Esta semana debiese reiniciarse la discusión en particular del proyecto de ley que busca despenalizar la interrupción del embarazo bajo tres causales específicas: inviabilidad fetal, riesgo de vida de la madre y violación. La discusión en torno a este proyecto de ley, al igual que sucedió con la Ley de Divorcio y el Acuerdo de Unión Civil, demuestra una vez más que nuestros parlamentarios no siempre legislan en función del bien común de todos los chilenos, sino que en función de sus propias cosmovisiones de índole religiosas, que si bien son respetables, no pueden imponerse sobre quienes no comparten el mismo credo.
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