En la situación inédita de prácticamente haber perdido 1 año de estudios se encuentra la mayoría de los planteles de educación pública escolar y universitaria, debido a un conflicto cuyas posibilidades de solución aún no están del todo claras.

Y es que mientras todo el país coincide en sus objetivos -educación de acceso igualitario y de calidad- la forma de llegar no sólo es incierta, sino que también ha sido víctima del aprovechamiento político y la hipocresía de los años anteriores.

¿Cuánta culpa tienen en este conflicto la Alianza oficialista pero también la Concertación? ¿Cuán culpables son los propietarios de establecimientos educacionales, los profesores o los propios estudiantes? ¿Bastará un cambio legislativo o incluso constitucional para resolver este problema?

El comentario es de Tomás Mosciatti: