Respuesta al fiscal Abbott

Tomás Mosciatti | Radio Bío Bío
Tomás Mosciatti | Radio Bío Bío

Señores lectores:

Hoy es necesario que nos refiramos a los dichos de unas de las principales autoridades de la República, el Fiscal Nacional Jorge Abbott.

En una entrevista concedida al diario La Tercera del domingo pasado, Abbott se refirió a las reuniones previas que tuvo con políticos cuando postulaba al cargo y dijo que yo he mentido al decir que en esas reuniones se negociaron cosas. Dijo que he mentido todo este tiempo, en forma descarada. Ante la pregunta del periodista de por qué no se querella, dice que me daría motivos para que me victimice. Agrega que una querella tendría un efecto contrario en la opinión pública. Pide, el fiscal Abbott, que yo acredite mis dichos. Reconoce, porque es de público conocimiento, la reunión que tuvo con Guido Girardi, donde participó el señor Eugenio González.

Partamos por lo menos importante. Es el Fiscal Nacional el que se victimiza al sentirse impedido de presentar una acción judicial, como puede hacerlo cualquier ciudadano. Los cargos servidos con dignidad no están sujetos a estos análisis, sino al imperativo de la justicia. No me esperaba un Fiscal Nacional atento a la opinión pública para defender la dignidad de su cargo.

¿Qué hemos dicho? Que el Fiscal Nacional, siendo candidato, se reunió con políticos. Que éstas fueron secretas. Y que en estas reuniones se habló de las investigaciones sobre el financiamiento de la política. Y que ahí se dieron ciertas seguridades.

Señores auditores: el fiscal no se reunió con académicos, se reunió con personas que tenían una doble condición: podían votar por él para elegirlo y podían ser objeto de investigación por el financiamiento de sus campañas con platas negras. El Fiscal Nacional cree que esto es normal. Nosotros creemos que es muy grave actuar a escondidas juntándose con posibles involucrados en investigaciones criminales. Estas reuniones no institucionales son contrarias a la legalidad.

Hay una instancia en que los candidatos pueden ser escuchados públicamente. De hecho, Jorge Abbott, el 15 de octubre de 2015, fue a la Comisión de Constitución del Senado donde expuso los principios de su candidatura y respondió preguntas. Lo notable es que eso no le bastó. No le bastó ni a él ni a los senadores. Yo le pregunto: ¿Por qué se reunió en forma secreta con políticos si existía esta instancia institucional? ¿Qué se habló en esas reuniones secretas que no podían tratarse públicamente en la Comisión del Senado?

Tengo una lista de preguntas al fiscal, pero sólo me remitiré a las siguientes:

¿Con qué parlamentarios se reunió cuando era candidato?

¿Con qué otras autoridades, o asesores, se reunió?

¿Se reunió con familiares de políticos o autoridades?

¿En qué lugares se produjeron estos encuentros?

¿Quién pidió estas reuniones?

¿Quiénes participaron?

¿Qué se conversó?

¿Habló sobre estos temas con abogados con influencias en la política? ¿Qué les dijo?

¿Tuvo alguna reunión frente a la Fiscalía Oriente? ¿Con quién?

El fiscal nacional debe aclarar las dudas, por el bien del país y del Ministerio Público.

En la reunión con Girardi participó Ciro Colombara, a la época asesor de Marco Enríquez-Ominami y defensor de Herman Chadwick el síndico de quiebras involucrado en el caso Caval. Estas cuestiones no le importan al fiscal.

De la reunión en la casa de Guido Girardi sólo se supo porque se filtró y la publicó The Clinic. Si no, no la conoceríamos. ¿Esta es la transparencia que el fiscal estima que nos merecemos?

Todos sabemos que una vez asumido el cargo, Jorge Abbott tomó rápidamente dos decisiones: sacó de sus cargos a los fiscales de los casos en que había más consecuencias políticas; a Sergio Moya del caso Caval y a Carlos Gajardo, del caso SQM. Y en este último caso, designó a un fiscal a tiempo parcial, que además vive y trabaja en otra región, Pablo Gomez. La segunda decisión es comunicar públicamente que quería “acotar y dar pronto término a las investigaciones sobre el financiamiento oculto de la política”. Dice que lo dijo para que estas investigaciones no “contaminaran el debate político o el libre ejercicio de la democracia”. O sea, da razones políticas para “acotar” -esta palabra la usó él- investigaciones criminales. A confesión de parte, relevo de pruebas.

Hubo una época en que el Ministerio Público tuvo otra actitud. ¿Recuerda cuando le dio un plazo de 48 horas al Servicio de Impuestos Internos para que le enviara los antecedentes de las empresas que habían reconocido haber recibido facturas falsas? ¿Qué queda de ese ministerio público, salvo palabras, promesas, y acusaciones de alguien que sólo debe dar respuestas?

No quiero aburrir y entrar en detalle acerca de las investigaciones que lleva el Ministerio Público. Pero es un hecho conocido que no a todos los involucrados en el caso de las platas políticas trata por igual. Acaba de ser condenada a una pena mínima la contadora que participó en la recolección de dinero de la campaña de Eduardo Frei. El beneficiado nunca fue siquiera llamado a declarar. Es sólo un ejemplo de lo mucho que hay de inexplicable.

Sin que el periodista se lo preguntara, Jorge Abbott dijo que en la reunión en casa de Girardi participó Eugenio González. Dice que no lo ubicaba. Raro. Es ampliamente conocido por los abogados que ejercen. Le dicen El Pingüino. Es un operador de algunos jueces de la Corte Suprema. No tiene oficialmente cargo ni sueldo. Se mueve entre bambalinas. ¿A título de qué lo nombra Abbott? ¿Quiere decir que esa reunión la organizó o contaba con la venia de algunos ministros de la Corte Suprema? ¿Quiere sugerir que ante un eventual juicio estaremos perdidos? Estamos ingresando ahora a los sótanos de la República, a los lugares donde no entra la luz y hay mal olor. Si me refiero a esto es porque Abbott entró a esto y son espacios a los que no tiene acceso ni usted, señor lector, ni yo.

Hace poco se supo que luego de denunciar un robo violento, sólo un 27 por ciento de los denunciantes fue contactado por el Ministerio Público. Un 68 por ciento no lo fue, quedó en el limbo, en un limbo permanente.

Por la legitimidad social, por su imagen y credibilidad es necesario que el Fiscal Nacional conteste las preguntas y haga su trabajo.