Con 39 votos a favor, cuatro en contra y una abstención se aprobó el informe de la Comisión Investigadora de Cárceles Concesionadas de la Cámara de Diputados, que responsabiliza al gobierno de Ricardo Lagos por los problemas en la puesta en marcha del sistema.

El documento dice que luego de obtener las declaraciones de los ex ministros Jaime Estévez y Eduardo Bitrán, se concluyó que la implementación del proceso de concesiones carcelarias obedeció a lógicas poco técnicas.

Esto fue corroborado por la Contraloría que, además, planteó la omisión de auditorias y controles internos.

El diputado de la UDI, Javier Hernández, señaló que se pagaron más de 100 mil millones de pesos en costos extras, lo que amerita que asuman su responsabilidad política los ministros de Obras Públicas de la época, el Ministerio de Justicia y, particularmente, el ex presidente Ricardo Lagos.

El diputado radical, Carlos Abel Jarpa, en tanto, reconoció que hubo perjuicio en contra de las pequeñas y medianas empresas; sin embargo, no atribuye responsabilidad a los ministerios, ya que según él, es un problema del sistema de concesiones.

Por último, el informe consignó gran parte de las responsabilidad a los inspectores fiscalizadores, quienes paradojalmente no tienen la calidad de funcionarios públicos, por lo cual su responsabilidad sólo es perseguible desde el punto de vista civil.