El gobierno de Ecuador abandonó la posibilidad de disolver el Congreso y llamar a elecciones generales, debido a la rebelión policial del jueves que denunció como un intento de golpe de Estado, dijo este domingo la ministra de la Política, Doris Solís.
La funcionaria había dicho el miércoles, tras reunirse con el presidente Rafael Correa, que el gobierno consideraba esa alternativa, luego de que su bloque legislativo aprobó sólo en forma parcial una ley para recortar la burocracia que dio origen a la insurrección policial.
Pero este domingo Solís manifestó que la llamada muerte cruzada “por el momento no está en análisis, puesto que el escenario llama al mayor fortalecimiento de la institucionalidad democrática y ello debe implicar una mejor coordinación de objetivos estratégicos con la Asamblea” Legislativa.
“Confiamos en que esta será la reflexión y el compromiso de la mayoría de fuerzas políticas de esta función del Estado”, señaló la ministra, según un despacho de su cartera.
Correa se molestó con su propia bancada porque si bien la ley que promovía su gobierno resultó finalmente aprobada, no lo fue en su totalidad, al ser eliminada la posibilidad de que el Ejecutivo negocie retiros voluntarios.
La muerte cruzada es un mecanismo constitucional que faculta al presidente para disolver el Congreso y convocar a elecciones generales en caso de que los legisladores obstruyan la ejecución del plan de desarrollo, grave crisis política o conmoción interna.
Centenas de policías se rebelaron para exigir la derogatoria de la ley que entre otros puntos eliminó bonificaciones para ellos y los militares, llegando a cercar a Correa en un hospital donde se refugió tras ser agredido cuando intentaba aplacar la protesta en el principal regimiento de Quito.
El mandatario socialista, en el poder desde 2007 y que termina su mandato en 2013, fue rescatado en medio de un intenso tiroteo entre los insurrectos y militares y policías leales al gobierno.
