El DL 701 que configura el sistema de incentivos de fondos estatales (bonificaciones o subsidios) para las plantaciones forestales privadas fue dictado al comienzo de la dictadura de Pinochet (1974) y prorrogado en diversas ocasiones en los años de democracia que siguieron, tanto por la Concertación (hoy Nueva Mayoría) como por el gobierno de Piñera -prueba palpable que en este tema de modelo de desarrollo la Derecha y la Concertación han actuado como un solo brazo del gran empresariado.
Frei Ruiz Tagle lo extendió por 15 años en 1998 (incluyendo dos años retroactivos) y Piñera por dos años más en 2010. En 2012 el propio Sebastián Piñera intentó prorrogarlo, pero esta vez ¡por 20 años! La iniciativa, en ese instante, se enredó en el Congreso. Ya en el gobierno de Michelle Bachelet, en plena cuenta pública del 21 de mayo de 2014, la Presidenta de la República anunció que se prorrogaría el DL 701, pero ello nunca terminó por producirse. Es decir, la Nueva Mayoría señaló su voluntad política de mantenerlo, pero luego esa voluntad se empantanó, quedando las bonificaciones forestales sin instrumento jurídico que las fundamente.
En los últimos días, luego de la tematización de las aberraciones de este decreto que se realizaron en el marco de los incendios forestales, diversas noticias e informaciones oficiales han hecho alusión a este punto: que el decreto no está “vigente” y, por tanto, que no se han otorgado incentivos a las empresas desde la fecha de su caducidad. De alguna manera, esto exculparía a este gobierno, a la Nueva Mayoría y sobre todo al ala izquierda de este conglomerado de ser cómplices de este instrumento neoliberal que ha sido clave en el proceso de crecimiento y fortificación de la gran industria forestal, oligopólica e insustentable.
Lo que demostraremos a continuación es que esas versiones están equivocadas, que el decreto aun cuando no está “vigente” ha estado todos los años anteriores abonando incentivos a las empresas. Es decir, nadie sabe cómo ni por qué, el decreto 701 opera incluso en los años posteriores a su caducidad. Arriesgamos una interpretación: quizás siempre se asume que se prorrogará más temprano que tarde. De hecho, ha habido prórrogas retroactivas. Y una razón para entender esa retroactividad es que se haya estado pagando durante el período sin vigencia. Pero continuemos con los datos.
¿Qué dice la institución competente respecto a la vigencia de las bonificaciones y del decreto? Conaf, en su página web, señala que el decreto no está vigente y que no ha habido bonificaciones desde entonces. Por su parte, ya en la arena política, la bancada PC-IC se atribuye la conquista de haber evitado que este proyecto hubiera seguido otorgando bonificaciones. A continuación daremos cuenta de las versiones sobre la presunta extinción del funcionamiento del decreto y, además, mostraremos que esa suspensión de aportes estatales a las plantaciones no es verdadera.
Conaf publica en su página web lo siguiente: “cabe señalar (que) con fecha 31 de Diciembre de 2012 expiró la vigencia del sistema de incentivos que contempla el artículo 12º del Decreto Ley Nº 701, de 1974, razón por la cual las forestaciones y otras actividades bonificables que se realicen a partir del 1° de enero de 2013 no serán susceptibles de bonificarse, de acuerdo a la normativa actualmente vigente”.
Por otro lado, una noticia del 30 de enero de 2017, titulada “PC se refiere a polémica por decreto 701 que beneficiaría a las forestales”; muestra cómo la bancada del Partido Comunista y la Izquierda Ciudadana destaca el importante rol que dicha bancada cumplió para que se acabaran las bonificaciones.
Esta bancada declaró: “El Decreto Ley 701, creado bajo la dictadura cívico-militar e implementado por Julio Ponce Lerou, significó la transferencia de ingentes recursos de todos los chilenos a empresarios adictos al régimen. Este subsidio de reforestación tuvo, además, serias consecuencias para el medio ambiente y para las comunidades… Sin embargo… nuestra bancada lideró diversas acciones para terminar con este subsidio, oponiéndose a su prórroga en el parlamento. Con ocasión del escándalo de colusión del papel tissue que involucró a las empresas Matte, exigimos poner fin al Decreto Ley 701, habida cuenta de lo inaceptable que resultaba financiar con recursos públicos a un grupo económico que dirigió una operación de defraudación contra miles de chilenos”, indicaron. Y finalizan señalando “como consecuencia de estos hechos, el Decreto Ley 701, que durante 40 años benefició en principalmente a los grandes grupos económicos, no fue prorrogado y por lo tanto no otorga nuevas bonificaciones a empresas forestales”.
