El imputado habría contactado previamente a las víctimas, de 12 y 14 años, residentes de un hogar de Mejor Niñez en Talcahuano y las habría llevado a distintos lugares del Gran Concepción antes de cometer los ilícitos.
El Juzgado de Garantía de Talcahuano ordenó la prisión preventiva de J.E.M.S., formalizado por el Ministerio Público como autor de los delitos consumados de violación de menor de 14 años de edad y estupro. Los hechos ocurrieron en septiembre del año pasado, en un motel ubicado en el camino que une Penco y Concepción, en la región del Bío Bío.
Según la Fiscalía, el imputado se había contactado previamente con las menores, que se encontraban en una residencia del Servicio Mejor Niñez (ex Sename) en Talcahuano. El 8 de septiembre de 2022 las recogió en el hogar para llevarlas a distintos lugares, como el Mallplaza Trébol, en Talcahuano; luego a caleta Lenga y playa Ramuntcho, en Hualpén.
Cerca de la medianoche las ingresó ocultas en el maletero de su vehículo a un motel, donde las violó en reiteradas ocasiones. Tras las agresiones, las sacó del lugar de la misma forma, ocultas en el maletero del automóvil, y las dejó en la residencia.
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Miércoles 31 Diciembre, 1969 | 21:00
Red de explotación sexual
La detención del imputado se produjo este 24 de julio, en el contexto de una investigación por explotación sexual infantil efectuada por funcionarios de la PDI, explicó la magistrada Ximena Vega.
“Tener presente que en el contexto de esta investigación, que lleva a cabo la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones de Concepción, se pudo constatar que existen antecedentes para entender que el imputado forma parte de una red de explotación sexual infantil; y que las víctimas en este caso corresponden a dos niñas de 12 y 14 años respectivamente, quienes son sujetos de medidas de protección por parte de juzgados de Familia”, dijo la jueza.
La investigación incluyó peritajes biológicos, psicológicos y testimonios.
Así las cosas, la magistrada Vega consideró que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y las víctimas, por lo que accedió a la medida cautelar solicitada por la Fiscalía. Además, fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación.
