Opinión
Con la creación de las AFP se hicieron lucrativos negocios
Publicado por: Tu Voz
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En el a√Īo 1980 se cre√≥ el Instituto de Normalizaci√≥n Previsional (INP), organismo p√ļblico encargado de pagar las jubilaciones de aquellos trabajadores que tuvieron la buena decisi√≥n de no cambiarse al pregonado, en plena dictadura, sistema de capitalizaci√≥n individual de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) originado con el DL 3.500 noviembre de 1980.

Tiempo después el INP cambió de nombre y en la actualidad se llama Instituto de Previsión Social (IPS) que atiende a tales pensionados que cotizaban sus imposiciones en las numerosas y antiguas cajas de previsión, hoy inexistentes. Debemos tener presente que el ex INP como su continuador IPS pagaban y pagan, respectivamente, las pensiones a través de un sistema de reparto al igual que Capredena institución que atiende a los uniformados que se retiran de las FFAA y Dipreca que asume el mismo rol con los uniformados de Carabineros y Gendarmería. Claro que las millonarias pensiones de Capredena y Dipreca, por razones más que obvias, se financian en un altísimo porcentaje con dineros del Estado.

En esta ocasi√≥n damos a conocer una situaci√≥n demostrativa del t√≠tulo de esta columna de opini√≥n y para ello nos valemos del sitio ambientalista Terram que reproduce una noticia publicada el 13/01/17 en el diario El Mercurio de Valpara√≠so, en donde se da cuenta del anuncio de la sociedad inmobiliaria Reconsa en orden a que iniciar√° acciones judiciales en contra del Estado pidi√©ndole una indemnizaci√≥n de $ 79 mil millones por la declaraci√≥n del Santuario de la Naturaleza Dunas de Conc√≥n territorio que, formando parte de uno bastante m√°s amplio situado entre Re√Īaca y Conc√≥n, V Regi√≥n de Valpara√≠so, le fue vendido por el Estado en condiciones muy ventajosas y en trato directo durante la dictadura a 2 empresas, una de ellas Reconsa, afines a ese gobierno de facto.

Obviamente somos partidarios de que se rechace esa obscena pretensión comercial de empresarios acostumbrados a ganar a todo evento, aprovechando la debilidad consuetudinaria del Estado.

Pues bien, obran en nuestro poder copia del Decreto Supremo N¬ļ 481 del 05/08/93 que declar√≥ la protecci√≥n √≠ntegra del campo dunar de 50 hect√°reas y copia del Decreto Supremo N¬ļ 106 del 09/03/94 que redujo a 12 hect√°reas ese resguardo ambiental (sic), ambos del Ministerio de Educaci√≥n en su calidad de superior del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN).

El 14 de febrero de 2005, le solicitamos una entrevista al director del IPS para que nos explicara lo que hab√≠a sucedido con las dunas, a la luz del gravamen que garantizaba la deuda de sus propietarios con su servicio p√ļblico. La reuni√≥n no se realiz√≥, pero Ernesto Evans, su director nacional, nos contest√≥ por escrito el 7 de marzo de 2005, dici√©ndonos que el INP, continuador legal de la ex Caja de Previsi√≥n de Empleados Particulares, ‚Äúa√ļn mantiene hipotecas sobre el predio mencionado, constituidas por la Sociedad Urbanizadora Re√Īaca Conc√≥n S.A. (Reconsa S.A.) toda vez que las deudas y obligaciones por las cuales se establecieron dichos grav√°menes se encuentran actualmente vigentes‚ÄĚ

Estamos hablando de una venta del Estado a privados, formalizada v√≠a escritura p√ļblica del 24 de septiembre de 1979, en la √©poca que no se mov√≠a una hoja sin el consentimiento del capit√°n general y hasta donde sabemos esa deuda, extra√Īamente reducida en un alto porcentaje, se pag√≥ el 28 de octubre de 2008.

¬ŅC√≥mo se gest√≥ este oportunista negocio?

Con el benepl√°cito de Jos√© Pi√Īera, ministro del Trabajo y Previsi√≥n Social de esa √©poca, el 24 de septiembre de 1979 la Constructora Nacional de Viviendas Neut Latour del empresario Francisco Soza Cousi√Īo y Edmundo P√©rez, Sociedad Colectiva, de los hermanos P√©rez Yoma, le compraron a la ex Caja de Previsi√≥n de Empleados Particulares, la totalidad de los derechos que a √©sta le correspond√≠an en las Sociedades Constructoras de Viviendas Econ√≥micas Empart Ltda. N√ļmero Uno y N√ļmero Cinco. La deuda original de los privados con el Estado era de UF 940.000.

