Las demandas por modificaciones estructurales al sistema educacional –organizado desde una lógica de mercado– han sido una constante en las movilizaciones sociales de las últimas décadas. Hoy, con la conformación y puesta en funcionamiento de la Convención Constituyente, se presenta la oportunidad de transformar el sistema educativo, estableciendo un nuevo marco respecto de la educación que queremos y para qué la queremos.
Actualmente, erigiéndose desde un rol de árbitro, un Estado Evaluador gestiona satelitalmente la acción educativa, en la cual establecimientos públicos, privados y particulares subvencionados compiten en un terreno marcado por la desigualdad estructural. Es un sistema donde las pruebas estandarizadas y los mecanismos de rendición de cuentas con altas consecuencias se imponen mientras se reducen las acciones pedagógicas y los espacios de construcción democrática al interior de las comunidades educativas.
Frente a una lógica amparada por la Constitución vigente –que prioriza la libertad de enseñanza, entendida como libertad de emprender, por sobre el derecho a la educación– el desafío es entonces dar un giro para desarrollar un nuevo proyecto a nivel país en el que la inclusión escolar y social sean requisitos que permitan como sociedad avanzar hacia la equidad.
¿Cómo fomentar un Estado que resguarde el derecho a la educación de todas y todos? A nuestro parecer el fortalecimiento del sistema educativo en Chile implica el reconocimiento y aseguramiento de las trayectorias educativas como pilar del sistema. Estas trayectorias deben ser orientadas y acompañadas por los diversos actores de las comunidades educativas teniendo como principios la incorporación de las necesidades territoriales, colectivas e individuales de los estudiantes.
Orientar el sistema educativo hacia el aseguramiento de trayectorias educativas desafía al Estado a asumir un rol protagónico y de co-responsabilidad respecto del resguardo del derecho a la educación, fortaleciendo la educación pública y estableciendo un marco común de principios en todo el sistema educativo. Entre ellos, asumir la democratización de los espacios, la complejidad del proceso educativo y la imposibilidad de lucrar en educación, como ejes que impidan la discriminación en cualquiera de sus formas.
Para promover un sistema educativo democrático y de mayor justicia y cohesión social se requiere desplazar la competencia dando paso a la convivencia y colaboración de todos los actores, cambiar el foco desde los resultados de aprendizaje hacia un trabajo participativo, centrado en el acompañamiento desde las diferencias de los estudiantes. Dar un giro para garantizar en la nueva Constitución el acceso, la permanencia, la progresión, participación, y los aprendizajes de todas y todos a lo largo de la vida.
Comisión Propuesta Constituyente
Centro de Investigación para la Educación Inclusiva
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