El secretario ejecutivo del Consejo de Defensa de la Patagonia (CDP) y director ejecutivo de Chileambiente, Patricio Rodrigo, consideran que lamentar el retraso y costo económico de implementar mega proyectos como HidroAysén, Castilla o Alto Maipo son “una muestra más de la campaña (del Gobierno) a favor de proyectos inviables ambientalmente y altamente resistidos por la ciudadanía”.

El dirigente explicó que “es insólito que la administración de Sebastián Piñera gaste recursos para evaluar monetariamente el atraso de proyectos, pero no destine un solo peso para valorizar los otros perjuicios también económicos que esas iniciativas, particularmente HidroAysén, representan para todos los chilenos”.

Recordó que en el caso de las represas en la Patagonia hay involucrada pérdida de valor comercial de los predios afectados, pérdida de empleos, daño a la marca de productos de ganadería orgánica y gigantescos perjuicios relacionados con el valor del paisaje, el turismo, entre otros aspectos.

Rodrigo citó como ejemplo el estudio de la Universidad de Chile, donde se estableció que la construcción del proyecto significaría pérdidas de 40 millones de dólares anuales durante el proceso de construcción, y más de 4000 empleos permanente si se llegan a materializar las represas. “Y ese costo tendrían que asumirlo los empresarios turísticos de Aysén” explicó.

Ante estas cifras, el dirigente expresó que si el gobierno “basa sus decisiones sólo en cálculos económicos, que haga la ecuación completa y no sólo la que favorece a estos megaproyectos, que incorpore todos los costos, los privados y públicos, y damos por sentado que la rentabilidad social será negativa”.

Por su parte, el coordinador internacional del CDP y presidente de Ecosistemas, Juan Pablo Orrego, indicó que “se deben considerar también los costos de no haber implementado las energías renovables no convencionales, como ha sugerido la Agencia Internacional de Energía, que hoy los está pagando la ciudadanía en las llamadas ‘zonas de sacrificio’, sin embargo, de esto no se hace cargo el gobierno”.

El coordinador de la Coalición Ciudadana Aysén Reserva de Vida y director de la filial Aysén de Codeff, Peter Hartmann, apuntó que “es obvio cuál es la mirada e intención del gobierno. Los estudios para ‘descubrir’ el tremendo potencial en eficiencia y ahorro energética, y ERNC los hemos tenido que realizar los ciudadanos, sin un solo peso del Estado, mientras el ministerio de Energía, con plata de todos los chilenos, se suma a la campaña comunicacional de HidroAysén y los proyectos que casi nadie en Chile quiere, con excepción de quienes son parte del negocio”.

El dirigente agregó que “asimismo la Universidad de Concepción realizó un estudio que sólo valorizando dos de los paisajes eventualmente afectados, se generaría una pérdida de unos 210 millones de dólares, perjuicio económico que HidroAysen no tendría cómo resarcir”.

Para concluir, los dirigentes expresaron que existen variables sociales, políticas y estratégicas que no se basan en la rentabilidad económica, y en las cuales este mega proyecto tampoco es positivo para el país.