La oposición activó una ofensiva luego de que Ciper revelara un plan impulsado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para agilizar proyectos que habrían beneficiado a un millonario proyecto inmobiliario vinculado a su hermano.
El diputado Jaime Bassa (FA) ofició a distintos organismos públicos para solicitar antecedentes sobre la tramitación ambiental y urbanística de Alto Santorini, iniciativa de Inmobiliaria Lote 21 SpA que contempla una torre de 15 pisos y 177 departamentos, emplazada a solo un metro del polígono protegido del Santuario de la Naturaleza Campo Dunar de la Punta de Concón.
La ofensiva se suma a la anunciada por el diputado Daniel Manouchehri (PS), quien adelantó que oficiará a la Contraloría General de la República.
“Es algo gravísimo. El plan de Quiroz para destrabar proyectos benefició un negocio de 43 millones de dólares para su propio hermano”, dijo el parlamentario socialista.
Manouchehri agregó que el proyecto fue aprobado “pese a las advertencias de Sernageomin por riesgo de derrumbes en las mismas dunas del socavón” y cuestionó el funcionamiento del comité encargado de destrabar iniciativas.
“Con un comité dirigido desde Hacienda que no fue creado por ley y sin actas públicas conocidas. Vamos a oficiar a la Contraloría para que investigue y nuestros equipos jurídicos van a analizar todos los antecedentes. Quiroz tiene que dar explicaciones al país”, sostuvo.
Bassa (FA) pide revisar tramitación del proyecto
En paralelo, el diputado Bassa solicitó al Servicio de Evaluación Ambiental el expediente íntegro del proyecto y su Resolución de Calificación Ambiental, además de las actas, minutas y materias abordadas en las reuniones de lobby relacionadas con la iniciativa.
El parlamentario de oposición también pidió informar si existieron abstenciones, solicitudes de inhabilitación o protocolos de prevención de conflictos de interés asociados al vínculo familiar entre el ministro de Hacienda y Víctor Quiroz, arquitecto vinculado al proyecto.
“Cuando existen reuniones previas con autoridades que después deben pronunciarse sobre un proyecto y, además, hay un vínculo familiar directo entre quien participa de su diseño y un ministro de Estado, la transparencia y la probidad deben estar especialmente resguardadas”, señaló.
El diputado agregó que su labor fiscalizadora busca “revisar cómo se tomaron las decisiones” y entregar garantías de que el proceso se desarrolló con imparcialidad.
El oficio contempla además requerimientos a la Superintendencia del Medio Ambiente, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, las seremis que participaron en la evaluación y la Delegación Presidencial Regional.
El antecedente que motivó la ofensiva desde la oposición
La acción de los parlamentarios ocurre luego de que el medio antes citado revelara que el mecanismo impulsado por Hacienda para agilizar la tramitación de proyectos de inversión benefició a Alto Santorini, iniciativa avaluada en US$43,6 millones y vinculada a Víctor Quiroz, hermano del ministro.
De acuerdo con los antecedentes publicados, el arquitecto participó en el diseño del proyecto y sostuvo reuniones registradas mediante la Ley de Lobby con autoridades sectoriales que posteriormente intervinieron en su evaluación.
Entre ellas figuran la directora regional del Servicio de Evaluación Ambiental y las seremis de Salud, Minería, Energía y Desarrollo Social. El proyecto obtuvo aprobación ambiental pese a observaciones de Sernageomin relacionadas con eventuales riesgos de remociones en masa en el sector.
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