Un general del Ejército mexicano fue condenado a 52 años y seis meses de prisión por ordenar la electrocución de un sospechoso y la incineración de su cadáver, informó el jueves el Poder Judicial, en medio de una serie de escándalos de tortura en México.
El militar, cuyo nombre no fue revelado oficialmente, se desempeñaba como comandante de una compañía de Infantería destacada en Chihuahua, un estado del norte fronterizo con Estados Unidos, y ordenó el arresto de la víctima el 25 de julio de 2008.
Una vez en las instalaciones castrenses, varios soldados le “ataron y mojaron para aplicarle descargas de energía eléctrica en el cuerpo, con el propósito de obtener información respecto de la muerte de un militar”, indica un comunicado del Consejo de la Judicatura Federal.
La sesión de tortura causó la muerte de la víctima pese a los primeros auxilios que le fueron proporcionados, aparentemente por fibrilación ventricular y paro cardiorrespiratorio.
“Después, por órdenes directas del sentenciado”, el cadáver de la víctima fue transportado a un rancho en el que “fue incinerado de manera clandestina”, añadió el parte.
El general, que según varios medios locales se llama Manuel Moreno Avina, fue hallado “penalmente responsable de los delitos de tortura, homicidio calificado y violación a las leyes de inhumación, en la modalidad de destrucción de cadáver”.
Además de la condena carcelaria, la secretaría de Defensa Nacional deberá ofrecer una disculpa pública por el caso, aceptar su responsabilidad y restablecer la reputación de la víctima en los medios de comunicación. También deberán pagarse cerca de 14.500 dólares a los deudos de la víctima.
Esta condena es considerada por la opinión pública como un “hecho histórico”, por tratarse de un militar de alto rango.
El Estado mexicano lanzó en 2006 una lucha frontal de sus fuerzas federales contra la delincuencia organizada que, aunada a las pugnas entre cárteles, ha dejado más de 25.000 desaparecidos y 80.000 muertos.
En 2014, la ONU denunció una situación “generalizada” de tortura por parte de militares y policías en un ambiente de “impunidad” en México, donde recientemente han estallado varios escándalos al respecto.
En el emblemático caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa (sur), la fiscalía general, el ombudsman y el grupo de expertos independientes enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han apuntado supuestos casos de tortura contra los detenidos por el crimen.
