El Fiscal de Rancagua, Luis Toledo, señaló que se encuentra analizando la lista de querellados por el Servicio de Impuestos Internos, entre las que se encuentra la nuera de la presidenta.

Toledo dijo que espera iniciar las formalizaciones lo antes posible, pero que antes debe definir si los 6 nombrados en la lista del SII serán procesados o sólo algunos de ellos, lo que sería anunciado en la audiencia del 29 de enero.

La querella del SII menciona antecedentes que deben aún ser recabados, señaló Toledo, quien además solicitará documentos a otros organismos públicos para tomar una decisión.

Las declaraciones del fiscal se dan tras la finalización de la comisión Caval II de la Cámara de Diputados, donde concluyeron que la empresa de Natalia Compagnon y su socio Mauricio Valero era “una suerte de empresa de lobby”, acusándola de tráfico de influencias.

Las conclusiones de la comisión recibieron el respaldo de diputados de oposición y de la Nueva Mayoría, tras acordar que no se criticaría a la presidenta Michelle Bachelet por la conducción política del caso, pero sí al Gobierno.

Desde la oposición, en tanto, la diputada Marcela Sabat se mostró conforme con el avance de la investigación, mientras que su par Felipe Ward, insistió en que esperan la formalización del hijo de la presidenta, Sebastián Dávalos.

La formalización del exdirector sociocultural de la Presidencia es una opinión que comparte Mario Zumelzu, abogado querellante en la causa, quien apuntó a Dávalos Bachelet como “cómplice o encubridor” de los delitos que habría cometido su esposa.

Por otra parte, el abogado Hugo Zamorano, defensa del ex seremi de Vivienda de la Región de O’Higgins, Wilfredo Valdés, ya no pedirá su sobreseimiento, argumentando que tienen que analizar los antecedentes, ya que se encuentran bajo un nuevo escenario.

Tras los pasos de Luksic y Bachelet

El fiscal Toledo ofició bajo reserva al OS-9 de Carabineros para que identifique los números telefónicos que a fines de 2013 – época del préstamo de mil 500 millones – usaron el vicepresidente del Banco de Chile, Andrónico Luksic, y la entonces candidata presidencial, Michelle Bachelet, según consignó La Tercera.

La diligencia pidió la obtención de teléfonos celulares correspondientes a plan y prepago utililizados entre septiembre y diciembre de ese año, donde también se incluye a Compagnon y Dávalos.