Tres inmobiliarias de Estación Central recurrieron a la Corte de Apelaciones de Santiago para presentar, por separado, recursos de protección ante una resolución de Contraloría por la construcción de megaedificios en la comuna.
Según consignó el Diario Financiero, se trata de las compañías Fortaleza, Inmobilia y Eurocorp, quienes respondieron al fallo del 12 de noviembre de Contraloría, que ordenó al municipio a invalidar los permiso de edificación de cerca de 50 proyectos.
Se trata de proyectos de edificación continúa, que según detalló el medio, son las estructuras cuyas torres adyacentes coinciden en fachada.
La controversia se da en que de acuerdo a Contraloría, la “edificación continua se debe considerar que esté fijada la altura máxima del plan regulador”. Sin embargo, en Estación Central no cuentan con este documento.
Los recursos presentados por las inmobiliarias buscan que la Dirección de Obras Municipales de Estación Central paralice cualquier acción que apunte a cumplir con el dictamen del ente contralor, ya que vulneraría el “derecho a desarrollar una actividad económica lícita”.
Por otro lado, desde la Fundación Defendamos la Ciudad y la Agrupación de Defensa de Barrios de Estación Central solicitaron a la corte que ordene al municipio iniciar los procedimientos para invalidar los permisos de edificación.
Llamado de Contraloría
Respecto a esta controveria, desde Contraloría explicaron que en el último tiempo han “recibido una serie de presentaciones de diversos organismos y particulares manifestando sus aprensiones respecto de la planificación territorial que involucra la construcción de diversos proyectos inmobiliarios”.
Así, indicaron, “Contraloría se ha limitado a ejercer el rol que la Constitución y la ley le asignan, es decir, definir el sentido y alcance de las disposiciones legales y reglamentarias”.
“La norma en materia urbanística ha generado diversas interpretaciones entre los organismos involucrados: Ministerio de Vivienda, Dirección de Obras, municipios, Poder Judicial y la Contraloría, entre otros. Por lo tanto, la solución a la supuesta controversia es adecuar la normativa urbanística, en particular la ordenanza general de urbanismo y construcción, además de dictar los planes reguladores pendientes”, indicaron.