Desde el advenimiento de la democracia en el país, el tema indígena ha permanecido constantemente en la agenda de los gobiernos, independientemente de su afiliación política, todos han contribuido en mayor o menor medida al acercamiento con el mundo ancestral.
A dos años del inicio del gobierno del presidente Gabriel Boric, surge la interrogante sobre el cumplimiento de sus anuncios del 1 de junio de 2022, relacionados con el aumento de los recursos financieros para la adquisición de tierras durante el año 2023 y la creación del Ministerio de Asuntos Indígenas, una idea que ha sido discutida desde los gobiernos de la Concertación.
En marzo de 2022, la gestión de Boric se inició con un significativo traspié en la relación con los Pueblos Indígenas al asignar el tema al Ministerio del Interior, rompiendo con la tradición establecida que lo vinculaba al Ministerio de Desarrollo Social. Esta decisión generó controversia desde el principio y marcó un quiebre con el enfoque histórico.
Es importante recordar el incidente ocurrido al inicio de su gestión, cuando la entonces ministra Izkia Siches visitó la emblemática comunidad de Temucuicui, lo que desencadenó un incidente de balacera. Esto evidenció la falta de entendimiento y preparación del gobierno hacia las comunidades indígenas.
La política indígena quedó dispersa
La promesa de crear un Ministerio de Asuntos Indígenas generó expectativas entre los líderes indígenas, pero el tiempo pasó sin acciones concretas. La política indígena quedó dispersa entre distintos ministerios, careciendo de coordinación efectiva y un enfoque nacional.
En marzo de 2023, se vislumbraba la esperanza de instaurar la Comisión de Paz y Entendimiento (CPE) como un catalizador para resolver las tensiones en Chile. Sin embargo, los meses transcurrieron sin que esta se materializara, generando incertidumbre y cuestionamientos sobre la voluntad política. Finalmente, en junio del mismo año, la comisión fue instalada oficialmente.
La CPE, concebida para abordar la restitución de tierras, se presenta como una iniciativa con potencial transformador, heredera de la histórica Comisión de Verdad y Nuevo Trato del gobierno del presidente Lagos. Aunque se enfoca en la inclusión transversal de expertos indígenas y no indígenas, su enfoque limitado al tema de tierras refleja una visión parcial de la problemática.
Ausencia de una estrategia integral
La falta de liderazgo visible y la ausencia de una estrategia integral en la política indígena gubernamental plantean interrogantes sobre la efectividad de la CPE. Mientras la violencia rural adquiere tintes étnicos, el enfoque de los gobiernos se desvía de considerar la cuestión indígena como un “tema país” hacia una preocupación por la seguridad nacional en la macrozona sur.
La propuesta de un Ministerio Indígena, respaldada por la presidenta Bachelet y el presidente Boric, se vislumbra como un paso crucial hacia una política indígena integral. Sin embargo, su congelamiento y la falta de voluntad política para su aprobación evidencian un estancamiento preocupante.
El reciente rechazo a la petición de comunidades indígenas en Aysén para administrar su borde costero ancestral pone de manifiesto la falta de coherencia entre las acciones gubernamentales y los derechos indígenas consagrados en la ley. Este episodio, reminiscente del caso Ralco, podría desencadenar nuevas tensiones y confrontaciones.
En el horizonte político, el tiempo apremia. La próxima entrega de resultados de la CPE y la transición presidencial en 2026 plantean la urgencia de una acción gubernamental integral y concertada.
La creación de un Ministerio Indígena podría ser el primer paso hacia una verdadera reconciliación intercultural y un legado de relaciones más equitativas entre Pueblos Indígenas, Estado y sociedad en Chile.
