Desde el 29 de septiembre que los funcionarios del Registro Civil e Identificación están en paro, y aún no hay señales de que se vaya a resolver.
Esto ha afectado gravemente a los ciudadanos de todo el país y también a extranjeros, debido a cientos de miles de trámites que no han podido realizarse, como obtener pasaporte y cédula de identidad.
¿Qué es lo que piden los empleados de la entidad? El motivo de la manifestación es para exigir que se les entregue un bono que, según afirman, el anterior ministro de Justicia, Juan Antonio Gómez (actual titular de Defensa), les había prometido.
Nelly Díaz, presidenta de la Asociación de Empleados del Servicio de Registro Civil e Identificación (Anercich), explicó en entrevista con Radio Bío Bío que Gómez habría prometido darles ese bono durante una actividad de aniversario en julio de 2014.
No obstante, en la ocasión el ministro no les dijo cuándo lo entregarían, no propuso fecha para discutirlo ni les precisó a qué monto de dinero ascendería, como reconoció la misma dirigenta en la entrevista. De esta forma, el beneficio no se ha concretado, y ahora los funcionarios reclaman que debería ser entregado como plazo máximo en 2016, cuando se cumplirán dos años desde que se los habrían ofrecido.
Desde La Moneda han recalcado que éste no es momento para entregar bonos, debido a que están realizando esfuerzos por ahorrar recursos fiscales debido a las complicaciones que ha tenido la economía nacional, provocadas principalmente por la recesión de China y la baja en el precio del cobre, la principal fuente de ingresos de nuestro país. Asimismo, anunciaron que no les pagarán a los trabajadores los días que no han laborado, debido a la paralización indefinida.
Nelly Díaz acusa “engaño” del Estado sobre sueldos
Nelly Díaz | Agencia UNO
Lejos de mejorar, la situación ha empeorado con el paso de los días. Esta semana, el Gobierno le pidió la renuncia a la ahora ex directora del Registro Civil, Teresa Alanis, y en su reemplazó asumió de manera transitoria y provisional Luis Acevedo, jefe de la Dirección General de Crédito Prendario (conocida como “Tía Rica”).
Además, el mismo viernes la dirigenta de los funcionarios del Registro Civil, sumó una nueva denuncia contra el Gobierno: afirma que en el sitio web de Transparencia le asignan como sueldo un monto mucho más elevado al que realmente recibe.
Efectivamente, en Transparencia se indica que Nelly Díaz recibiría un sueldo bruto de $1.450.539 mensuales. No obstante, ella acusa que eso es falso, ya que en realidad gana alrededor de $600 mil mensuales, razón por la cual anunció que demandará al Estado.
Transparencia
“Voy a presentar una demanda al Estado, porque está engañando a los usuarios. Sale $1.400.000 y fracción que gano. ¿Usted cree que si yo ganara eso, sería tan caradura para andar reclamando más mejoras?“, dijo en entrevista con Radio Bío Bío.
Sueldos del Registro Civil, según Transparencia
Al inicio del paro del Registro Civil, la entonces directora, Teresa Alanis, criticó a los funcionarios por exigir el bono, asegurando que el sueldo promedio de los trabajadores de ese servicio es de $1.200.000.
No obstante, en BioBioChile hemos calculado que, según las cifras que se entregan en el portal gubernamental de Transparencia, el mismo cuyos antecedentes han sido cuestionados por Nelly Díaz, el sueldo promedio de los empleados del Registro Civil es de $897.513 (brutos). Esto incluye a 3.301 funcionarios de planta y a contrata, considerando reemplazos y suplencias, cuyos salarios son consignados en el sitio público.
De hecho, 74,4% de los empleados (2.456) gana menos de $999 mil brutos, sin superar el millón de pesos.
Del total de 3.301 funcionarios que son consignados en Transparencia, sólo 116 son de planta, incluyendo reemplazos. Esto significa que el 96,48% de los empleados del servicio son a contrata, equivalentes a 3.185.
Funcionarios de planta
En el caso de los de planta, la mayoría corresponde a directores, oficiales civiles, jefes de departamento, abogados y algunos que realizan atención al público. En su mayoría reciben sueldos altos, debido al grado en que se encuentran en la escala de sueldos públicos.
En 2015 el Registro Civil gasta $171.153.287 mensuales en pagar sueldos a estos 116 funcionarios de planta, y su salario promedio bruto es de $1.475.459.
El detalle de los salarios (brutos) de planta, incluyendo personas que hacen reemplazos, es el siguiente:
Más de $3 millones: 11 funcionarios (9,5%%).
De $2.999.999 a $2.000.000: 10 funcionarios (8,6%).
De $1.999.999 a 1.000.000: 58 funcionarios (50%).
De $999.999 a $500.000: 16 funcionarios (13,8%).
$499.999 o menos: 21 funcionarios (18,1%).
Funcionarios a contrata
Víctor Salazar | Agencia UNO
Como ya mencionamos, los empleados a contrata en el Registro Civil son 3.185 en 2015. Esto equivale al 96,48% del total. Su sueldo promedio es de $876.464 brutos.
Los salarios (brutos) en detalle de los trabajadores a contrata son los siguientes en 2015, de acuerdo al portal de Transparencia:
Más de $3 millones: 5 funcionarios (0,1%).
De $2.999.999 a $2.000.000: 59 funcionarios (1,9%).
De $1.999.999 a 1.000.000: 702 funcionarios (22%).
De $999.999 a $500.000: 2.022 funcionarios (64%).
$499.999 o menos: 397 funcionarios (12%).
Paro ilegal
Como dato aparte, es relevante recordar que el paro de los funcionarios del Registro Civil es ilegal. Esto porque la Constitución Política de nuestro país prohíbe a los empleados fiscales irse a huelga.
Esto está estipulado en el artículo 19 de la Constitución, donde se establece que “no podrán declararse en huelga los funcionarios del Estado ni de las municipalidades. Tampoco podrán hacerlo las personas que trabajen en corporaciones o empresas, cualquiera que sea su naturaleza, finalidad o función, que atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, a la economía del país, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional. La ley establecerá los procedimientos para determinar las corporaciones o empresas cuyos trabajadores estarán sometidos a la prohibición que establece este inciso”.
No obstante, en nuestro país no existe ninguna entidad estatal encargada de fiscalizar que esto se cumpla.
