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El proyecto de ley que busca ampliar la cobertura del subsidio eléctrico avanzó de la Cámara Baja al Senado luego de 4 a 5 meses de discusión, con la Comisión de Minería y Energía comprometiéndose a acelerar la tramitación para votar en general en marzo. Las críticas se centraron en la sobre recaudación y la financiación del beneficio, el ministro de Energía, Diego Pardow, mencionó que al ampliar el subsidio, la composición de los postulantes cambiará. Por otro lado, Ramón Galaz de Valgesta Nueva Energía cuestionó la base constitucional del proyecto, argumentando que el sector privado de generación eléctrica debería contribuir al financiamiento. Juan Meriches de Empresas Eléctricas se enfocó en la resiliencia de las redes frente a eventos climáticos y la meta de reducción de interrupciones. Recordemos que la SEC solicitó una auditoría a Enel por cortes de luz en 2024, y la empresa contrató consultoras para evaluaciones favorables.
El proyecto que busca aumentar la cobertura del subsidio eléctrico estuvo entre 4 y 5 meses en la Cámara Baja, fue recientemente despachado al Senado.
De ahí que los legisladores que integran la Comisión de Minería y Energía se hayan comprometido a reducir la tramitación, a fin de que en marzo se vote en general la iniciativa.
En la instancia, una de las principales críticas fue la sobre recaudación. Recordemos que para ello se estipularon una serie de pilares de financiamiento, aun cuando solo postularon 2 millones de personas al beneficio, de una proyección de 4,7 millones.
Ampliación del subsidio eléctrico
El ministro de Energía, Diego Pardow, respondió a estas críticas, asegurando que en la medida que el subsidio se amplíe, cambiará la composición de los postulantes.
“A medida que uno se mueve hacia un mayor porcentaje de cobertura del 40% más vulnerable, la composición del hogar va variando. Pasamos de hogares unipersonales a los que, más bien, tienen cuatro personas. Eso significa que el subsidio crece de una manera no lineal”, aseguró Pardow.
El director ejecutivo de la consultora Valgesta Nueva Energía, Ramón Galaz, planteó que la esencia misma del proyecto, basada en la autocontención, no se apega a las bases constitucionales.
Según el ejecutivo, “al no existir fondos públicos para financiar la política, por responsabilidad fiscal, parte del sector de generación eléctrica debe complementar esos recursos”.
“La responsabilidad fiscal no debiese implicar que si no están todos los recursos, estos debiesen focalizarse, priorizarse y reasignarse. La autocontención no existe en nuestro ordenamiento constitucional, ya que se rompe el principio de servicialidad del Estado”, agregó, apuntando que el financiamiento de políticas públicas debe venir del Estado.
Quien también estuvo presente, fue el director ejecutivo de Empresas Eléctricas, Juan Meriches, que decidió enfocar su presentación en lo alusivo a las modificaciones de la ley 18.410 que crea la SEC y que se incorporan en este proyecto de ley.
Para el representante de los privados, “aumentar compensaciones y exigencias, no resuelve el problema de resiliencia de las redes de distribución frente a eventos climáticos extremos. Tampoco aborda la pregunta de cómo vamos a cumplir la meta de nuestra política energética, de reducir las horas de interrupciones a cuatro en 2035 y una en 2050″.
Aludiendo justamente a lo que han sido las interrupciones en el suministro, cabe recordar que, en el marco del proceso de caducidad de la concesión de Enel, por los cortes de luz de agosto de 2024, la SEC pidió a la empresa realizar una auditoría.
También se conoció a través de Diario Financiero, que la compañía contrató una consultora para llevar a cabo otra auditoría externa de contraste, que tuvo un informe favorable con la empresa.