La Policía de Investigaciones (PDI) reunió esta semana a agentes federales de Brasil, Estados Unidos, Australia, España, Estonia y Corea del Sur para intercambiar estrategias contra el crimen organizado transnacional, con especial foco en el rastreo e incautación de criptoactivos.
“Dimensionamos un fenómeno que no es menor, aquello que mantiene en el tiempo a estas organizaciones, su visión empresarial y capacidad de lucrar. Sus inversiones, sus patrimonios, las estructuras que los encubren y defienden, eso es lo que debemos perseguir”, dijo el director general de la PDI, Eduardo Cerna.
Según explicaron los participantes del evento, durante un allanamiento, un detective ya no solo busca documentos, dinero o armas; también debe asegurar teléfonos y dispositivos inteligentes para rastrear las finanzas del crimen organizado, como dejó de manifiesto el esquema de lavado de dinero del narcotráfico descubierto hace días en Valencia o el uso de criptoactivos para sacar millonarios fondos de Chile por parte de Tren de Aragua.
En ese contexto, aseguró Cerna, se apunta a golpear el patrimonio y por ello “la inteligencia policial y económica apunta a lo más oculto y complejo, hoy por ejemplo expresado en los criptoactivos”.
Trazabilidad de los criptoactivos
Especialistas en lavado de activos y tecnologías utilizadas por organizaciones criminales se reunieron en Santiago, junto a las Fuerzas Armadas, y pusieron en común herramientas que permiten establecer la trazabilidad de los criptoactivos, desarrollando la capacidad de las instituciones para incautarlos y dejarlos fuera del alcance de las estructuras criminales.
“El método de los criptoactivos ha sido incorporado por un sinfín de organizaciones para mover recursos y dificultar su rastreo”, dijo Johnny Fica, a cargo de la Prefectura contra el Crimen Organizado de la PDI, a EFE.
El prefecto añadió, sin embargo, que la modalidad no elimina “formas tradicionales de lavado (que) continúan vigentes según la magnitud, territorio y objetivos de cada grupo, mientras las estructuras transnacionales aprovechan servicios tecnológicos disponibles hoy globalmente”.
En Chile, el uso de los criptoactivos por parte de estas estructuras está instalado desde al menos el año 2020, según Fica, quien señaló que se trata de “una realidad que obliga a la policía a incorporar capacidades para detectar, analizar e incautar fondos digitales, y coordinar acciones cuando las cuentas están fuera del país”.
El seminario abordó herramientas de análisis y software forense, junto con experiencias policiales de países que enfrentan fenómenos desarrollados, especialmente Corea del Sur, España y Brasil, mientras Estonia aportó la experiencia de un Estado altamente digitalizado, permitiendo comparar metodologías y acelerar capacidades aplicables a la realidad chilena.
“Multinacionales del crimen”
El inspector jefe de la Policía Nacional de España, Marcos Alvar, complementó que las organizaciones criminales “dejaron estructuras verticales y avanzaron hacia modelos dispersos y transversales, donde pueden subcontratar servicios especializados”, una transformación que dificulta perseguir sus finanzas.
Alvar subrayó que estas organizaciones funcionan como “multinacionales del crimen”, incorporando tecnología y profesionales que dan forma a su organigrama financiero.
“En definitiva, lo más importante en la cooperación es que tiene que ir de la mano de la policía, los fiscales y los jueces. Nadie puede hacer la guerra por libre en el mundo cripto, especialmente porque hay varios países que, al final, el secretario bancario lo sigue manteniendo. Si no hay un levantamiento por parte de ciertos países que operan como paraísos fiscales, es muy difícil llegar a ellos”, destacó.
Investigaciones impulsadas en contra de los dos grupos criminales más grandes de Brasil, el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), han revelado el uso generalizado de herramientas cripto, alcanzando operaciones por 1.100 millones de dólares.
Chile, Colombia, España y México han constatado mediante indagaciones policiales el uso de plataformas de criptomonedas por parte del crimen organizado para mover recursos provenientes del narcotráfico, la explotación sexual y otros mercados ilegales.
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