El épico relato de la bancada PC-IC sobre su proeza de haber detenido el uso del decreto 701 puede tener sustento material desde el punto de vista de la papelería, pero desgraciadamente no tiene sustento material desde la perspectiva del papel moneda, porque dinero sí se ha transferido en todo el proceso desde que se terminó la vigencia del mencionado decreto.
La fecha que señala Conaf respecto al fin del uso del decreto 701 (2013) no coincide con la fecha que da la bancada PC-IC para el mismo efecto (se señala el hito de la publicación de la colusión del papel tissue, lo que acontece en 2015), pero en cualquier caso, después de ambas fechas hay bonificaciones realizadas oficialmente. Los firmantes de esta columna hicimos un requerimiento a la propia Conaf, utilizando las posibilidades que otorga la ley de transparencia. Al respecto, podemos señalar que: si usamos la fecha que indica la propia Conaf como momento en el que se termina de usar este beneficio por la caducidad del decreto, se habrían aprobado fondos de más de US$6 millones (por sobre los $3.000 millones de pesos) desde entonces. Y si usamos la fecha que entrega la bancada PC-IC (que legalmente no tiene importancia en todo caso), se han aprobado desde entonces bonificaciones cercanas a los US $300 mil (cerca de $200 millones de pesos).
¿Por qué es esto relevante? Primero, porque el DL 701 corresponden a dineros de todos los chilenos que son transferidos de manera no reconocida y con poca trasparencia a empresas. De hecho, que las bonificaciones se concentren en pequeñas y mediana empresas a partir del 2012 y hasta la actualidad (descargar planilla adjunta en Excel) no asegura en nada que las bonificaciones lleguen indirectamente a las grandes empresas por el mecanismo de mercados cautivos y de triangulación, en donde los pequeños empresarios forestales se deben someter a las condiciones de venta fijadas por los grandes consorcios madereros. Segundo, porque es la prueba patente de que en Chile lo que ha operado es un modelo de explotación de recursos primarios (capitalismo extrativista), bonificado por el Estado (muy lejanos de la imagen del empresario-emprendedor que difunde la Derecha y los sectores neoliberales de la Nueva Mayoría).
Respecto a ese modelo de corto alcance, los ciudadanos nunca hemos sido consultado. La democracia ha sido ‘baipaseada’ con complicidad del duopolio Derecha-Nueva Mayoría (aunque claro, a los ciudadanos de a pie se nos pide financiar igual ese modelo con nuestros impuestos!). Y por último, porque la manera en que las “forestaciones” han operado en Chile (con plantaciones que llegan al borde de los lugares habitados) han devenido en un factor decisivo para la generación de incendios forestales que como hemos visto en los últimos días han generado una catástrofe humana y medioambiental.
Todo lo anterior niega un hecho irrefutable que se ha querido mantener al margen de la imaginación de los ciudadanos: que es perfectamente posible un desarrollo forestal compatible con el habitad nativo (humano y ecológico) de nuestros territorios, discutido y aprobado democráticamente de cara al país.
Adjuntamos a esta columna la planilla enviada por Conaf (descargar en Excel) con el detalle de las bonificaciones pagadas hasta el 2016. Y planteamos una serie de preguntas sencillas que se desprenden de lo revisado: ¿qué misterioso fundamento permite que un decreto no “vigente” pueda ser utilizado en sus bonificaciones como si estuviese en ejercicio? ¿Quién es el responsable del vicio? ¿Es legalmente factible solicitar las devoluciones a las empresas correspondientes? Y es que la situación es absurda.
Las bonificaciones que otorga el DL 701 siguen entregándose cuando el decreto ya no está vigente y cuando la misma institución que nos entrega la información sobre la existencia de esos bonos, niega en su página web que eso sea posible. Hay una irregularidad grave con este decreto que tan mala historia ha tenido.
Alberto Mayol, Académico
Ricardo Camargo, Académico