Se ha iniciado un nuevo proceso constituyente y ante eso cabe preguntarse, como comunidad LGBTIA+, cuáles debiesen ser nuestros desafíos al respecto. Asumiendo la imposibilidad de tener una posición única y representativa de, ello no obsta a plantear la necesidad y defensa de posiciones: acá me refiero, brevemente, a la necesidad de ser parte activa del mismo.

Las justas demandas de la comunidad LGBTIA+ ya sostienen, en el plano del proceso en sí y quiénes lo ejecutarán, un retroceso material y simbólico: el debilitamiento de candidaturas que abiertamente sean parte de las disidencias sexuales y de géneros, y que lleven voz y acto a nuestras luchas históricas, es una característica ineludible del proceso que debiese desde ya alertarnos sobre los posibles resultados del mismo. Lejos de ser una cuestión meramente identitaria (con el sentido despectivo que muchas veces se le otorga dar precisamente a nuestras identidades), sí es una cuestión política de visibilidad, pero por sobre todo material: la oportunidad de que un nuevo pacto constitucional considere e incorpore los derechos de la comunidad LGBTIA+ para avanzar hacia una vida libre de las distintas formas de violencia contra nosotres. De mayor importancia es cuando desde el conservadurismo, pero también sectores autodenominados progresistas, se buscó responsabilizar a las luchas LGBTIA+, feministas y de pueblos originarios por la derrota del 4 de septiembre de 2022.

Así, y con independencia de las críticas en torno al nuevo proceso constitucional (muchas de las cuales, de hecho, comparto), éste no es una posibilidad, es una realidad, y en ello es preciso sostener qué rol cumpliremos y cuáles serán las demandas sociales que se verán reflejadas en la nueva Carta Constitucional. Una posición que renuncie a la disputa de dicho proceso, por legítimas que sean sus bases argumentativas, corre el riesgo de permitir que la nueva carta constitucional represente especialmente el interés conservador, ya ni siquiera de restauración de un sentido común pre revuelta popular, sino una profundización institucional del mismo.

La Constitución Política de un país, funcionando como la herramienta jurídica por excelencia para el sostén y legitimidad del (modelo de) Estado, es también una herramienta ideológica que moldea el presente y futuro del comportamiento social. Renunciar a su disputa es renunciar a una vida mejor para la clase trabajadora y los grupos históricamente discriminados y vulnerados por el Estado y el privado. Siendo la Carta Magna la cristalización de las correlaciones de fuerza sociales de un período histórico, abdicar a la disputa del proceso es dejar en la historia una derrota de proporciones cuyas consecuencias durarán décadas.

En dicho sentido, las normas que se establecieron en el borrador del anterior proceso constitucional son un avance sobre el cual debiésemos volver a insistir, más que formalmente, en términos del respeto a sus objetivos: en general, la igualdad, no discriminación y no sometimiento que asegure no sólo un deber de abstención de un actuar perjudicial basado en orientación sexual, identidad de género o características sexuales, sino un actuar prescriptivo al Estado; y, por otro lado, derechos como los de vivir una vida libre de violencia, el derecho a la identidad, a formar diversas formas de familia, y la protección de las niñeces y la adolescencia como elementos claves que pueden integrarse a través de derechos más amplios que protejan a toda la población sin distinción.

¿Por qué es importante que aquello esté referido en forma expresa? Porque allí donde se privilegian principios o valores por sobre normas, opera la interpretación judicial y es el juez o jueza quien tiene un marco discrecional para ampliar o suprimir derechos. Mayor abertura es renuncia a la política de Estado, a la política pública.

Pero también debemos cumplir un rol activo desde el mismo proceso, donde hagamos que las distintas candidaturas deban responder por cuáles son sus perspectivas hacia nuestras justas demandas y qué rol cumplirán en el proceso con respecto a aquellas. Politizar el debate, volviendo a poner en nuestros círculos sociales la necesidad de que la nueva Constitución sea para las mayorías empobrecidas y oprimidas de nuestro país. Que los avances no nublen nuestro juicio con respecto a los riesgos que representan los discursos de odio, ya que el andar civilizatorio no es necesariamente progresivo: ya existen y seguirán existiendo candidaturas que buscarán retrotraer nuestros derechos. Respirar hondo e intentar poner nuevamente el esfuerzo en el proceso, sin olvidar nunca lo que sigue estando en juego.

Leonardo Jofré Ríos, Consejero Regional Metropolitano.

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