidas que considera urgentes para recuperar el control de los recintos penitenciarios y advierte sobre los riesgos de no enfrentar el problema de fondo.

“No podemos seguir mintiéndonos”, sostiene Alveal, quien advierte sobre el riesgo de que Chile termine siguiendo el camino de países como Ecuador, Colombia o México, donde el crimen organizado ha logrado convertir las cárceles en espacios de poder y operación delictual.

—Considerando su experiencia, estas nuevas detenciones en la Operación Apocalipsis, ¿qué tan profunda cree que es la corrupción al interior de Gendarmería? ¿Estamos hablando de casos aislados o de redes instaladas?

Yo creo que hay redes que se han ido instalando dentro de la institución desde hace un buen tiempo. Las herramientas que Gendarmería ha tenido no han sido suficientes, pese a que ha habido una voluntad manifiesta de distintas administraciones de atacar la corrupción. Acá es importante destacar también el rol y la decisión del Ministerio Público de trabajar en los focos penitenciarios. El traspaso de Gendarmería al Ministerio de Seguridad también tiene un objetivo de consolidar y fortalecer, robustecer la institución penitenciaria frente a este flagelo que es conocido, que se ha reconocido y que lamentablemente vemos cómo se está graduando en distintas instituciones públicas.

—¿Cómo describiría en una palabra la situación que atraviesa hoy Gendarmería?

Yo creo que ha habido un error que se ha cometido por parte de distintas administraciones; incluso estamos hablando de distintos gobiernos, de minimizar realmente lo que estaba ocurriendo en el sistema penitenciario. Esto es un hecho conocido y que se ha reconocido en algunas administraciones más que en otras, pero que tiende a ser de alguna manera aplacado o invisibilizado para no reconocer un error. Por ejemplo, el hecho de decir que tenemos el control de las cárceles y afirmarlo, eso es faltar a la verdad. Nosotros tenemos un control perimetral, pero hay situaciones internas que tenemos que resolver. Hay brechas importantes (…) El tema es si realmente tenemos el control dentro de esos territorios o solo cuando entramos con un dispositivo reforzado logramos sacar a un detenido o la droga o el dinero que tenga ahí. El tema es: ¿en qué condiciones vive esa comunidad? Bueno, en la cárcel hoy día hay situaciones de abuso, de sometimiento, de expansión del crimen organizado que, aun cuando es un mínimo de la población penal, genera distorsiones graves, complejas, como por ejemplo la captura de funcionarios que, aun cuando visten el mismo uniforme y portan la misma tarjeta de identificación, trabajan para el grupo criminal y no para el Estado. Y esas situaciones son extremadamente graves.

Mucho se ha dicho, yo escucho y lo veo. “No si estamos lejos de Ecuador, de Colombia; todavía no estamos en esos niveles”. Sí, sí estamos de acuerdo, no tenemos una criminalidad que existe en México, sin duda, pero en algún momento esto comenzó a ocurrir en esos países y justamente por estos discursos, que relativizaron de alguna manera lo que podía ocurrir, hoy no tienen nada que hacer porque llegaron lamentablemente a un punto de no retorno.

—¿El Estado tiene control total o es parcial en las cárceles? ¿Llega el Estado a cada celda o eso no se podría afirmar?

Por razones que son más bien estructurales, el control que se tiene de las cárceles en lo que es el perímetro, uno podría decir que es destacable porque hay pocas fugas, pero de lo que ocurre al interior de las cárceles, claramente hay brechas importantes, significativas, que hacen un control bastante débil, un control bastante feeble. Entonces, hoy día hay liderazgos criminales dentro de las cárceles… Lo dijo un juez, y lo han reiterado distintas autoridades, pero me remito al informe del juez Fernando Guzmán, que lo explicita por escrito, donde señala, particularmente en Santiago 1, que hay condiciones propicias para que el crimen organizado consolide su forma de ir tomando control de la cárcel. Frente a esos tipos de informe, la pregunta es: ¿qué hemos hecho como Estado? ¿Qué recursos también se disponibilizan de parte de Dipres en un plan estratégico para que la institución aumente su control interno? Eso no existe. Entonces ha existido una suerte de mentirnos, de hacernos creer que tenemos un control. Yo me imagino cómo se reirá el crimen organizado si dentro de la cárcel ingresan celulares, ingresan droga, extorsionan, siguen delinquiendo. El Estado tiene que tomar decisiones estratégicas en este ámbito y reconocer de buena vez lo que está pasando.

—En el caso de Alex Vega, este dirigente histórico, la investigación apunta a pagos sistemáticos y movimientos de dinero por cientos de millones de pesos. ¿Qué señales de alerta debieron haber existido para detectar antes una situación de estas características?

