El Gobierno anunció la modificación de la Ley Uber, tramitada por la administración anterior de Gabriel Boric, con el objetivo de no perjudicar a la industria de conductores de aplicación. El ministro de Transportes, Louis de Grange, calificó el reglamento vigente como “deficiente” y confirmó que ya existe una nueva propuesta técnica que busca proteger el empleo y evitar un alza de tarifas para los usuarios.
En conversación con La Tercera, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, adelantó que el Ejecutivo “echará pie atrás” al reglamento como está de la normativa tramitada en la administración de Gabriel Boric. Cabe recordar que el trámite ya pasó su revisión en la Contraloría General de la República y se encuentra en espera de publicación desde abril de 2025, esto luego de haber sido reingresado en dos oportunidades previas por observaciones del ente fiscalizador.
El secretario de Estado sostuvo que el estatuto heredado del Gobierno anterior era deficiente y que, de implementarse, significaría un perjuicio para la industria de conductores de aplicación.
Entre sus razones, destacan que las restricciones respecto con la antigüedad de los vehículos y las exigencias en torno a las barreras técnicas, como las dimensiones de la cilindrada, eliminaría entre el 80% y el 85% de la flota actual de transportistas.
“Es un reglamento que genera mucho daño no sólo a la industria. No sólo a los conductores de las aplicaciones, sino también a las comunidades, a los pasajeros, a los usuarios”, afirmó el ministro.
Esto, a la vez, derivaría en un aumento drástico de las tarifas; reducción de la cobertura en zonas periféricas y rurales; y tiempos de espera que podrían incrementarse significativamente.
Experto coincide con de Grange
De acuerdo con el académico de Ingeniería Industrial de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), Franco Basso, el reglamento es muy rígido en sus requerimientos, lo que traería una serie de consecuencias nocivas para la industria.
“Efectivamente la version anterior del reglamento era muy estricto y por lo tanto implicaría aumento de precios y una menor cantidad de vehículos disponibles, lo que complicaría la utilización de este servicio”, explicó.
Asimismo, el ministro de Transportes proyectó que su aplicación habría provocado el alza de la tasa de desempleo nacional en un punto porcentual, esto es, desde un 8,3% al 9,3%.
Diputados
En el mundo político hubo reacciones desde la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara Baja.
La diputada independiente de la bancada de la UDI, Marlene Pérez, señaló que el desafío está en garantizar mayor seguridad en torno a las aplicaciones de transportes, pero sin arriesgar la continuidad del servicio.
“La rigidez de las medidas propuestas podrían provocar la desaparición de hasta un 80% de los viajes. Aquí el desafío es claro: garantizar mayor seguridad tanto para pasajeros y conductores, pero sin poner en riesgo la continuidad del servicio”, comentó.
Por otro lado, De Grange apuntó a la inviabilidad operativa que significaba la implementación de una plataforma tecnológica que aún no ha podido ser construida luego de que, tras varios procesos de licitación fallidos, una empresa logró adjudicarse el desarrollo del registro.
Recordemos que el exministro de Transportes Juan Carlos Muñoz había confirmado la postergación de la publicación del reglamento para que la nueva administración aplicará las modificaciones que considerara pertinentes.
Al respecto, el diputado independiente por el PPD, Cristián Tapia, manifestó que espera que los nuevos cambios se basen en la práctica y no en la teoría política del Gobierno.
“Si hay que mejorar adelante, en la práctica, con hechos, la idea es que se mejore, pero que sea algo verdadero y no solamente una teoría o una postura más política, que una postura por algo que realmente tiene que funcionar y dar garantía a los trabajadores de este sistema”, sostuvo.
Por último, aunque la Contraloría ya aprobó la versión anterior del reglamento, De Grange expresó que el Ejecutivo ya cuenta con una nueva propuesta, donde el camino a seguir será coordinar con la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) y la Contraloría para que su publicación sea lo más rápida y eficiente posible. Conversaciones que, según dijo, comenzarán en los próximos días.
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