El diputado socialista Fidel Espinoza acusó tráfico de influencias en procedimiento policial realizado al interior del Liceo Agrícola de Río Negro, tras la detención de un menor sindicado como el autor del robo de un teléfono celular.

La acusación del parlamentario surge tras la celeridad de los funcionarios al realizar dicho procedimiento. “¿Fiscalía y Carabineros siempre actúan de manera tan pronta o sólo porque el afectado es hijo de un uniformado?”, cuestionó.

Conforme a lo planteado por el parlamentario, los funcionarios se trasladaron al recinto educativo para acoger la denuncia y en menos de una hora ya tenían resuelto el caso y a un menor de 16 años detenido.

Espinoza a través de un comunicado, planteó el hecho como una situación grave, ya que la efectividad del procedimiento no se ve reflejado en otras causas donde no hay un familiar de uniformado involucrado.

Ello, sumado a la presión que supuestamente ejerció la policía con la plana directiva y el profesorado que en primera instancia se oponían a la detención.

Por lo anterior, es que a través de la cámara de Diputados exigió una investigación exhaustiva para determinar si en la decisión de fiscalía de Río Negro primó el parentesco del afectado.

De la misma forma, emplazó a Carabineros en la zona a revisar sus procedimientos y el actuar de quienes integran sus filas porque insiste en que en el procedimiento antes mencionado, primó el parentesco, más que la gravedad del delito en sí.

Frente al cuestionamiento se refirió la Fiscal de Río Negro, Carolyn Konrad, quien en conversación Radio Bío Bío, explicó que ella estuvo a cargo de la formalización del menor, desestimando el que la víctima sea hijo de uniformado haya motivado todo un despliegue policial.

Conforme quedó estipulado en la carpeta fiscal, dijo la persecutora, existe un testigo del robo del teléfono celular por lo tanto no se trata de una detención antojadiza y que del punto referente al parentesco, se enteró posteriormente.

Respecto al supuesto tráfico de influencia en fiscalía, Konrad explicó que el ente persecutor jamás solicitó una orden de detención al magistrado de turno, ya que Carabineros una vez reunida la denuncia y el testimonio del quien presencia el hurto, actuó bajo la hipótesis de flagrancia, el cual le da autonomía las policías para la detención.

Si bien la aprehensión del menor fue declarada posteriormente ilegal, no fue precisamente por el actuar de la policía, finalizó diciendo la persecutora, sino más bien porque en el proceso de reunir evidencia, el colegio autorizó a Carabineros que se revisara el casillero del adolescente acusado y ello fue el punto rebatido y que determinó la resolución del juez de garantía.

En tanto el Diputado Socialista, aseguró que el menor deberá recibir terapia psicológica por parte la oficina de protección a la infancia por la “fuerte experiencia producida a raíz de una detención ilegal”.