En prisión preventiva quedaron otros dos funcionarios de la Armada acusados de violar en grupo a una joven en Rapa Nui, en la región de Valparaíso.
Este viernes se realizó en el Juzgado de Letras y Garantía de Isla de Pascua la audiencia de formalización de cargos respecto a otros dos presuntos implicados en este ataque sexual que afectó a una mujer de 23 años. El hecho investigado se habría registrado el 2 de octubre al interior de la Guarnición Marítima de la Armada en dicho territorio.
Por este mismo hecho, hay otros dos funcionarios, actualmente desvinculados de la institución, que están en prisión preventiva y cumplen la cautelar en un recinto de la Armada en Talcahuano, en la región del Bío Bío.
Nueva formalización por violación grupal
En la audiencia de formalización, el magistrado Alex Guzmán decretó la medida cautelar más gravosa a los imputados al considerar que sus libertades representan un peligro para la seguridad de la víctima y también para la sociedad.
Tras escuchar a las partes, el magistrado acogió la solicitud presentada por el abogado que representa a la víctima, Ciro Colombara López, al estimar que “los antecedentes existentes justifican la existencia del delito y la participación de los imputados en los términos del artículo 140 del Código Procesal Penal en los hechos materia de investigación”.
A su vez, dispuso que la cautelar la cumplan en un recinto naval “por ser miembros de una institución castrense conforme lo establece el Código de Justicia Militar, rechazando así la solicitud de la querellante en orden a que se cumpliese la medida cautelar en un recinto de Gendarmería”.
Ante eso, el querellante anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional porque considera que los artículos 434 y 137 del Código de Justicia Militar, que regulan el lugar de cumplimiento de la privación de libertad (detención o prisión) para el personal militar, serían contrarios a la Constitución.
El magistrado también explicó que al momento de establecer la cautelar se tuvo presente “el componente cultural y de pueblo originario de la víctima, así como la pertenencia de los hechores a la Armada de Chile, institución que durante 1953 a 1966 ejerció la administración de ese territorio insular”.
El plazo de la investigación se fijó en 80 días.
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