Suena a majadería, pero sin duda la seguridad pública es uno de los temas que actualmente preocupa a la ciudadanía, la cual está siendo insostenible tras hechos de violencia rural, narcotráfico, delincuencia y terrorismo, que al principio veíamos lejano porque estaban concentradas en otras regiones y países, pero con el paso del tiempo, se extendió hasta la región de Los Ríos y en todo Chile, con las consecuencias y afectaciones directas para las víctimas, así como a la población en general.
Son distintos los actores políticos que coincidimos en que existe una crisis en materia de seguridad pública desde varios años y así también lo han descrito desde el Gobierno, pero ¿Qué se está haciendo para revertir esta crisis?.
Cuando hablo de seguridad pública me refiero no solo a delitos como homicidios, robos violentos, narcotráfico, uso de armas de fuego, entre otros, sino que también los ataques terroristas, donde fueron intimidados personas, quemas de maquinarias, vehículos de transportes, estructuras y construcciones habitacionales y de trabajo, que han provocado una sensación de abandono por parte de las autoridades, con una manifiesta falta de acción y una completa indefensión en que quedan las víctimas.
Ello motivó que parlamentarios de diversos sectores, así como autoridades locales de la región de Los Ríos, insistamos al Gobierno, a través de la Ministra del Interior y Seguridad Pública para que decrete la medida de Estado de Excepción Constitucional de Emergencia para la zona, para de este modo contar con mayores herramientas para frenar estos actos que afectan a la grave alteración del orden público y seguridad de nuestra región. Lamentablemente el Gobierno no escuchó el sentir de las víctimas y no entienden realmente lo que está ocurriendo en nuestra región, puesto que se dedican a condenar la violencia con frases muy bien escogidas, pero no toman ninguna medida concreta, porque nadie contrarresta su poder y el gobierno solo les abre la cancha para que sigan aterrorizando a la población.
También lo dije en varias ocasiones, está bien tomar medidas de control, de aumentar la dotación de Carabineros, pero se requiere que el Estado refuerce su labor de inteligencia y de este modo adelantarse a los ataques. No basta con aplicar querellas, si bien es una herramienta jurídica que funcionaría en caso de aprehender algún responsable, ello no es suficiente. De hecho, en la región no sabemos que éstas tengan un efecto positivo en la persecución de este tipo de delitos.
Es cierto, ya sabemos que este fenómeno está creciendo, pero también preocupa la baja capacidad de respuesta de parte de las instituciones del Estado. Espero que el Gobierno ponga atención a todo lo que está ocurriendo, y situaciones que hemos lamentado en las comunas de Río Bueno, La Unión, Lanco, Máfil y, recientemente, en las comuna de Panguipulli y Valdivia, donde se evidencia la agresividad con la que actúan estos grupos sabiendo que no existe un coto y donde las víctimas y afectados directos, como la ciudadanía en general, esperan mano firme en contra de estos violentistas que solo generan sensación de falta de seguridad y protección.
