Esta semana se pone fin al estado de excepción en el cual ha estado Chile por más de un año producto del desastre que ha generado la pandemia por Covid-19.

Si bien es cierto que esta condición implica una serie de restricciones que coartan la libertad de desplazamiento y de reunión, el estado de excepción implica mucho más que eso.

Una de las cosas más importantes y que todos identifican bajo este estado es que las Fuerzas Armadas (FFAA) y de Orden y Seguridad Pública que se encuentren en la zona, asumen el mando, para los efectos de velar por el orden público y de reparar o precaver el daño o peligro para la seguridad nacional que haya dado origen a dicho estado. Ya vimos esta figura para el terremoto del 27 de febrero del 2010, donde las FFAA tomaron el mando y pudieron controlar la situación de saqueos que se estaban dando en varias comunas de la zona afectada. Sin embargo, en este caso, el control de la emergencia no pasó a manos directas de las FFAA, si no que el Ministerio de Salud fue el que dirigió las decisiones necesarias para controlar el desastre, al que posteriormente, y por la naturaleza del desastre sistémico, se fueron sumando otros servicios como el Ministerio del Interior, Educación, Economía y Hacienda, entre otros.

Sin embargo, hay otras atribuciones que implica este estado y que no suelen mencionarse en situaciones de desastres: la facultad de adoptar todas las medidas extraordinarias de carácter administrativo que sean necesarias para el pronto restablecimiento de la normalidad. Esto incluye la re-destinación de presupuestos asignados para otros fines, para la superación de la emergencia. Esto quiere decir, en términos simples, que la “billetera de Chile se abre” ante el desastre, por lo que se pueden destinar recursos frescos para la combatirlo. Sin el estado de excepción, la re-destinación de fondos fiscales implica la aprobación por parte de la Contraloría General de la República, la que puede tardar hasta seis meses o más en responder, tiempo demasiado largo frente a una respuesta en situaciones de desastres. Así, los recursos destinados a la compra de vacunas, implementación de residencias sanitarias, hospitales de emergencia y otras medidas que fueron implementadas no se habría podido hacer de manera rápida como se hizo. Por lo tanto, es posible de esperar que una serie de beneficios y medidas implementadas por el Estado, se vean afectadas al quitar el estado de excepción constitucional.

En Gestión de Riesgo de Desastres, una vez superada la emergencia (que equivale a la normalización de los servicios básicos y algunas actividades cotidianas), viene la hora de la reconstrucción, que en este caso, más que construir casas, debe enfocarse en levantar un país con una crisis económica producto de la pandemia, reconstrucción que comienza sin haber finalizado completamente la emergencia, dado que, si bien los niveles de contagios están bajos, aún la OMS duda que una alta vacunación detenga por sí sola la pandemia, lo que es un claro indicio que el desastre aún no termina.