La mayor parte de la ciudadanía está de acuerdo en que Chile debiera reemplazar su constitución por otra plenamente democrática que dé garantías de justicia, paz, orden, seguridad y progreso económico. Ese ha sido, por lo demás, el compromiso de casi todos los partidos políticos post Rechazo. Sin embargo las fuerzas políticas disputan acerca de la legitimidad democrática de una nueva convención. Algunos sostienen que este nuevo órgano, debiera ser ciento por ciento elegido directamente por el pueblo elector; otros sostienen que sería más eficiente, y daría mayores garantías de éxito, una convención mixta. Hecho un breve análisis se explica en esta columna porqué la segunda opción parece ser más oportuna y adecuada, sin que ello implique lesión alguna a la legitimidad democrática.
La disputa entre el oficialismo y la oposición respecto de la modalidad de elección o selección de los nuevos constituyentes que conformarán, eventualmente, la nueva asamblea constituyente ( o como se llame), puede reducirse en definitiva al problema de la legitimidad democrática. La cuestión que parece ser la piedra de toque es la de determinar si el Congreso nacional posee o no le legitimidad suficiente para nominar directamente al menos a parte de los futuros integrantes de la eventual nueva asamblea constituyente.
Para comprender adecuadamente esta disputa, conviene distinguir tres factores políticos que inciden en la decisión final. Estos serían los siguientes: 1. Legitimidad democrática de los medios y procedimientos, 2. Legitimidad democrática de resultados y, 3. La circunstancia política que vive el país.
Comencemos por esta última. La “circunstancia” se refiere a lo que el constitucionalista estadounidense Bruce Ackerman llama “momento constitucional”. Se trata de una situación temporal en la que las fuerzas políticas, la ciudadanía y las autoridades de un país, están intensamente comprometidos e interesados en generar un cambio constitucional o, al menos, reformas profundas a la constitución. El tema se presenta como una preocupación central de la ciudadanía y es motivo de análisis y debate general en las esferas pública y privada. Parece innegable que en el período comprendido entre el estallido social y la decisión popular de Rechazo del proyecto propuesto por la Convención constitucional, Chile vivió un momento constitucional amplio e intenso. Sin embargo, como suele ocurrir con los fenómenos sociales y políticos, este acontecimiento ha venido perdiendo interés en el pueblo chileno al punto que hoy por hoy no constituye una preocupación central y urgente de la población. El tema constitucional ha sido claramente desplazado por otros problemas sociales y económicos que inquietan gravemente a la población. El asunto constitucional hoy es sostenido y revivido fundamentalmente por las fuerzas políticas en pugna, pero no, francamente, por el grueso de la ciudadanía.
Legitimidad de los medios y procedimientos
Una mínima reflexión de cualquier ciudadano dejaría claramente a la vista que cada vez que un agente político o moral se compromete con una tarea y un objetivo de interés general, no puede considerar solamente la bondad o legitimidad del fin perseguido, sino también la bondad y legitimidad de los medios programados para conseguirlo. Todo el mundo admite el principio originado en la filosofía política renacentista conforme al cual el fin no justifica de por sí los medios. Este principio vale también en esta circunstancia en la que se aspira a dotar a Chile de una nueva constitución justa, amplia e inclusiva que es un fin político democráticamente legítimo y justo. Y es precisamente en este punto que surge un verdadero conflicto que puede exponerse aproximadamente así: habida consideración de las circunstancias (políticas, económicas, de seguridad pública, etc.) por las que transita el país, cabe preguntarse si el Congreso nacional goza de la suficiente legitimidad democrática como para imponer un curso de acción ( naturalmente de manera racional y razonable) destinado a seleccionar y nombrar al menos a parte de los eventuales nuevos constituyentes que conformarán la segunda Convención constitucional.
En general el oficialismo afirma que no. Pero ¿por qué no? Para apoyar esta negativa se esgrimen diversas razones dignas de consideración; entre otras las siguientes. Se afirma que el verdadero poder constituyente no estaría radicado en el Congreso por mucho que la Constitución vigente así lo declare. Después de todo, se argumenta, es precisamente esa constitución la que está cuestionada en virtud de su origen y, por consiguiente, por su supuesta carencia de legitimidad democrática. Sólo el pueblo es el legítimo y único depositario de la soberanía y, por tanto, solo él puede decidir, mediante un proceso eleccionario libre e informado, quienes formarán parte de esa eventual nueva Convención. Además de esto, se sostiene que el sentir popular descree y desconfía de la política y de los políticos, incluidos los miembros del Congreso nacional. Hace ya años que la opinión pública reflejada en una retahíla de encuestas, declara que no confía en la política ni en el Congreso como genuinos y fieles representantes de los intereses de la población.
Pero, desde la otra vereda, como se dice, otras fuerzas políticas y ciudadanas, también ampliamente representativas, rechazan total o parcialmente toda esta argumentación y, como se verá, no carecen de buenos argumentos. Veamos. Desde luego se reconoce que la soberanía reside en el pueblo. Eso está claro. Sin embargo el pueblo chileno hace ya mucho tiempo que no está privado de su sagrado derecho a expresarse con total libertad y a tomar sus decisiones políticas de manera soberana y democrática.