Las deudoras del Estado eran inicialmente la empresa constructora Egeco S.A. continuadora de Neut Latour y Edmundo P√©rez Sociedad Colectiva, las que tuvieron deficientes comportamientos de pago. Las garant√≠as hipotecarias, consistentes en diferentes terrenos (680 hect√°reas) localizados entre Re√Īaca y Conc√≥n, se formalizaron el 17/05/83 en favor del INP y el 22/07/88 se constituy√≥ la sociedad an√≥nima cerrada Reconsa a la cual Egeco le aport√≥ la totalidad de los bienes ra√≠ces hipotecados, asumiendo aquella la calidad de codeudora solidaria de Egeco para garantizar el pago de la deuda.

Con fecha 26/01/94, Jorge Norambuena, director (s) del INP se dirigió a los miembros del Consejo de Monumentos Nacionales, destacando que la deuda de Egeco y Reconsa, a esa fecha, era UF 725.000, sin considerar intereses e insistiendo que la declaración de Santuario de la Naturaleza implicaría un grave e irreversible perjuicio para el INP y, por ende, directamente al interés fiscal. Hay que preguntarse si Norambuena decía eso porque así lo sentía o porque actuaba por presiones superiores de algunos prohombres del primer gobierno de la Concertación.

Despu√©s de una serie de transacciones entre el Estado y el privado el 31/12/97 se pag√≥ el capital de la deuda, quedando pendiente el pago de los intereses. Respecto a este monto de dinero adeudado, se determin√≥ que al 01/03/05 alcanzaba la suma de UF 653.597 y debido a los reiterados incumplimientos de pago de la deudora, el ente p√ļblico se vio en la obligaci√≥n de interponer una demanda en el 3er. Juzgado Civil de Santiago, en juicio ejecutivo, cuyo objetivo era recuperar el dinero por concepto de intereses que la empresa desconoc√≠a.

Sin embargo, el deudor opuso la excepción de pago de la deuda, la que fue acogida por el tribunal y a continuación se alzaron los embargos y días después, pendiente el fallo de la apelación presentada oportunamente por el ex INP, las partes acordaron una nueva e injustificada transacción que significó una reducción de la deuda en UF 373.597, con lo cual la nueva suma adeudada alcanzó a sólo escasas UF 280.000 (*), las que finalmente fueron pagadas por las deudoras (Egeco y Reconsa) el 28 de Octubre de 2008.

La declaratoria de Santuario de la Naturaleza de estas dunas, ante la presi√≥n ejercida por sus due√Īos para que el Decreto Supremo del a√Īo 1993 no tuviera efecto, fue defendida con correctos argumentos por Jorge Arrate, ministro de Educaci√≥n, y con acopio de fundados antecedentes legales exhibidos por el abogado Pedro Pierry, quien en esta controversia, representaba al Consejo de Defensa del Estado (CDE) en el CMN.

Pero la poderosa retroexcavadora neoliberal pas√≥ por encima de esas autoridades y as√≠ fue como con el Decreto Supremo del a√Īo 1994, objetado por la Contralor√≠a General de la Rep√ļblica, se redujo dicho Santuario, privilegi√°ndose entonces los intereses mercantiles de las constructoras. El jurista Pierry, a√Īos despu√©s, fue ministro de la Corte Suprema hasta que jubil√≥ por edad el a√Īo pasado.

Todo lo descrito en este op√ļsculo, el firmante del mismo se lo ha dado a conocer al presidente del CDE y adem√°s lo expuso en una charla llevada a cabo en el Senado, con la presencia de acad√©micos, ciudadanos y parlamentarios. Ahora esperamos que los tribunales rechacen de plano la demanda de la temeraria Reconsa por ser bastante descarada y por lo tanto, improcedente. El ejemplo que hemos dado debe motivar a los diputados para que ejerzan las fiscalizaciones de rigor y as√≠ conocer, aunque opera la prescripci√≥n, lo sucedido con el patrimonio de las otras tantas cajas de previsi√≥n.

Para transformar los montos en UF se√Īalados en esta columna, m√°s a√ļn para conocer en pesos y en d√≥lares el obsequioso e injustificado descuento del IPS a la empresa privada mencionada, se deben considerar las siguientes cifras :

UF= $26.340
Dólar= $660
UF= US$40

Patricio Herman

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