La discusión de un tercer retiro de las AFP repone el debate sobre la crisis producida por la pandemia, quiénes deben pagarla y el posible “daño” que este retiro generaría a las pensiones futuras.

Hasta ahora, y frente a la inacción del Estado, las y los trabajadores han usado sus propios ahorros, o dicho de otro modo, han pagado la crisis. Con la vuelta de las cuarentenas, esta situación se vuelve todavía más crítica para las y los pequeños comerciantes en comunas en fase 1 y fase 2, puesto que no podrán trabajar. Irónicamente, la fuerza laboral paga la crisis con sus ahorros mientras las utilidades de las grandes fortunas van en aumento.

Es cierto que el tercer retiro no es la solución ideal: las y los trabajadores siguen pagando la crisis en ausencia de una respuesta solidaria y colectiva. Aparte, tiene múltiples problemas, destacando que más de 3 millones de personas simplemente carecen de fondos. Pero negarse sería injusto: son recursos de las personas ilegítimamente capturados por las AFP; es su derecho disponer de ellos.

Con toda lógica, las AFP rechazan el tercer retiro. Pero llama la atención aquellos argumentos que se invocan contra el “individualismo” y el “cortoplacismo”, restringiendo la libertad de las personas de retirar sus fondos. Este argumento supone aceptar que las AFP sí son un sistema de pensiones y una institución de responsabilidad colectiva, cuestión que quisiéramos rebatir. En realidad, son un seguro privado, equivalente a una Isapre. Con independencia de la pandemia, una gran mayoría de los cotizantes en AFP recibirá una pensión bajo la línea de la pobreza.

Tras la dicotomía entre individualismo y solidaridad, lo que queda es un debate mucho más de fondo. En su sentido original, las pensiones constituyen un instrumento para enfrentar solidariamente la relación entre las personas activas y las inactivas en la economía. En el caso chileno, con uno de los neoliberalismos más extremos del planeta, este problema se “resuelve” bajo un estatuto de responsabilidad individual. En el sistema de AFP, es el trabajo pasado y su salario el que paga las pensiones futuras, donde las condiciones laborales y la inversión especulativa de las administradoras son determinantes para explicar el mediocre monto que recibe la mayoría. Un proceso en el que el gran empresariado no solo se enriquece con nuestro trabajo presente, sino que también con nuestro trabajo pasado y futuro.

Es decir, en Chile no hay una institución que colectivamente se haga cargo de la relación entre los activos y los inactivos en la economía. Esta crisis, que también llega a la educación, como espacio de la infancia y la juventud, ha terminado en procesos de privatización tanto de la juventud como de la vejez y la vida en general.

Sin embargo, hoy, a medida que aumenta la expectativa de vida y el tiempo de escolaridad, es fundamental repensar el equilibrio entre quienes se encuentran “activos” e “inactivos”, incluso, en la pertinencia misma de tales categorías. Hoy el cuidado ya no es ni debe ser un aspecto reducido al ámbito íntimo ni responsabilidad de las mujeres, sino una preocupación social y pública relevante. Por lo que, si bien es necesario superar el estado actual profundamente privatizado, nos toca abrir el futuro, no reproducir el modelo del pasado.

En Chile la tasa más alta de suicidios se concentra en los mayores de 80 años. El premiado filme “El Agente Topo” nos recuerda la realidad de la vejez con un retrato lúcido, reconocido incluso fuera de nuestras fronteras. Es que no solo tenemos una crisis de pensiones: hay una crisis de la vida y del papel de la vejez en la sociedad. Dicho de otro modo: nos han conculcado el derecho a ser viejos.

Enfrentar el problema de fondo de las pensiones supone hacernos cargo de la vejez como momento legítimo y creador de la vida, lo que a su vez supone repensar el modelo de sociedad que queremos tener, desde la salud, los cuidados, las condiciones de la finalización de la vida, el tiempo libre, la educación, etc. La reproducción de la vida no puede depender únicamente de un monto determinado, émulo del salario, sino de cómo colectivamente abordamos esas etapas creando, por ejemplo, precios diferenciados, sistemas integrados de atención y cuidado, políticas de vivienda especiales. El desafío frente a las pensiones es construir un sistema integrado de vida digna. Ciertamente en ese horizonte debemos abandonar la quimera de que es sostenible un sistema de pensiones sólo o principalmente basado en ahorros individuales, y asumir la realidad que necesitaremos mucho más que una pensión, y que deben combinarse aportes colectivos, inversión pública y aportes individuales.

En suma, la dicotomía entre capitalización individual y reparto no agota el problema que enfrentamos. El sentido de los sistemas de reparto, su orientación solidaria y colectiva, debe proyectarse hoy en un sistema mucho más complejo e interconectado de soporte, garantías y certezas para la vida, desde el nacimiento a la muerte. Luego, el ahorro colectivo debe ser base no de la acumulación de grupos privados rentistas, sino apuntalar una inversión pública que modernice y desarrolle nuestra economía. Ello porque la vejez y la juventud ya no son los “parientes pobres” del tiempo de trabajo, sino que ganan centralidad como tiempo legítimo y creador de vida, como espacio de realización de actividades significativas, como tiempo de felicidad y participación activa en la sociedad y sus procesos políticos. Debemos construir el país en que ello es posible, y por ende, el ahorro colectivo no solo ha de estar al servicio de cada uno por separado, en la forma de pensión, sino de los intereses colectivos generales, de las instituciones públicas que los han de garantizar y de la economía que los debe realizar.

Se deben repensar los instrumentos -de pensiones u otros- como partes integrantes de una totalidad, donde el Estado asuma un rol de articulación y coordinación, pero donde la sociedad organizada tenga poder de determinación. En estos espacios y momentos las personas no solo han de recibir “servicios”, sino que deben poder producir sociedad y vida: ser personas y no solo clientes o usuarios. Una institucionalidad que mira a la sociedad como un todo, que se ocupe del bienestar de todas las personas, y no solo de grupos focalizados. Solo así podremos estar a la altura de los desafíos del Chile del siglo XXI.

Camila Rojas Valderrama, Diputada Región de Valparaíso

Carlos Ruiz Encina, Fundación Nodo XXI y Candidato Constituyente D10