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Abogados lamentaron decisión del SII de cerrar investigaciones sin querellas

ARCHIVO | Agencia UNO
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El Servicio de Impuestos Internos tomó la decisión de cerrar sin querellas las investigaciones por pagos a políticos, optando -tal como lo adelantamos en 2016 en Radio Bío Bío- de llevar a las empresas que entregaron platas a través de boletas o facturas “ideológicamente falsas” a los Tribunales Tributario y Aduanero (TTA), respectivamente. Decisión del organismo estatal que ata de manos al Ministerio Público para poder llegar a la verdad de lo ocurrido en las últimas campañas presidenciales parlamentarias del 2013, ya que el SII tiene el monopolio de la acción penal.

Era la crónica de una muerte anunciada. Así lo habían advertido medios como Radio Bío Bío, fiscales y expertos en derecho tributario, respecto a la posibilidad que el Servicio de Impuestos Internos decidiera optar por la vía pecuniaria y no penal en contra de las empresas involucradas en el financiamiento irregular de la política.

Análisis que este domingo el área de Reportajes de La Tercera terminó por confirmar, asegurando que el organismo multará a las empresas indagadas y éstas podrán responder a través del TTA, por lo que no llegará a la justicia penal, o sea, a manos del Ministerio Público, específicamente de los fiscales que indagan estos casos.

Pero la primera señal la habían dado en 2016, cuando la entidad dejó de presentar querellas contra los involucrados de extender boletas ideológicamente falsas o empresas que aparecían dentro de su contabilidad entregando recursos para campañas de políticos tanto de Chile Vamos como de la Nueva Mayoría.

Recordemos que el SII es dirigido de forma directa por el Presidente de la República, que es el responsable de designarlo. En el caso de Michelle Bachelet, durante su actual administración se nombró a Michel Jorrat, hombre que trabajó en su comando presidencial y que tuvo que salir en medio de cuestionamientos, nombrando en su reemplazo a Fernando Barraza quien se mantiene en el cargo actualmente.

De hecho, la última acción que presentó el organismo que dirige Barraza data de mayo del año pasado y fue contra los hijos del senador DC Jorge Pizarro en el caso SQM, acciones que ya tenían una diferencia de las presentadas en 2015, y que no eran abiertas, debido a que no se incluían “contra quienes resulten responsables”.

En Caso Penta la señal fue a fines de 2015 cuando presentó la última acción y que recayó contra Laurence Golborne.

Con esa decisión, que evidentemente cambió la forma de proceder de la entidad que, sin embargo, cierra locales de microempresarios por no entregar boletas de 3 mil pesos, se selló lo que varios advertían: el fin de las investigaciones relacionadas con uno de los peores escándalos desde el regreso a la democracia.

Este domingo través de su cuenta de Twitter, el fiscal jefe de Alta Complejidad Oriente, Carlos Gajardo, criticó la decisión del director de Impuestos Internos. “El fraude fiscal es un delito muy grave que debe ser de acción pública. Igual que colusión y delitos electorales. Inaceptable que no lo sean”, tuiteó.

Gajardo ya el año pasado también había advertido lo mismo al hacer un llamado al Poder Legislativo para cambiar el monopolio de la acción penal en casos tributarios.

No obstante, el persecutor no fue el único en hacer evidente su rechazo. Quienes también se sumaron a los críticas, fueron los abogados querellantes de las causas involucradas.

El abogado de Ciudadano Inteligente, Mauricio Daza, aseguró que pese a la decisión del Servicio de Impuestos Internos, indicó que la Fiscalía debería seguir adelante con la investigación para, al menos, conocer la verdad.

Mientras, el abogado querellante del Partido Socialista en el Caso Penta, Enrique Aldunate, precisó que esta atribución ha sido un tema de debate desde hace bastante tiempo, sobre todo pensando en las investigaciones que no se podrían llevar a cabo sin una denuncia.

Aldunate aclaró que al menos la mayoría de las investigaciones del Caso Penta, ya procedieron las denuncias que posibilitaron el avance de la investigación.

Quién fue aún más claro sobre lo que podría haber detrás de esta decisión del organismo, fue el diputado comunista y querellante en el caso SQM, Hugo Gutiérrez, el cual no dudó en señalar que el actual escenario se produjo por una decisión política, responsabilizando directamente al ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés.

El abogado penalista, Thomas Letonja, en tanto, recordó que la decisión del Servicio de Impuestos Internos fue simplemente tomar el camino que el Congreso le entregó en la ley, algo que, más allá de las declaraciones, ya no se puede cambiar.

No obstante, en materia legislativa se han presentado dos proyectos o mociones parlamentarias que buscaron terminar con el monopolio o exclusividad de la acción penal del Servicio de Impuestos Internos para que sean de acción pública.

La primera corresponde a una iniciativa del diputado PPD, Jorge Tarud, que no alcanzó a ver la luz ya que la comisión de Hacienda la rechazó, y solamente el diputado independiente Pepe Auth la aprobó. La segunda es del diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, la cual -tal como lo reconoció- “duerme” en un cajón del Congreso.

Así las cosas, la decisión del Servicio de Impuestos Internos podría determinar el fin de las aristas abiertas que han dejado los casos SQM y Penta, que esperan un pronunciamiento del organismo fiscalizador.

En tanto empresas como BCI, Eccsa Ripley, Copec, Inversiones Siemel, Abastible, Watt’s, Forestal y Celulosa Arauco, CorpBanca, Inversiones Caburga e Inversiones Newport, entre otras, que se autodenunciaron, comenzaron a ser notificadas en los últimos días para que se acerquen en un plazo de 2 semanas o 10 días hábiles hasta el Tribunal Tributario Aduanero respectivo para que zanjen el tema. Lo que se grafica como un respiro evidente para estas corporaciones.

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