La exministra de Transportes y hoy presidenta de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (COPSA), Gloria Hutt, expuso ante una comisión investigadora de la Cámara Baja y abordó las dudas sobre el funcionamiento de las autopistas concesionadas.
En ese contexto, sostuvo que las empresas concesionarias no son las que fijan las tarifas de los peajes.
Cabe recordar que en julio de este año, la Unidad de Investigación de Bío Bío reveló que, desde 2021, el Estado ha estado recibiendo multimillonarios beneficios de las segundas concesiones de autopistas. Por distintos mecanismos, el Fisco se lleva el 100% de los ingresos de tres peajes de la Ruta 60; cerca de 50% en el tramo Talca-Chillán de la Ruta 5; y el 25% en la Ruta 78.
Luego de ese reportaje, se conformó la comisión investigadora encargada de recabar “antecedentes relativos a actos del Gobierno en materia de otorgamiento de contratos de concesión de obra pública de autopistas urbanas e interurbanas”.
Hutt explicó -citada en un reporte de prensa de la Cámara- que el sistema de concesiones funciona bajo un modelo de asociación público-privada, en el que el Estado mantiene la propiedad de la infraestructura y establece las condiciones de cada proyecto mediante las respectivas bases de licitación y contratos.
En ese marco, dijo que los valores de los peajes quedan definidos durante el diseño de cada proyecto y forman parte de las condiciones que los inversionistas aceptan al participar en las licitaciones.
Según expuso, los concesionarios tampoco tienen facultades para modificar unilateralmente las tarifas ni los períodos en que se aplican. Cualquier modificación contractual requiere la intervención de organismos públicos, entre ellos el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Hacienda y la Contraloría General de la República.
Críticas al sistema
Durante su presentación ante la comisión investigadora, Hutt también descartó que las autopistas concesionadas estén completamente pagadas y que los cobros actuales representen únicamente utilidades para las empresas.
Al respecto, explicó que una parte importante de los proyectos todavía se encuentra dentro de sus respectivos períodos de concesión y que los ingresos deben cubrir, entre otros aspectos, deudas, costos de operación y obligaciones establecidas en los contratos.
También abordó las futuras relicitaciones, señalando que estas no implican una extensión automática de las concesiones originales y que pueden contemplar nuevas inversiones. La decisión de relicitar una infraestructura, agregó, corresponde al Estado.
Respecto de la fiscalización, Hutt afirmó que los contratos y la operación de las concesiones están sujetos a controles permanentes y que los proyectos cuentan con inspectores fiscales designados por el Ministerio de Obras Públicas.
Diputados plantean seguridad y tarifas
Tras la exposición, los diputados realizaron consultas sobre distintos aspectos relacionados con las autopistas concesionadas.
Entre las materias abordadas estuvieron las denuncias por multas municipales asociadas al uso de determinadas vías, la necesidad de reforzar la televigilancia para prevenir delitos como las encerronas y la posibilidad de reducir las tarifas de los peajes.
Por último, se plantearon inquietudes por el estado de las caleteras en algunos sectores, debido a que su deterioro limitaría su utilización como vías alternativas de circulación.
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