Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.
Las Reglas del Uso de la Fuerza, destacado avance en agenda segurida gubernamental, tropiezan con impugnación de 13 senadores de oposición al Tribunal Constitucional. Cuestionan normas sobre proporcionalidad y uso de fuerza letal en proyecto aprobado por el Senado. Senadores buscan revisión de disposiciones. Paralelamente, Comisión de Constitución aprueba endurecimiento en Ley de Responsabilidad Penal Adolescente con sanciones de hasta 10 años para menores de 14 y 15, y 15 años para jóvenes de 16 y 17, enfocándose en delitos violentos y reincidencia. Reforma constitucional de seguridad iniciada en Senado tras cambio de propuesta del Gobierno aborda crimen organizado, régimen penitenciario y estado de emergencia.
Las Reglas del Uso de la Fuerza, uno de los principales avances de la agenda de seguridad del Gobierno esta semana, enfrentan ahora un nuevo traspié.
Según información exclusiva de Radio Bío Bío, 13 senadores de oposición recurrieron al Tribunal Constitucional para impugnar dos normas del proyecto, luego de que el texto fuera despachado por el Senado este miércoles 7 de octubre por 29 votos a favor, 15 en contra y una abstención.
En concreto, los parlamentarios cuestionan disposiciones relacionadas con el principio de proporcionalidad y el uso de fuerza potencialmente letal.
A juicio de los requirentes, algunas de estas normas permitirían utilizar armas de fuego sin que necesariamente exista un peligro grave o inminente para la vida del funcionario o de terceros. Esos reparos, además, ya habían sido planteados durante la discusión legislativa.
El senador socialista Juan Luis Castro, uno de los firmantes, explicó que buscan que el Tribunal Constitucional revise esas disposiciones antes de que la iniciativa complete su tramitación.
Ahora bien, el requerimiento aparece justo cuando el Ejecutivo intenta mantener el ritmo de su agenda de seguridad.
En paralelo, la Comisión de Constitución del Senado despachó esta semana las modificaciones a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, proyecto que busca endurecer la respuesta frente a jóvenes que cometen delitos graves o de manera reiterada.
Entre los cambios aprobados, se estableció un máximo de 10 años de sanción para adolescentes de 14 y 15 años y de 15 años para jóvenes de 16 y 17.
Además, en delitos de especial gravedad se exigiría un período efectivo de privación de libertad y la fuga o evasión durante el cumplimiento de una pena pasaría a considerarse quebrantamiento de condena.
El presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Pedro Araya, sostuvo que la modificación apunta precisamente a jóvenes que cometen delitos violentos y que entran y salen reiteradamente del sistema penal.
A esto se suma la nueva reforma constitucional de seguridad que comenzó su tramitación en el Senado, luego de que el Gobierno decidiera no perseverar con su propuesta original.
Ese nuevo texto fue impulsado por Pedro Araya, Andrés Longton, Arturo Squella, Karim Bianchi e Iván Flores, y concentra la discusión en crimen organizado, régimen penitenciario y Estado de Emergencia.
Precisamente, Flores también abordó el requerimiento presentado contra las RUF y aclaró que su posición no significa que no esté de acuerdo con un proyecto que él mismo votó a favor.
Por ahora, la atención vuelve a estar puesta en el Tribunal Constitucional.
La acción presentada por los 13 senadores deberá pasar primero por una revisión formal y, si es admitida a trámite, el organismo tendrá que pronunciarse sobre las normas cuestionadas antes de que las RUF puedan cerrar definitivamente su proceso legislativo.
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