Dado que los retailer no van a hacer nada para entregar sus tarjetas solo a aquellos consumidores que sean sujetos de crédito, verificando correctamente que los domicilios informados a sus hermosas promotoras sean los verdaderos, es urgente que la casta política tome la iniciativa para impedir estos actos impúdicos que le significan muchos millones de pesos al erario nacional.