Gabriel Boric y Daniel Ortega tuvieron un delicado intercambio de opiniones esta semana. El líder sandinista del país centroamericano criticó a Carabineros de Chile, indicando que es un organismo policial "formado para asesinar al pueblo". Se trata de unas muy graves declaraciones realizadas por un hombre que dirige uno de los "gobiernos" más represivos de toda América Latina. Además, la Policía Nacional de Nicaragua, liderada casi en su totalidad por la pareja Ortega-Murillo, ha sido acusada históricamente de cometer crímenes represivos en contra de los ciudadanos.
Daniel Ortega, líder sandinista de Nicaragua, protagonizó un polémico intercambio de palabras con el presidente de nuestro país, Gabriel Boric, tras aseverar que los Carabineros de Chile están “formados para asesinar al pueblo” y que no son como la Policía de su país.
“Los Carabineros chilenos no son como la policía de Nicaragua. Están formados para el asesinato masivo, formados para asesinar al pueblo”, dijo Ortega.
Todo lo anterior, este pasado lunes durante un acto conmemorativo en Managua por los 50 años del golpe de estado en Chile.
El nicaragüense declaró que el quiebre democrático de 1973 fue organizado “por los vende patria que existen en el mundo” y señaló que “el 44 % de los chilenos siguen añorando a Pinochet y que gobiernos fascistas lleguen al poder”.
Tras esto, el presidente Boric calificó este pasado miércoles como un “insulto” los dichos del “dictador” nicaragüense.
La administración del chileno instruyó a la Cancillería una nota de protesta diplomática ante las autoridades nicaragüenses, a lo que Ortega respondió diciendo que Gabriel Boric “es un pinochetito”.
Tras este round entre nuestro presidente y el nicaragüense queda claro que las críticas hacia la policía cruzan fronteras. Y es gracias a esto que nace la duda… ¿De qué se le acusa a la policía Nacional de Nicaragua?
Según testimonios de la sociedad nicaragüense, los opositores exiliados y agentes desertores, la Policía del país centroamericano es una parte vital de la represión que ejerce la administración de Ortega-Murillo.
Acusaciones en contra de la Policía Nacional de Nicaragua
Es de conocimiento público que Ortega dirige una dictadura en Nicaragua, debido a las decisiones autoritarias que toma y el evidente castigo hacia sus opositores.
Recordemos que hace unas semanas el líder sandinista cerró una de las universidades más importantes del país, simplemente por sus orígenes jesuitas.
La Iglesia Católica es uno de los mayores enemigos de Ortega.
A mediados de 2018 las autoridades respondieron de forma violenta a una oleada de manifestaciones en el país, dejando al menos 355 muertos y miles de heridos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Todo esto empeoró en julio de este año, cuando Ortega presentó una oniciatuva de carácter urgente ante la Asamblea Nacional (Parlamento).
Allí propuso reformar el artículo 97 de la Constitución Política de Nicaragua, el cual establecía el marco legal de las fuerzas de seguridad.
La propuesta eliminó el principio de que la institución del orden público es un cuerpo armado “profesional, apolítico, apartidista, obediente y no deliberante”, así como “de naturaleza civil”.
En resumen, Daniel Ortega modificó a su gusto Ley de la Policía y ahora tiene un poder casi absoluto sobre ella.
A lo anterior se suman testimonios de policías arrepentidos que desertaron y tuvieron que pagar su “traición” con la cárcel o el exilio del país.
Legisladores del régimen de Daniel #Ortega en #Nicaragua propusieron una reforma constitucional y de la #Policía Nacional para castigar a "oficiales desertores y desobedientes". (cp). https://t.co/cEprMJTJwJ
— DW Español (@dw_espanol) July 5, 2023
“Reprimí y golpeé para servir a Ortega”
Julio César Espinoza es un ex miembro de la Policía Nacional de Nicaragua, quien formó parte del cuerpo antimotines hasta que renunció en 2018.
Según él mismo lo dio a conocer, esto acarreó serias consecuencias.
La BBC solicitó declaraciones al gobierno y a la policía sobre el caso, pero jamás tuvieron respuestas.
Julio, de 34 años, se crió en una familia muy pobre de pequeños comerciantes. Cuando creció comenzó a interesarse por la Policía Nacional.
El hombre estudió hasta el tercer año de secundaria y, tras un curso, finalmente logró ingresar a la Policía con 21 años, en 2012.
“Fuimos entrenados para restablecer el orden. Cuando la policía corriente de celeste no podía controlar la situación, nos mandaban a nosotros a responder a las marchas”, relató.
En 2014, cuando el gobierno de Ortega decidió hacer un canal interoceánico con China, los campesinos comenzaron a alzar la voz.
“Allí tuvimos la orden de tirar gas lacrimógeno, persuadirlos con un uso no letal de la fuerza. Eso fue evolucionando y cada vez recibíamos más presión para reprimir”, confesó.
“Entre 2014 y 2017 se levantó el pueblo de Nicaragua a protestar contra el gobierno, a pedir elecciones transparentes, y a nosotros nos mandaban a reprimir”, agregó.
Castigo a los desertores
El grupo parlamentario del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) también propuso reformar la Ley de Organización, Funciones, Carrera y Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional.
Esta incluye tres nuevos artículos para castigar a los oficiales desertores y desobedientes.
Sobre la deserción, la propuesta establece que “el personal policial que abandone el servicio, lo que se considera deserción, incurriendo en un perjuicio grave a la seguridad ciudadana, será sancionado con una pena de dos a tres años de prisión”.
En cuanto a incumplimiento de deberes, la iniciativa establece que “el personal policial que sin causa justificada desobedezca las órdenes de sus superiores”.
Lo anterior, “en perjuicio de la seguridad ciudadana, será sancionado con una pena de seis meses a dos años de prisión”.
