Las agrupaciones de derechos humanos de la región de Valparaíso recibieron con preocupación la información de que el Ejército pretende vender los terrenos donde se encontraban las denominadas “Cabañas Populares” en el balneario Rocas de Santo Domingo.

La presidenta de la Fundación por la Memoria de San Antonio, Ana Becerra, explicó que recién la semana pasada se conoció en los círculos administrativos gubernamentales que la institución uniformada estaba solicitando las autorizaciones respectivas para poner a la venta los terrenos ubicados en ese sector.

Becerra afirmó que esos lugares fueron declarados como sitios de resguardo de la memoria, por el profundo contenido histórico que representaron en la época de la dictadura.

En 1970 el presidente Salvador Allende, dentro de su programa de gobierno conocido como las 40 medidas, incorporó la que se conoce como la medida 29, que consistía en la creación de campos deportivos y turismo popular para todo el país.

Según recogen los historiadores de la época, los trabajadores afiliados a la Central Única de Trabajadores (CUT) fueron los principales beneficiados de estas medidas. A finales de 1971 ya se habían creado 16 balnearios en todo Chile.

Ana Becerra relató que tras el Golpe Militar de 1973, las cabañas pasaron a manos de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), sirviendo como primer centro de formación de agentes de esa organización. La dirigenta sostuvo que se encuentra acreditado judicialmente que ahí dictaron “clases de tortura” Manuel Contreras, Miguel Krassnoff y Cristián Labbé, entre otros.

Agregó que luego funcionaron como cuartel y centro de detención y tortura, y después se habilitaron como centro recreacional y vacacional para los agentes de la DINA y sus familias, pasando posteriormente a manos de la Central Nacional de Informaciones (CNI).

Según los antecedentes que recopiló la Fundación por la Memoria de San Antonio, a partir de 1990, la CNI transfirió las cabañas al Ejército, institución que mantuvo el balneario bajo su patrimonio, pero sin utilizarlo.

Luego con la Resolución Nº 325 del 26 de Mayo de 1993, el Ejército asignó la propiedad al Patrimonio de Afectación Fiscal, del Comando de Apoyo Administrativo del Ejército.

Becerra sostuvo que con este mecanismo el Ejército habría logrado legitimar esa propiedad a fin de poder comercializarla con posterioridad. Lo que se conoció la semana pasada.

Sin embargo, Nelson Aramburú -presidente de la agrupación de ex presos políticos de la región de Valparaíso- afirmó que no fue hasta la publicación del libro El Despertar de los cuervos de Javier Rebolledo en 2012, que se conoció la historia de otro de estos centros, el de Rocas de Santo Domingo.

Además, Aramburú indicó que el recinto fue demolido por el Ejército y con la venia del municipio en 2013.

A pesar de que la Fundación por la Memoria logró en noviembre de 2013 que el lugar fuera declarado por el Consejo de Monumentos Nacionales como Sitio de Memoria Histórica, Becerra aseguró que ya era tarde, porque si habían evidencias o vestigios de los hechos, esto desapareció cuando se demolieron las cabañas.

De acuerdo a Becerra, la información que se ha logrado obtener es que con el objeto de conseguir fondos para construir una villa institucional en Punta Arenas, el Ejército pretende vender el paño completo de terreno, incluyendo el lugar declarado como Sitio de Memoria Histórica, lo que a través de diversas gestiones buscan revertir.

Nelson Aramburú detalló que esta situación no sólo se vivió en Santo Domingo, sino que se replicó en otros lugares como Puchuncaví y Ritoque.

En los próximos días la Fundación por la Memoria San Antonio se reunirá nuevamente con integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y pretenden incluso llegar al ministro de Defensa, para solicitar que este sitio de Memoria Histórica sea devuelto a manos del Estado para asegurar su conservación.

Se debe consignar que a nivel regional -según explicaron las agrupaciones consultadas- se está actualizando el catastro de bienes inmuebles, terrenos o recintos que fueron utilizados como centros de tortura para que también sean declarados Sitios de Memoria Histórica, con el fin de mantener viva la memoria de quienes fueron víctimas de las violaciones a los derechos humanos.