Todos queremos ciudades más modernas, limpias y resilientes. El problema aparece cuando intentamos llevar esa aspiración a la práctica.

En Lo Barnechea hemos estimado que soterrar redes puede costar hasta $8 millones por metro lineal. Un tramo de apenas 254 metros en avenida La Dehesa puede superar los $2.080 millones, con una parte importante de ese monto asociada al componente eléctrico. Con esos valores, muchos proyectos de mejoramiento urbano simplemente se vuelven inviables.

Este desafío va más allá de la Ley Chao Cables. Retirar cables en desuso y ordenar las redes existentes es necesario, pero soterrar significa transformar completamente una infraestructura donde conviven redes eléctricas y de telecomunicaciones.

Además, no se trata solo de un problema estético. Soterrar también puede significar mejor espacio público, mayor seguridad y redes menos expuestas a eventos climáticos. En comunas como Lo Barnechea, donde una parte importante del territorio enfrenta lluvias intensas, viento, nieve y caída de árboles, contar con infraestructura más resiliente es también una necesidad.

Por eso necesitamos revisar la fórmula actual. No parece razonable que un municipio que quiere mejorar una calle o recuperar un barrio termine asumiendo prácticamente solo inversiones millonarias para modificar infraestructura utilizada por distintos operadores.

La solución debe ser conjunta. Distribuidoras eléctricas, empresas de telecomunicaciones, municipios y Estado tienen que sentarse a transparentar costos y definir una fórmula de corresponsabilidad que permita hacer viables estas obras.

Y aquí también hay una pregunta que debemos hacernos como país: ¿queremos seguir resolviendo estos proyectos caso a caso, dependiendo de la capacidad financiera de cada municipio, o queremos avanzar hacia una política que permita planificar y priorizar el soterramiento donde realmente se necesita?

Desde Lo Barnechea ya hemos planteado al Ministerio de Energía la necesidad de avanzar hacia nuevos mecanismos de financiamiento y una mejor coordinación entre las redes eléctricas y de telecomunicaciones.

No estamos proponiendo soterrar todos los cables de Chile de un día para otro. Estamos planteando que modernizar nuestras ciudades no sea económicamente imposible.

Porque si queremos mejores barrios y espacios públicos, primero tenemos que encontrar una forma razonable de financiarlos.