Durante la tarde de este viernes, el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) llevó a cabo la revisión del requerimiento presentado en contra de Claudio Orrego. La ofensiva político-judicial buscaba la destitución inmediata de su cargo como gobernador de la Región Metropolitana. La audiencia finalizó sin resolución, es decir, el fallo quedó pendiente.
La acusación fue ingresada formalmente por consejeros regionales del Partido Republicano, Chile Vamos, la Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación Nacional. Esta apunta a lo que ellos determinan como un eventual notable abandono de deberes y contravención al principio de probidad administrativa.
El requerimiento se basó en los múltiples casos en los que ha estado involucrado Orrego, como lo son el caso ProCultura y la disputa financiera con la Aseguradora Porvenir S.A. (ASPOR).
Asimismo, se le acusó de utilizar recursos del Gobierno Regional para fortalecer su campaña a la reelección e incluso proyectarse como presidenciable.
El documento consta de 180 páginas. Fue redactado por el abogado Máximo Pavez Cantillano, exsubsecretario de la Segpres. Como se mencionó, lleva la firma de 16 consejeros regionales, entre ellos Álvaro Bellolio Avaria, exdirector del Servicio Nacional de Migraciones y rostro técnico de confianza en la UDI.
Audiencia sin resolución
Tras finalizar la audiencia, donde la resolución quedó pendiente, el abogado defensor de Claudio Orrego, Aldo Díaz, se mostró confiado en que el gobernador de Santiago sea declarado inocente.
“No podemos comentar mucho, toda vez que el Tribunal no ha dictado un fallo. Sin embargo, sí podemos decir que confiamos en el criterio del Tribunal”, señaló.
“Esperamos que se declare la inocencia absoluta de todo lo que se le imputa al señor Claudio Orrego, y al igual que los demás tribunales del país, Juzgado de Garantía, tribunales civiles, Corte de Apelaciones, la Corte Suprema, nos han dado la razón una y otra vez. Por lo tanto, estamos confiados en el criterio del tribunal”, cerró el letrado.
Confianza en ambas veredas
En tanto, el abogado de los consejeros regionales, Álvaro Ferrer, afirmó que “la audiencia se realizó con toda normalidad luego de una relación muy larga, muy detallada, muy bien hecha por la señora relatora. Eso permitió a ambas partes poder concentrarse en alguno de los cargos de este requerimiento. Eran 17″.
“Por parte nuestra, nos concentramos en dos que consideramos representativos de la grave infracción que ha cometido el gobernador regional, tanto respecto a faltas a la propiedad administrativa como a notable abandono de deberes. Pudimos exponer todos nuestros argumentos, y confiamos en que este tribunal va a saber ponderar el mérito del proceso y resolver conforme a derecho”, expuso tajante.
“Estamos convencidos de que hay mérito para la cesación en el cargo. Si el escenario fuera distinto y los argumentos son razonables, habrá que acatar los fallos, es lo que corresponde en un Estado de Derecho”, sentenció.
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