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La presentación del proyecto de Ley de Presupuesto 2027 por parte de la administración del presidente José Antonio Kast marca un punto de inflexión en la política fiscal chilena, proponiendo un crecimiento del gasto público de apenas 1,5% con el argumento de acelerar la inversión de manera fiscalmente responsable.
Bajo esta premisa de consolidación y mediante revisiones técnicas lideradas por la Dirección de Presupuestos y el Ministerio de Hacienda, el Ejecutivo avanzó en la descontinuación, reestructuración y fusión de un universo de veinticinco programas sociales para integrarlos en solo nueve líneas de acción.
En esta profunda reorganización, el sector educacional resulta ser uno de los más impactados. La propuesta presupuestaria afecta directamente a iniciativas históricas como el Fondo de Apoyo a la Educación Pública, el Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior, la Beca Distinción a las Trayectorias Educativas y diversos planes de fomento a la lectura y escritura.
Sin embargo, la medida que más revuelo genera es la descontinuación del programa “Yo Elijo mi PC”, una herramienta clave gestionada por la Junaeb para garantizar el acceso a equipos computacionales a estudiantes de sectores vulnerables.
Para entender por qué esto es un problema no se requiere un posgrado en economía; basta con observar cómo opera la economía en la escala más básica y cotidiana, un hogar. En una familia que atraviesa por un periodo de dificultad económica, la revisión del presupuesto se hace con sentido común y visión de futuro. Si hay que apretarse el cinturón, los padres recortan los gastos superfluos, el entretenimiento o las suscripciones de entretenimiento, pero bajo ninguna circunstancia le empeñan el computador o le suspenden los libros de estudio al hijo que se está preparando para entrar a la universidad.
La familia sabe que esa computadora no es un lujo ni un gasto corriente, sino una inversión estratégica esencial para que el joven se capacite, trabaje y, el día de mañana, aporte con mejores ingresos al bienestar del hogar. Entonces si el Estado opera de forma inversa (eliminando las herramientas formativas de los más jóvenes para justificar el ahorro del mes) no está administrando con prudencia, sino comprometiendo el desarrollo futuro de la comunidad a su cargo.
En estos tiempos que transcurren donde la economía global avanza al ritmo de la inteligencia artificial, a la automatización y la tecnología, la alfabetización digital deja de ser un privilegio, para transformarse en la condición mínima para no quedar excluido de la sociedad.
Por esto, resulta incomprensible recortar precisamente el apoyo que busca acortar la brecha digital en la educación pública. Quitarle un computador a un niño de escasos recursos no es un simple ajuste de caja, sino una zancadilla a sus posibilidades de competir en un entorno profesional cada día más exigente. Al hacerlo, el Estado termina traspasándole la cuenta del ajuste fiscal a los sectores más vulnerables, pues ellos tienen menos capacidad de defenderse.
Esta paradoja me trae a la memoria una advertencia de Proverbios 22:6 “Dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores, no lo abandonaran”. La formación temprana determina la trayectoria de la vida del ser humano. Al negar a las nuevas generaciones el acceso a los entornos tecnológicos y digitales desde la etapa escolar, el Estado no solo interrumpe su proceso formativo actual, sino que condiciona negativamente sus oportunidades futuras, condenándolos a la precariedad laboral y limitando el desarrollo estructural del nuestro país.
La controversia se profundiza al mirar quien lidera este diseño presupuestario, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. En su extensa trayectoria en el sector privado incluye roles protagónicos en casos emblemáticos de colusión. Durante el juicio por la fijación de precios en el mercado de los medicamentos, Quiroz actuó como perito de Salcobrand afirmando ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que no existían indicios de coordinación ilícita. Asimismo, investigaciones del caso de la colusión de los pollos revelaron que su consultora elaboró el esquema técnico de cuotas de producción utilizado por las avícolas para repartirse el mercado.
Aunque es indiscutible la necesidad de revisar el correcto uso de los caudales públicos y corregir ineficiencias en el Estado, como ciudadanía deberíamos exigir cierta solvencia y autoridad moral en quienes determinan qué gasto es legítimo. La paradoja de que un economista con antecedentes ligados a la defensa de prácticas empresariales abusivas califique de ineficiente la entrega de computadores a estudiantes despierta duras interrogantes.
La falta de un sentido claro en estas decisiones sugiere el riesgo de perpetuar un esquema donde las futuras generaciones queden confinadas a empleos de baja calificación, sirviendo como mano de obra barata para el mismo sector productivo que este tipo de asesorías técnicas buscó resguardar en el pasado.
