La Cámara de Comercio de Santiago (CCS), representada por su presidente, Peter Hill, planteó ante la Comisión de Economía del Senado los reparos de la Institución sobre el Proyecto de Ley que Regula el Cobro de Estacionamientos en centros comerciales y otros establecimientos.

La Institución gremial planteó 7 puntos:

- Preocupación ante el precedente jurídico y político que este proyecto puede generar si se aprueba.

- No es efectivo que el proyecto favorezca a los consumidores clientes de centros comerciales.

- Discriminación al sector privado, ya que no se aplican las mismas reglas a los estacionamientos públicos o de propiedad fiscal.

- El proyecto apunta en un sentido exactamente contrario a lo que aconsejó la Comisión Asesora Presidencial sobre Movilidad Urbana.

- En caso de aprobarse, el proyecto representará un grave daño para la estabilidad económica, la confianza y la imagen de país serio que ostenta Chile, que respeta a las reglas del juego.

- El proyecto propone una política pública que no mide los efectos que ésta generará. En este sentido es similar al diseño del Transantiago.

- La opinión unánime y transversal de los especialistas más reputados del país es que este proyecto es negativo y afecta garantías constitucionales.

Respecto al precedente jurídico y político que este proyecto puede generar si se aprueba, la el dirigente gremial afirmó que vulnera un elemento esencial del sistema de libertad de precios que está establecido en el Orden Publico Económico vigente en nuestro país.

“Con un procedimiento rebuscado y burocrático, lo que el proyecto establece es obligar a que personas o empresas privadas que confiaron en la estabilidad de las reglas del juego del país e invirtieron ingentes recursos en una actividad lícita, deberán ahora soportar una obligación de gratuidad establecida por una ley dictada con posterioridad a la realización de la referida inversión”, sostuvo.

La Peter Hill afirmó que “no es efectivo que el proyecto favorezca a los consumidores clientes de centros comerciales, ya que si se establece una gratuidad total, de media hora y se le suma una gratuidad parcial de dos horas adicionales con la condición de exhibir una boleta de consumo, el mensaje que se envía al público en general -y a todos los automovilistas- es que tendrán estacionamiento disponible a un precio menor al de mercado por dos horas y media, bastando para ello exhibir una boleta por un consumo inferior al valor de mercado del estacionamiento”.

“Esto generará un uso intensivo de los estacionamientos de los Centros Comerciales como estacionamientos de uso general a un precio más bajo. Cuando concurran los verdaderos clientes de los establecimientos comerciales no habrá plazas disponibles y, lejos de beneficiarse los consumidores, este proyecto los perjudica gravemente”, añadió.

La CCS afirmó que los centros comerciales se verán forzados a transmitir ese mayor cost a precios a cobrar a sus clientes, lo que se traducirá en que el costo del estacionamiento se trasladará desde los usuarios automovilistas a los consumidores.

El tercer planteamiento de la CCS dice relación con la discriminación hacia el sector privado, dado que no se aplica el mismo principio al sector público.

Asimismo, la Hill señaló que discrimina a los comercios de menor tamaño, ya que están ubicados en avenidas y calles cuyos clientes deben pagar (parquímetros) por estacionar en algún sitio cercano a esos locales comerciales.

Para la CCS el proyecto apunta en un sentido exactamente contrario de lo que aconsejó la Comisión Asesora Presidencial sobre Movilidad Urbana, que recomienda restringir el uso del automóvil y privilegiar el transporte público.

Finalmente, el presidente de la CCS advirtió, que de aprobarse, este proyecto representará un grave daño para la estabilidad económica, la confianza y la imagen de país serio que ostenta Chile, que respeta a las reglas del juego. Asimismo, advirtió que el proyecto propone una política pública que no mide los efectos que generará, tal como ocurrió con el diseño del Transantiago.