La CUT pidió al Gobierno considerar los criterios del Ingreso Mínimo Garantizado como parámetro para un reajuste al salario mínimo legal. En la pequeña y mediana empresa, dirigentes advierten que no están las condiciones para un reajuste, y la prioridad es, por ahora, sobrevivir a la crisis.

Han pasado tres semanas desde el comienzo de las negociaciones por un reajuste al salario mínimo legal entre la Central Unitaria de Trabajadores y el Ministerio de Hacienda.

Si bien la discusión ha estado centrada en la protección y recuperación de los empleos y en cómo se configura con los programas de reactivación económica del Ejecutivo, la CUT hizo este viernes un planteamiento más concreto de sus expectativas.

La presidenta de la multisindical, Bárbara Figueroa, consideró que, si bien pretenden consensuar una política laboral más allá de la cifra, el reajuste a los salarios debiera considerar los mismos parámetros básicos que aportes fiscales como el Ingreso Familiar de Emergencia o el Ingreso Mínimo Garantizado.

En la pequeña y mediana empresa, el presidente de Conapyme, Germán Dastres, sostuvo que un reajuste más allá de lo que corresponde de acuerdo a la inflación estaría fuera de contexto, tomando en cuenta la situación crítica que atraviesan muchas empresas.

Por su parte, el economista e investigador de Libertad y Desarrollo, Felipe Berger, señaló que comparar aportes transitorios con permanentes no es un buen camino en un escenario de estrechez fiscal, y un ajuste de esa magnitud tendría efectos negativos en el empleo.

La discusión debería quedar zanjada la próxima semana, cuando el Ministerio de Hacienda de una respuesta al planteamiento de la CUT.

El salario mínimo actual de $319 mil está vigente hasta septiembre, por lo que antes de ese mes debe ser remitida una propuesta al Congreso.