Sólo en las palabras se quedaron los anuncios grandilocuentes, respecto que las medidas contra la corrupción política resultarían dolorosas para la clase política, porque en la práctica, pese a que desde hace meses se han conocido y reconocido diversas irregularidades cometidas por parlamentarios, en ninguna de las dos Cámaras del Congreso se han establecido sanciones, ni siquiera simbólicas, contra los honorables que son objeto de investigaciones judiciales en curso.
La inconsistencia entre los hechos y las palabras es tan evidente y vergonzosa que, pese a los emplazamientos de lado y lado que se hacen a través de los medios, ni siquiera de oficio los cuestionados que han reconocido aportes irregulares de campaña, han debido explicar sus indecorosas acciones para financiar sus costosas vidas políticas.
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