Este 17 de octubre, el mundo conmemora el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza y este año en particular no solo nos llama a la reflexión, sino también a la acción colectiva, para enfrentar colaborativamente el retroceso en materia de pobreza y también el avance del país en materia democrática ad portas del plebiscito sobre nueva Constitución.

El informe económico de la Cepal entregado la semana pasada es perentorio: hay que estar preparados, el retroceso es mayor al que imaginábamos y las claves de la recuperación están en la política fiscal. Asimismo, la Encuesta Social Covid-19 del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y PNUD y aplicada por el INE, que levantó información sobre 4.426 hogares reveló que el impacto social de la pandemia ha sido devastador en el empleo y los ingresos de las familias: un 59.4% de los hogares disminuyó sus ingresos y al 48,8% de ellos no le alcanza para llegar a fin de mes.

Y de esos hogares los más afectados son aquellos con jefatura femenina y donde hay niños, niñas y adolescentes. Comunidad Mujer ha señalado que el retroceso para las mujeres en materia laboral es de al menos una década. Por ello, la recuperación debe impactar positivamente al empleo femenino, de lo contrario demorará mucho más y causará un daño irreparable. Parecen sólo cifras, pero detrás de ellas —bien sabemos nosotros— hay rostros, historias, miedos y sueños. Eso no lo podemos olvidar nunca.

La recuperación debe considerar el fortalecimiento de las economías y de los gobiernos locales, la revitalización de las zonas rurales. Es la oportunidad de incentivar la sustentabilidad medioambiental y social en los territorios del país. La recuperación debe ser también a escala humana y local, porque ahí se está reintegrando el tejido social, que sin mayor burocracia ha articulado y gestionado ayuda humanitaria a sus comunidades: esto demuestra que mayor cohesión social nos permite ser fuertes ante la adversidad y nos permite restituir la confianza como sociedad.

Hoy, además, no podemos olvidar a la niñez y adolescencia, grupo históricamente excluido. A pesar de que se aseguraba que no eran “población de riesgo” en esta pandemia, han vivido implacablemente los efectos de ella, especialmente en contextos de pobreza. El panorama es preocupante: el encierro, la incertidumbre, el miedo y el hacinamiento, funcionaron como caldo de cultivo para la violencia —muchos estuvieron confinados con quienes ya eran sus agresores. Y la exclusión escolar —ocasionada por la brecha digital, el trabajo infantil, entre otros factores— vivirá un alza impensada para nuestro país.

Ante este escenario, urge tomar medidas, pero sobre todo escucharlos: las niñas, niños y adolescentes deben ser los protagonistas de las decisiones para transformar sus realidades, y todos quienes trabajamos por y con ellos debemos abogar porque así sea.

Al mismo tiempo, se hace urgente implementar medidas que vayan en apoyo y fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil de nuestro país, para que puedan continuar acompañando y colaborando con las comunidades con las cuales trabajan a diario. Esto, entendiendo que las OSC son parte fundamental en la construcción de una sociedad más democrática y equitativa, movilizan espacios de articulación y colaboración entre Estado, empresas y sociedad y construyen una voz que permite poner los temas sociales en la agenda nacional. No podemos permitir que esta fuerza social se diluya en medio de la pandemia.

Nuestro país atraviesa múltiples crisis de manera simultánea, son millones de personas que experimentan una inmerecida acumulación de desventajas en sus vidas por generaciones. Estamos frente a un momento inédito en varios sentidos, se cumple un año del estallido social, y nuestra responsabilidad como sociedad es trabajar incansablemente para revertir la crisis de confianza que ha fracturado nuestra sociedad y nuestra convivencia.

Por todo esto y más, nuestro llamado es a actuar, a movilizarse, a conectarse. Somos muchas las organizaciones sociales comprometidas con el desarrollo de nuestro país, pero la situación actual nos vuelve a enrostrar que nuestro trabajo está lejos de ser suficiente. Si bien gran parte de nosotros modificó e innovó para seguir trabajando, debemos llegar a más lugares, a más personas, muchos de ellos olvidados y relegados por años. La deuda de la vida digna y justa para las personas —especialmente mujeres, niños, niñas y adolescentes que viven la exclusión— será impensada y tenemos la responsabilidad, como organizaciones de la sociedad civil, de disminuirla y, sobre todo, de acercar y permitir que sean escuchados, valorados e incluidos en las decisiones.

Pero solos no podemos. Por eso, hacemos un llamado al Estado a una escucha activa y a estar disponible para actuar colaborativamente, para avanzar en diseños de política pública pertinentes a nuestra diversidad cultural y territorial, a modificar y re pensar los dispositivos de protección social para que nunca más lleguen tarde frente a necesidades vitales como el hambre de miles de compatriotas.

Y también al sector privado: su aporte es crucial y hoy más que nunca Chile necesita que se sumen con fuerza a los esfuerzos público-privados, con confianza, apertura y escucha para entender el nuevo Chile y las distintas manifestaciones de la pobreza. Solo si trabajamos en conjunto podremos estar a la altura de lo que Chile, y sobre todo quienes viven los efectos de la desigualdad, necesitan.

La participación electoral que tengamos desde este 25 de octubre y en todas las fechas electorales que vienen, es fundamental para fortalecer la democracia. Y todos los sectores debemos promoverla. Un nuevo ecosistema político debe ser capaz de sacar lo mejor de lo nuestro y promover la toma de decisiones que afectan directamente a las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad, con la participación de la gente, de la ciudadanía activa.

Tomar buenas decisiones hoy para la recuperación, para restituir la confianza social y para fortalecer la democracia son los primeros pasos de un nuevo pacto social, que construya las bases de nuestro futuro común.

Catalina Littin, Fundación Superación Pobreza-Servicio País
Hans Rosenkranz, Comunidad Organizaciones Solidarias
Magdalena Valdés, América Solidaria