Existen muchísimos funcionarios honestos y comprometidos que lo único que quieren es que quienes corrompen la institución y la desprestigian sean condenados a penas privativas de libertad. Porque existe un repudio al funcionario corrupto, porque otros se sacan el lomo sacando la pega adelante. Estos malos elementos colocan en riesgo a estos buenos funcionarios. ¿Por qué? Porque el crimen organizado necesita ganar dinero. La cárcel para ellos pasa a ser un nuevo mercado, una nueva oportunidad de crimen. Entonces, el funcionario que registra, que hace la pega bien hecha, que requisa celulares, que requisa droga, pasa a ser un enemigo. Y el funcionario que ingresa esos elementos prohibidos pasa a ser su aliado. Todos estos funcionarios han sido sujetos de interés. Nadie puede decir que no teníamos antecedentes. Sabíamos que hay funcionarios, y el tema es cómo podemos probar esa información que se maneja desde la lógica de la inteligencia y llevarla a una denuncia formal. También hay funcionarios que son víctimas de estas amenazas o de estas extorsiones para que no denuncien lo que están viendo. Por eso es necesario fortalecer los procesos de reclutamiento, selección, formación y formación continua, que es algo donde tenemos una brecha super relevante en materia penitenciaria.

—¿Gendarmería necesita una depuración mucho más profunda o el foco debería estar principalmente en mejorar los sistemas de inteligencia, contrainteligencia y control interno?

Principalmente, acá se requiere mirar la relación que hay en algunas cárceles como Santiago 1, donde hay 300, 400 reos por dos funcionarios. Eso no resiste mayor análisis. ¿En qué condiciones laborales les estamos entregando a los funcionarios, sabiendo que el crimen organizado intenta extorsionarlos o corromperlos? ¿Cuáles son las herramientas efectivas que les entregamos a los funcionarios para protegerlos? Segundo, todo lo relacionado con quién genera corrupción, quién es capaz de corromper, el que tiene poder económico. ¿Dónde están los que generan poder económico? En muchas cárceles. Tenemos que entender que la cárcel de Talca, aunque sea una señal de relevancia como un hito, no es así porque es una cárcel que tiene distintas agrupaciones modulares que albergan internos de bajo, de medio, de alto y máximo compromiso delictual, internos vinculados al crimen organizado que tienen dinero, que pueden sobornar, que pueden comprar. Estos delincuentes tienen que estar en cárcel exclusivamente para este perfil criminal. Lo que se está haciendo en Talca está impidiendo que se fuguen, perfecto, pero no está impidiendo que se comuniquen y que esas comunicaciones terminen en la calle ordenando delito. Ese es el desafío distinto. Lo que me plantea, sí, todas las anteriores, pero hoy día en las cárceles ya no basta con evitar que los reos se fuguen; también tenemos que evitar que estos grupos criminales sigan decidiendo delitos y las sigan comunicando hacia el exterior. Ese es un desafío también.

—¿Qué tan extendido es el problema de las amenazas contra los funcionarios de Gendarmería? ¿La institución cuenta con herramientas suficientes para proteger a sus trabajadores?

Yo creo que no. Abiertamente no. Hay un tema que incluso podríamos expandir a Carabineros y a la PDI. Necesitamos que estos funcionarios, sobre todo los que trabajan en zonas de alto riesgo, tengan villas, conjuntos habitacionales donde vivan ellos y su familia, para que tengan mayor protección, que estén bajo cierto resguardo. No podemos creer que nosotros no estamos en México. Tenemos que asumir que el crimen organizado opera de forma transnacional y tal cual como van diversificando actividades criminales, van expandiendo su control territorial a través de mayores niveles de corrupción. Empiezan a operar desde el Estado, no al frente del Estado, empiezan a operarlo desde adentro. Tenemos que hacer inteligencia, contrainteligencia, pero también tenemos que proteger a quienes nos protegen. En algunas regiones donde los cánones de arriendo son bastante elevados, tener la posibilidad de que estos funcionarios vivan bajo un sistema de protección, su familia, para que puedan trabajar más tranquilos.

—¿A usted le tocó enfrentar situaciones donde su seguridad personal o la de su entorno estuviera en riesgo?