Desde el retorna a la democracia, e incluso bajo el orden constitucional legado por el gobierno militar, se han realizado puntual y religiosamente todas y cada una de las elecciones de las autoridades públicas programadas por la Constitución y las leyes democráticas. Nadie nunca en este largo tiempo se ha quejado en Chile de fraudes electorales, asonadas o subterfugios para torcer la voluntad popular expresada en las urnas. Y el actual Congreso, como los anteriores, ha sido elegido en plenitud por el pueblo. En los procesos eleccionarios todas las fuerzas políticas han accedido a exponer en los medios y en las redes sociales, sus propuestas políticas sin cortapisas de ninguna especie como lo atestigua el país entero y se reconoce ampliamente en el mundo internacional. ¿No es esta acaso legitimidad democrática? Claro que lo es; no hay duda alguna. Por eso llama la atención el pesado complejo de ilegitimidad que hace suyo el propio Congreso y que contribuye de ese modo a devaluarse a sí mismo, asumiendo indirecta e inconscientemente quizás que de algún modo su legitimidad democrática está afectada. Tal vez, debido al poco aprecio de la ciudadanía ( si hemos de creer a las encuestas), el Congreso se martiriza a sí mismo y duda de ser realmente legítimo y, por tanto, de hacer uso de la potestad constitucional que lo autorizaría, como en este caso, para elegir y nombrar expertos que junto a convencionales universalmente elegidos, pudieran contribuir podrosamente a hacer una legítima, buena y sólida constitución.
Ahora bien, para enfrentar esta difícil pero necesaria tarea, hay que tener también la valentía y honestidad moral y política para reconocer que aun en condiciones ideales el pueblo también puede equivocarse a veces al tomar sus decisiones. Toda obra humana es falible ( no somos dioses) y la voluntad general puede extraviarse, aunque, como comenta Rousseau, cuando esto ocurre el pueblo al advertir su error, en cuanto puede se corrige. Un caso típico lo ha constituido el Rechazo aprobado por la ciudadanía en el reciente plebiscito de salida. La opinión política del pueblo es de suyo dinámica. Continuamente va tomando el pulso al comportamiento de sus autoridades unipersonales y a sus instituciones colegiadas. Si no fuera así, no se explicaría por qué un presidente de la república, por ejemplo, que ha sido elegido con una amplia mayoría, comienza a devaluarse y termina con un apoyo muy disminuido del mismo elector que un su día le confío su voto democrático. Así pues la decisión democrática entraña también cierta fragilidad, pero así y todo no hay en política mayor legitimidad que la otorgada por el voto popular. Y es fuerza admitir que nuestros senadores y diputados han sido elegidos con todas las de la ley, convirtiéndose por lo mismo en auténticos representantes de la voluntad ciudadana. Todo lo cual no debiera impedir, sin embargo, que el Congreso inicie un proceso político para recuperar la confianza de la ciudadanía, asunto de la mayor trascendencia para la estabilidad democrática de país, pero que no es materia que se pueda discutir aquí y ahora.
Por estas y otras razones de peso en las que no se puede entrar en un artículo como este , no hay nada de antidemocrático, autoritario o lesivo para los intereses populares en la posible decisión del Congreso en orden a nominar al menos una parte de los futuros convencionales que tendrán la delicada misión de presentarle, en esta segunda ocasión, un buen proyecto constitucional al pueblo de Chile para que este tome la decisión final. Tal acuerdo del Congreso gozaría de plena legitimidad. Cosa muy distinta sería que una camarilla de autócratas en el poder, nombraran un grupo de personas expertas en temas políticos y constitucionales para elaborar una constitución, aunque se disponga que esta sea sometida finalmente mediante referéndum a la aprobación o rechazo de la ciudadanía. No bastaría en este hipotético caso con la legitimidad de resultados, porque también es condición necesaria que los medios y procedimientos empleados tengan un origen y una sanción democrática. Y esta condición se cumpliría en el caso que el Congreso decidiera que todos los miembros de la Convención sean elegidos por el pueblo o que una parte importante de ellos lo sean seleccionados conforme a las reglas jurídicas en vigor.
Esta segunda opción parece ser, considerando las circunstancias de las que hemos hablado, más razonable y propicia si se quiere evitar volver a caer en las debilidades y excesos que implicó el primer intento constitucional y que es de todos conocido. Se ha dicho, y es verdad, que el ser humano es el único animal que repite sus errores. Si el procedimiento vuelve a revivir más o menos los mismos patrones que dieron origen a la primera Convención, no es aventurado suponer que es posible incurrir en los mismos o parecidos errores. Por eso el hecho de introducir expertos ( y debiera entenderse por tales, no sólo constitucionalistas, sino también políticos de nota, personalidades y académicos de diversas especialidades sociales, al modo de los redactores de la constitución de estados Unidos) en la futura Convención que puedan trabajar codo a codo con los convencionales elegidos directamente por el pueblo, representa una oportunidad de gran valor si se quiere llegar finalmente a esa constitución equilibrada, moderna y justa a la que aspira la nación chilena.
La mejor salida al problema disputado
Una buena solución consiste en adoptar frente al problema un “platonismo aristotélico”. Platón y Aristóteles son, tal vez, los dos más grandes pensadores que ha tenido la humanidad. Platón sostuvo en su mayor obra política, la República, que no llegaría a estar bien gobernado el Estado mientras los filósofos no se hagan gobernantes o los gobernantes se hagan filósofos.
“Filósofo” significa para este pensador y en este contexto “ciudadanos (nas) justos, sabios, honestos y bien instruidos en los asuntos públicos”. Su gran discípulo, Aristóteles, sin contradecir a su maestro, afirmó que si la deliberación política de los “filósofos”,se complementaba y ampliaba al pueblo, sería aún mejor. Así el pueblo sería orientado y obligado a reflexionar en profundidad respecto de los asuntos del Estado que mayormente le incumben, mientras los “filósofos” enriquecerían su visión con el conocimiento y la sabiduría popular que también es de la esencia de la política.
¿Qué de malo tendría entonces, contra la democracia y la soberanía popular, en nuestro caso concreto, que una convención mixta se hiciera cargo de redactar un nuevo proyecto constitucional? Nada, en absoluto; muy por el contrario, sería una garantía solvente de éxito y general satisfacción política.
