Extensión minera Los Pelambres: omisiones, daño ambiental y resistencia del Choapa

En el corazón del Valle Alto del Choapa, cientos de hogares luchan día a día por mantener viva la tradición de la agricultura familiar campesina frente a un gigante violentamente egoísta. Y hoy enfrentan una nueva amenaza de parte de una de las más poderosas empresas del país: Minera Los Pelambres (MLP), perteneciente al grupo Luksic y parte de Antofagasta Minerals.

La firma busca que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la región de Coquimbo les apruebe el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de su proyecto de Extensión de Vida Útil (EVU) para seguir operando hasta el 2050. Sin embargo, esta solicitud está marcada por omisiones graves, es decir, falta de información sobre el daño que se genera a humedales altoandinos como Las Hualtatas, a los acuíferos que alimentan al rio Cuncumén y sus afluentes, y la falta de medidas para evitar la contaminación por polvo.

El SEA no solo tiene la responsabilidad de evaluar este proyecto, sino también de exigir a MLP que rectifique su solicitud, presentando información completa y veraz sobre los impactos cuantitativos de sus operaciones. Este es el momento para que la minera demuestre que puede realizar sus faenas con respeto, transparencia y un compromiso real hacia las comunidades y el medioambiente. Sobre todo luego del compromiso de nuestro país con el tratado de Escazú.

Junto a regantes de Cuncumén, sector que se ubica a tan solo 4 kilómetros del rajo y chancadoras, entregamos la semana pasada a la directora regional Coquimbo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Karina Fuentes, un documento en el que las comunidades realizan sus severas observaciones al proyecto. Este organismo debe de proteger los derechos de las comunidades y asegurar que el proceso de evaluación sea transparente y riguroso. El artículo 15 bis de la Ley 19.300 es claro: si un EIA carece de información esencial para su evaluación, debe ser rechazado o devuelto para que el titular subsane las omisiones.

Minera Los Pelambres: degradación social y ambiental

Una de las afectaciones más graves del proyecto y de las operaciones históricas de Minera Los Pelambres ha sido la degradación de humedales alto andinos como Las Hualtatas y la falta de medidas de protección en Piuquenes y Cerro Blanco. Estos ecosistemas no solo son fundamentales para la regulación hídrica y la biodiversidad, sino también para el sustento de las comunidades locales que dependen de ellos como fuente de agua del río Cuncumén que abastece la agricultura y el consumo humano.

La vega de Las Hualtatas, que antaño albergaba una rica biodiversidad y desempeñaba un papel crucial en el equilibrio hídrico de la región, ha sido cubierta casi en su totalidad por material estéril, convirtiéndose en el principal botadero de la mina. Las imágenes satelitales y los registros de monitoreo evidencian cómo, en menos de dos décadas, la acumulación de residuos ha transformado este ecosistema en una zona prácticamente inerte. Asimismo, los humedales de Piuquenes y Cerro Blanco, designados como áreas protegidas por la propia minera para compensar la degradación de las vegas de Las Hualtatas, han sufrido alteraciones severas debido a la expansión de actividades mineras y la falta de medidas de protección y mitigación adecuadas.

Esto contradice compromisos asumidos en las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) N°38/2004 y RCA N°16/2018, documento que incluyeron compromisos relacionados con la mitigación de impactos ambientales y sociales. Sin embargo, la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) ha acreditado incumplimientos graves, como la falta de monitoreo ambiental adecuado y la alteración de componentes clave, lo que ha afectado directamente a las comunidades agrícolas que dependen del río Choapa y sus afluentes.

Asimismo, MLP ha sido sancionada por incidentes reiterados que afectan los recursos hídricos esenciales para las comunidades. Ejemplos incluyen el colapso en el sistema de manejo y desvío de aguas del río Cuncumén (2008) y el uso no autorizado de pozos subterráneos asociados a barreras hidráulicas, sancionado por la Dirección General de Aguas (DGA) en 2024. Estas acciones han reducido la disponibilidad de agua para consumo humano y agricultura, exacerbando la crisis hídrica de la zona.

