La Asociación Gremial de Empresas Productoras de Entretenimiento y Cultura (Agepec) entró al debate de la controversia surgida alrededor de los tres conciertos de BTS en el Estadio Nacional, luego que el Instituto Nacional del Deporte (IND) no autorizara su realización.
En una declaración pública, el ente gremial manifestó su “seria preocupación por el anuncio realizado por la autoridad respecto de introducir ajustes a la normativa en la realización de eventos, estableciendo multas para aquellas productoras que vendan entradas sin contar con las autorizaciones correspondientes”.
El punto hace alusión a un planteamiento de la ministra del Deporte, Natalia Duco, quien el viernes recién pasado afirmó que los conciertos de BTS “nunca fueron autorizados”.
“No hubo contrato, reserva ni acto administrativo que autorizara el uso del coliseo central. La venta de entradas fue una decisión comercial adoptada por la productora, mientras la evaluación técnica seguía en curso”, dijo. “Los requisitos del Estadio Nacional no son nuevos ni improvisados, son las mismas reglas claras que conoce cualquier productora que solicita el recinto para proteger el patrimonio de todos los chilenos y el calendario deportivo del país”, agregó.
Desde el Gobierno, a su vez, confirmaron que presentarán un ajuste en la normativa de realización de eventos masivos, estableciendo multas para las productoras que comercialicen entradas sin contar con las autorizaciones correspondientes.
La respuesta de Agepec por shows de BTS en el Estadio Nacional
“Nos preocupa especialmente el sentido de este anuncio, porque transmite una mirada parcial sobre cómo funciona la industria de los espectáculos en vivo y vuelve a situar sobre las productoras la carga de una incertidumbre que, muchas veces, se origina precisamente en la falta de reglas claras, plazos ciertos, criterios homogéneos y coordinación oportuna entre las instituciones públicas involucradas”, señalan.
“En una industria cuya programación internacional se construye con 12, 18 o incluso más meses de anticipación, reducir la discusión a sanciones desconoce la complejidad de un sector que opera sobre la base de compromisos, calendarios globales, evaluación técnica de recintos y múltiples validaciones sucesivas”, detallan.
Según el organismo, “las productoras no anuncian ni ponen a la venta espectáculos de manera irresponsable. Lo hacen sobre la base de procesos extensos de negociación, contratación y coordinación con artistas, managers, recintos, operadores y autoridades. En los espectáculos de gran escala existe, además, un trabajo permanente con el Estadio Nacional y los otros recintos del país, cuyos equipos y autoridades conocen la lógica con que operan las giras internacionales y sus tiempos de programación”.
Para Agepec, no se trata de un problema de “improvisación”. “Cualquier modificación normativa debe partir por reconocer la realidad económica de esta actividad y la alta carga de costos, tributos, obligaciones y riesgos que ya asume el sector (…). A ello se suman costos crecientes vinculados a seguridad privada, externalidades municipales, accesibilidad, seguros, permisos, logística, personal, producción técnica y publicidad, además de nuevas exigencias legales, como la reserva de un 5% del aforo para personas mayores con descuento, una medida valiosa en términos de acceso e inclusión, pero cuya
implementación debe considerar criterios de sostenibilidad y viabilidad económica”.
El ente, a su vez, se refirió a la “ausencia de una política de infraestructura para espectáculos masivos”, un tema de larga data en la capital del país.
“La sobrecarga regulatoria que enfrenta el sector resulta desproporcionado. Más aún cuando, cada vez que un concierto se suspende o entra en conflicto por razones ajenas a las productoras —incluyendo cambios de criterio o contingencias en la administración de los recintos—, son precisamente las empresas organizadoras las que deben responder ante el público”, afirman.
“Chile no cuenta con infraestructura suficiente para espectáculos masivos de alta exigencia técnica, ni con un marco de uso de recintos públicos que entregue la estabilidad mínima que exige la programación internacional”, añaden.
De acuerdo a datos de Agepec y su Informe Anual 2025, la industria de espectáculos masivos moviliza entre 2 y 3 millones de asistentes al año (más que el fútbol profesional) y genera más de 160 mil puestos de trabajo a través de más de 800 pymes. Se estima que en 2024 el sector facturó $115.049 millones de pesos.
“Chile necesita planificación anticipada, infraestructura adecuada, procedimientos claros y una gestión responsable de sus recintos. Si el país quiere seguir formando parte del circuito internacional de grandes giras, no puede seguir enviando señales de incerteza regulatoria y fragilidad institucional”, añadieron.
Al cierre de la declaración, la asociación lanza una advertencia: “De persistir esta lógica, el riesgo es evidente: Chile dejará de ser una plaza competitiva para el concierto internacional. Y con ello no solo perderemos actividad económica, empleos, turismo y recaudación; también se verá afectada la proyección cultural del país y la posibilidad de fortalecer una verdadera diplomacia cultural”.
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