Cuando uno entra a esta institución, lo primero que te dicen es que muchas veces te van a amenazar, te van a insultar. Es un tema de siempre. Hoy día con esta nueva delincuencia, hay otros niveles de riesgo, porque están dispuestos a hacerlo. Pueden desde un país mandar a matar a una autoridad que esté fuera del país (…) Estamos viendo hoy día las coronas de flores, estamos viendo las amenazas. Es importante, es relevante, incluso determinante, si queremos como Estado atacar el crimen organizado, pero con la misma fuerza tenemos que atacar la corrupción de los funcionarios. Porque si no lo hacemos, los buenos funcionarios, que son muchísimos más, van a estar en severo riesgo. Uno tuvo amenazas, sin duda, pero es parte de la condición de ser funcionario de una institución que tiene personas privadas de libertad. Pero hay un tema que también te tiene que dejar muy tranquilo: que tú tienes que hacer lo que tienes y lo que debes (…) No siempre el no tener motines, el tener baja fuga, el tener menos muertes violentas en una cárcel significa mayor control, puede ser muy por el contrario, confirmar una hegemonía criminal dentro de la cárcel que no quiere problemas con la institución, quiere seguir ganando dinero y traficar (…) Yo siento que falta más convicción —que siento que la hay— y no tanto discurso. Acá tenemos que tomar medidas fuertes. Si yo no soy capaz de tomar decisiones que en mi cargo corresponden, yo tengo que dar un paso al costado. Se requiere no solo hablar hacia afuera, sino tomar decisiones, apoyar al personal honesto y comprometido, que son muchos más, y extirpar este cáncer de la corrupción.

—En estos seis, casi siete meses del gobierno del presidente Kast, ¿cómo ha sido su evaluación en esta materia? ¿Lo ve realmente comprometido con acciones o es más discurso?

En materia penitenciaria, yo creo que aquí hay un tema: se conversó y se entendió que era necesario establecer un régimen diferenciado de reclusión. Legalmente no se ha hecho nada, reglamentariamente poco y nada, pero desde el punto de vista de la infraestructura era necesario porque se había explicado muy bien que una cárcel que tenga distintas secciones donde albergan distintos perfiles criminales no es la solución tener en una de ellas a los reos que pertenecen al crimen organizado y que tienen capacidad decisional no va a impedir que se comuniquen desde ese módulo con el exterior. Hay que generar una cárcel, al menos de máxima seguridad, una al menos, donde los perfiles que ingresen tengan las condiciones que requieren por sus características criminales (…) Reos con pertenencia a estructuras criminales vinculadas a narcotráfico, terrorismo o crimen organizado tienen que tener una infraestructura, tecnología, personal en cantidad y en calidad muy distinta.

—La Operación Cancerbero, que incluyó el traslado de internos de alta peligrosidad a Talca, tuvo una importante exposición mediática. ¿Considera adecuado que este tipo de procedimientos se exhiban públicamente con ese nivel de detalle o deberían manejarse con mayor reserva?

Yo lo dije en su minuto: siempre exponer detalles de un procedimiento operativo de esta envergadura puede generar que grupos criminales que tienen incluso pertenencia o formación en otros países, en guerrilla, paramilitares, conocimientos tácticos y operativos, claramente si la televisión lo demuestra, pueden evaluar y determinar ciertas brechas, ciertas falencias que las pudiesen aprovechar ante un procedimiento posterior. Hay que entender que el objetivo de un traslado es que lo operativo esté por sobre lo comunicacional. No arriesguemos lo procedimental por exhibir comunicacionalmente lo que estamos haciendo. Lo segundo y más importante es preguntarse si el personal que trabaja en ese módulo de máxima seguridad es suficiente, ¿tiene las competencias suficientes? ¿Hay normativa especial que resguarde a los funcionarios? ¿Un régimen carcelario diferenciado? Hay brechas y brechas que tienen que ser subsanadas porque si no estos delincuentes las van a aprovechar. Una cárcel de máxima seguridad tiene que ser exclusivamente para reos de esas características, porque Talca hoy día trabaja con internos que son de bajo compromiso delictual, con mediano, y en consecuencia hay escuelas penales, lo que conlleva al ingreso y flujo de profesores que son externos a la cárcel. Y eso, cada ingreso a una cárcel de estas características son posibles vulnerabilidades. Estos reos, aunque estén dentro de una sección determinada, siempre buscan, estudian cuáles son las debilidades para evadirse o ser rescatados. Yo creo que hay que repensar esto. Más allá de que se construyan cárceles para deshacinamiento, al menos una que tenga la posibilidad de recluir ahí aquellos liderazgos principales que tenemos de crimen organizado, tanto a nivel nacional como incluso extranjeros que pertenecen a organizaciones transnacionales.

—Si usted volviera hoy a dirigir Gendarmería y tuviera que tomar tres medidas prioritarias para enfrentar este tipo de situaciones, ¿en qué estarían enfocadas?

