El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago formalizó a Corpesca, una empresa del grupo Angelini, en la calidad de persona jurídica por los sobornos que eventualmente habría pagado a parlamentarios.

En la audiencia que estuvo a cargo del juez Juan Opazo, el fiscal Julio Contardo dio cuenta de los dineros que se pagaron entre enero de 2010 a abril de 2013 y que alcanzan la suma de 231 millones de pesos en soborno.

Este monto habría sido repartido entre $176 millones para Jaime Orpis -senador que congeló su militancia en la UDI- y $55 millones para Marta Issasi –exdiputada-.

Este pago de sobornos a políticos tendría como objetivo incluir cláusulas en la Ley de Pesca a favor de la compañía.

Contardo destacó además que, en un eventual juicio oral, una de las sanciones contempladas es que esta compañía pierda sus concesiones pesqueras.

Waldo Bown, abogado de esta compañía, tras la audiencia, rechazó los cargos alegando que ellos no tenían conocimiento de estos ilícitos

El fiscal Contardo también adelantó que hay más empresas pesqueras que están siendo investigadas por el financiamiento ilegal en la política, añadiendo que las acciones ilícitas apuntaron a la responsabilidad de Corpesca en la falta de regulación que permitió el eventual pago de coimas a parlamentarios.

En su momento, Contardo explicó que “la solicitud de formalización que hemos requerido junto a la fiscal Ximena Chong dice relación con el incumplimento de los deberes que tienen sanción penal en esta normativa […] que permiten la convicción de los delitos que estamos investigando en esta causa, puntualmente los delitos de soborno“.

Matías Ramírez, abogado querellante en la causa, apuntó que esta formalización es un antecedente importante para intentar derogar o al menos reformar la Ley de Pesca en el parlamento.