El Juzgado de Garantía de Valdivia acogió el recurso de amparo en favor de 200 internos de la cárcel de la ciudad. La situación era indigna de hacinamiento e insalubridad, de acuerdo con la Defensoría Penal Penitenciaria y el Instituto Nacional de Derechos Humanos.

El Tribunal acogió la acción judicial interpuesta por la Defensoría, ordenando el traslado de tres internos a otro recinto carcelario, mientras que para el resto de los condenados que no cuentan con factibilidad de derivación positiva, la Justicia ordenó a Gendarmería que, en los próximos 30 días, mejore las condiciones. De lo contrario, se procederá a su traslado.

La información fue confirmada por la defensora penal penitenciaria, Marcela Tapia, quien valoró la determinación judicial.

“Estamos conforme con la decisión, puesto que los Estados no pueden justificar condiciones deplorables de encierro o un agravamiento de las condiciones carcelarias porque estas deficiencias no son inherentes a la pérdida de la libertad. Así lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en distintos países sobre la materia”, dijo Tapia.

De acuerdo con el organismo, los internos estaban en una situación indigna para el cumplimiento de una condena, y por ello interpusieron dicho recurso de amparo al que se sumó el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Constanza Montt, abogada de esta entidad, dijo que en el lugar constataron y registraron lo denunciado.

“Pudimos constatar que, además de estar durmiendo en el suelo, estaban en una situación de sobrepoblación en su celda, en condiciones deficientes de habitabilidad, por inundaciones, por plagas de palomas en algunos módulos y por condiciones de higiene muy paupérrimas que generan niveles de vida por bajo del estándar mínimo que se exige los tratados internacionales”.

Después de la determinación del Juzgado de Garantía de Valdivia, las recurrentes dijeron esperar que esta sea cumplida y se genere la coordinación necesaria entre Gendarmería de Chile, el Ministerio de Obras Públicas y la empresa concesionaria del recinto, y así dar cobertura adecuada a todas las situaciones expuestas y se cumplan los estándares en materia de derechos humanos en personas privadas de libertad.