Yo haría quizás una propuesta distinta en el norte, por las condiciones climáticas: construir básicamente campamentos tipo gringos, que son cárceles en carpa, y sacar ahí internos que tengan un saldo de condena más bajo, que tengan un contagio criminógeno mediano-bajo y personas que tengan una edad avanzada. Sacarlas de las cárceles grandes de manera más inmediata, deshacinamiento, descongestionar cárceles para evitar que estas personas estén siendo reclutadas, extorsionadas por estos grupos criminales. También insistir en la necesidad de construir al menos una cárcel de máxima seguridad para sacar a todos los que el sistema determine que tienen capacidades económicas para corromper. Segundo punto: cuáles son las modificaciones legales y reglamentarias que se necesitan para incorporar un régimen diferencial de reclusión. Cuando usted incorpora un régimen diferencial que requiere cambios legales y normativos, usted también protege a los internos que en gran medida no pertenecen a la delincuencia organizada y puede maximizar la reinserción social. Y la tercera y última patita que yo pediría era mejorar la formación de los educandos de la escuela, tanto gendarmes como aspirantes a oficiales. También incluiría profesionales que trabajen en el tema de intervención penitenciaria, de tal manera de tener una mejor formación inicial y también cursos mucho más rigurosos en la formación continua. Esto no puede ser un cumplimiento de años, sino que tiene que estar asociado a una excelencia acreditada, competencias que habiliten. Esos serían los tres grandes ejes: infraestructura, normativa para un régimen duro, y tercero, la formación y capacitación del personal, sin perjuicio de lo que se está haciendo hoy día en el traspaso de Justicia a Seguridad.

—¿Usted cree que está el riesgo de llegar al nivel de países como México, Colombia, Ecuador en temas penitenciarios?

Los sistemas penitenciarios fueron invisibilizados, no considerados dentro de la política criminal. Y prueba de ello es que el crimen organizado se expandió. Cuando distintos periodistas, medios señalan que el Tren de Aragua, un grupo criminal, incluso que una dictadura utiliza para asesinar a un refugiado de Chile, imagínese, una dictadura considera que este grupo criminal tiene suficiente herramienta en un país distinto y operan militarmente. Eso es gravísimo, como lo ha señalado muy valientemente el fiscal Héctor Barros. Hoy día se habla que están siendo investigados, van a ser formalizados grupos integrantes del Primer Comando de la Capital, que es el segundo grupo que se conoce con presencia regional. El PCC es el grupo criminal quizás más violento y más grande de Latinoamérica, y ya están en Chile. Y los dos, curiosamente, nacieron, se expandieron, se consolidaron desde las cárceles. Entonces, por qué alguien me podría decir “no, si estamos súper bien en Chile, esto no va a ocurrir”. Los ecosistemas que les permitió nacer estuvieron dentro de una cárcel. Conocen ese hábitat. Y claramente lo que están haciendo hoy día es lo que usted está viendo: funcionarios que son prácticamente delincuentes con uniforme, algunos, y que afectan a los miles de funcionarios honestos y comprometidos. Eso es parte de cómo ellos se expanden desde la calle, corrompiendo. Mucho de lo que se ha hecho en el último año ha sido combatir al crimen organizado en las calles. Y se nos olvidó una patita importante: la cárcel. Porque hoy día la región nos dice que estos grupos criminales, y no solo PCC y Tren de Aragua, se fortalecieron y crecieron en las cárceles. Ahora sí estamos mirando la cárcel, pero yo creo que estamos llegando tarde. Por ende, todo lo que tenemos que hacer de aquí en adelante, más que anuncios comunicacionales, es hacer la pega. Y hacer la pega bien. No mentirnos. El ingreso de elementos prohibidos, llámese celular, llámese droga, es corrupción.

—A propósito de estos recientes casos de corrupción, ¿usted cree que la estructura y el poder que tuvieron algunos sindicatos o asociaciones de funcionarios pudieron contribuir a que ciertas malas prácticas se mantuvieran durante tanto tiempo?

Yo creo que en un comienzo hay que reconocer y destacar el rol que cumplieron los gremios cuando recién se fortalecieron y crecieron desde el punto de vista de lograr visibilizar la precariedad del sistema penitenciario. Fui parte del mundo gremial en algún minuto para instalar la subdirección operativa que se hiciera cargo de una delincuencia distinta, vinculada al crimen organizado. Y conocí ahí funcionarios bastante comprometidos y jugados. Sin perjuicio de eso, esto se fue distorsionando en la medida en que crecía este nuevo fenómeno criminal, y con el poder que tienen ellos de corromper, lamentablemente algunos de ellos fueron aprovechando estas estructuras gremiales, el fuero, para trabajar para sus intereses y no los de la institución y del país. Eso, de alguna manera, le quitó las posibilidades de haberlos expulsados, porque antecedentes había (…) se hizo todo el mayor esfuerzo, se expulsaron personas, pero estos gremios fueron perjudiciales, no todos porque no puedo generalizar, pero sí generaron un debilitamiento sistemático de la institucionalidad.