Esta degradación no es solo ambiental, sino también social. La desaparición de estos humedales ha afectado directamente el suministro de agua para las comunidades agrícolas de Cuncumén y otros sectores del Valle Alto del Choapa, como son Batuco, Tranquilla y Chillepín. La pérdida de biodiversidad y el colapso de los servicios ecosistémicos han incrementado la vulnerabilidad de estas comunidades, ya de por sí afectadas por las sequías prolongadas y el cambio climático.

A ello se suman los efectos del polvo en suspensión, que deteriora la calidad de vida y la salud de los habitantes del valle. Sin embargo, la minera ha refutado las denuncias con estudios que concluyen que después de Punta Arenas, el sector es una de las zonas del país con mejores cielos y vientos.

Estas faltas y omisiones en el proyecto EVU 2050 no solo constituyen una violación a las normativas ambientales, sino que también demuestran una falta de respeto hacia las comunidades y el medioambiente del Valle Alto del Choapa.

El valle no debe seguir siendo sacrificado en nombre del cobre

Minera Los Pelambres, como una de las principales productoras de cobre del mundo, tiene ganancias multimillonarias que le permitirían hacer las inversiones necesarias para verdaderamente mitigar los daños socio ambientales que provoca. Esta empresa, además, debe cumplir ahora con su compromiso de devolver el agua subterránea y superficial para garantizar la seguridad hídrica de las comunidades. Para ello, debe priorizar el uso exclusivo del agua desalada que produce en su planta de Los Vilos, como un paso esencial para recobrar la vida en el valle.

Los plazos legales para que los servicios gubernamentales competentes se pronuncien sobre el proyecto EVU vence este 7 de febrero. Por su parte, el SEA tiene fecha hasta el próximo 21 de febrero para acoger o desestimar las observaciones que presentaron los dirigentes de Cuncumén. Mientras que la participación ciudadana cierra el proceso el próximo 26 de marzo.

Estas fechas, lejos de garantizar un análisis profundo y participativo, refuerzan la sensación de que las decisiones claves se toman en contextos que favorecen a las grandes empresas.

Más que un trámite, este proceso representa una oportunidad para que Minera Los Pelambres transforme su relación con la provincia del Choapa. Si realmente busca que su proyecto sea aprobado, debe demostrar un compromiso real con subsanar las omisiones del EIA, presentando una caracterización completa y veraz de los impactos del proyecto; cumplir con los compromisos de compensación histórica, priorizando la seguridad hídrica, la restauración de los ecosistemas y la calidad de vida de las comunidades; respetar la voz de las comunidades, acogiendo sus observaciones y trabajando de manera colaborativa en soluciones sostenibles; y terminar con el modelo de vasallaje, construyendo relaciones basadas en el respeto, la transparencia y la igualdad.

Las comunidades del Valle Alto del Choapa han demostrado una resistencia admirable frente a décadas de injusticias ambientales y sociales. Ahora, corresponde al SEA garantizar que sus voces sean escuchadas y que los derechos de las personas y los ecosistemas sean protegidos. Minera Los Pelambres tiene en sus manos una nueva oportunidad para demostrar que puede operar de manera ética y responsable.

Frente a esta realidad, el valle Alto del Choapa no se rinde. Regantes, agricultores y dirigentes comunitarios han entregado sus observaciones al proyecto, exponiendo con claridad cómo la minera ha incumplido sus compromisos históricos y exigiendo que se presente una nueva solicitud de EIA que refleje la realidad del territorio.

Las familias que aún dependen de sus cultivos de uva pisquera, damascos y nueces para sobrevivir merecen algo más que promesas vacías. Merecen respeto, reparación y un futuro en el que el agua no sea un lujo, sino un derecho garantizado.

El SEA tiene la responsabilidad de escuchar estas voces y actuar. No es solo una decisión técnica; es un acto de justicia ambiental que puede marcar un antes y un después para el valle Alto del Choapa.

El valle no debe seguir siendo sacrificado en nombre del cobre. Exigir a MLP que cumpla con la ley y presente un nuevo EIA no es solo una necesidad, es una obligación moral. Porque al final, este no es solo un conflicto entre una minera y una comunidad; es la lucha por la vida, el agua y la dignidad en un valle que merece un futuro sostenible.