Más allá de la polémica surgida a raíz de las declaraciones del Diputado Ignacio Urrutia, y
de la posterior reacción de la Diputada Pamela Jiles, quisiera exponer por qué el Gobierno
actuó correctamente al retirar un nuevo bono, en esta ocasión de 3 millones, para
aquellos que han sido calificados como víctimas de prisión política y tortura.
En primer lugar, debemos recordar que todas aquellas personas que La Ley Valech declaró
como víctimas de prisión política y tortura, ya cuentan con una serie de beneficios
otorgados por el Estado. A saber, en la última década, el Estado ha acumulado un gasto de
más de $427.000 millones de pesos en concepto de pensiones Valech y de más de $53.000
millones de pesos en bonificación compensatoria, la última en 2015, cuando se le otorgó
un bono de un millón de pesos a cada uno. Además de estos beneficios en dinero, los
pensionados cuentas con beneficios médicos, educacionales, de acceso a la vivienda y
otros.
Opinión de Diego Vicuña, Encargado del programa legislativo de la Fundación Jaime Guzmán.