Presidente Kast: esto es lo que necesita el carabinero de calle

En menos de dos semanas, Chile ha vuelto a vestirse de luto por la muerte de carabineros que cumplían con su deber . Detrás de cada uniforme hay una historia, una familia, hijos, padres, esposas, esposos y seres queridos que esperan algo tan sencillo como profundo: que ese carabinero vuelva a casa.

Y cuando un carabinero no vuelve, el dolor no termina en el lugar donde ocurrió la tragedia. Comienza para siempre en una familia.

Por eso, frente a estos hechos, hay una pregunta que como chilenos debemos hacernos: ¿qué necesita hoy el carabinero de calle para poder cumplir su función y volver seguro a casa?

No es una pregunta menor. Tampoco puede responderse solamente desde un escritorio.

Durante los últimos días he podido conocer distintas inquietudes provenientes del entorno de Carabineros de Chile y de sus familias. No pretendo que ellas representen por sí solas la realidad completa de una institución tan grande y diversa. Pero sí creo que son suficientemente importantes como para que las autoridades las escuchen, las estudien y determinen qué debe ser corregido. Porque cuando una preocupación aparece una y otra vez, ignorarla no es una alternativa.

Las remuneraciones son, por supuesto, una de las materias centrales. Resulta difícil comprender que un cabo segundo, después de varios años de servicio, 8 por ejemplo, pueda mantener una remuneración que no parece guardar proporción con su experiencia, responsabilidad y exposición permanente al riesgo. También resulta necesario revisar la diferencia entre los ingresos del personal de nombramiento institucional y los distintos niveles de responsabilidad existentes dentro de la institución.

A ello se suma la situación de los incentivos económicos. Durante meses se ha hablado de un bono para Carabineros y de un eventual pago trimestral. Sin embargo, si el beneficio termina representando aproximadamente el equivalente a una remuneración mínima vital y, además, se distribuye en cuatro pagos durante el año, es legítimo preguntarse si realmente estamos hablando de un incentivo capaz de reconocer el esfuerzo, la responsabilidad y el riesgo que asume el carabinero de calle.

La oportunidad del pago también importa. No basta con anunciar un beneficio: debe llegar oportunamente a quien corresponde.

Lo mismo ocurre con el denominado bono de riesgo. Si existen asignaciones asociadas directamente al riesgo de la función policial, no resulta razonable que funcionarios puedan acumular largos períodos sin recibirlas. Un beneficio destinado precisamente a reconocer el riesgo pierde buena parte de su sentido cuando su pago se posterga durante meses.

Y tampoco puede quedar fuera de esta discusión el personal especializado. La preparación, experiencia y responsabilidad de quienes integran unidades como GOPE, LABOCAR, SIAT, OS7, OS9 y otras especialidades también requieren un reconocimiento adecuado. El sistema de incentivos debe considerar a quienes han desarrollado capacidades específicas y que, muchas veces, enfrentan una importante sobrecarga de trabajo.

A esto hay que agregar otra situación que merece una revisión urgente: el pago de los desahucios. No parece razonable que quien deja la institución después de 25 años de servicio tenga que esperar cerca de un año o incluso más para recibir recursos que corresponden a una etapa fundamental de su vida laboral y familiar. La salida de la institución no debería transformarse en un nuevo período de incertidumbre económica para quien dedicó años al servicio público.

Pero junto con las remuneraciones, existe otra dimensión que no puede ser postergada: las condiciones materiales en las que trabaja el carabinero de calle.

Los chalecos antibalas y cascos deben encontrarse permanentemente en condiciones adecuadas y responder a los estándares de seguridad que exige la realidad actual. Lo mismo ocurre con uniformes, botas y otros elementos necesarios para cumplir la función policial. Los carros policiales deben estar operativos y contar con mantenimiento oportuno.

No podemos exigirle a un carabinero que enfrente una delincuencia cada vez más violenta con herramientas que no estén a la altura del riesgo.

Hay además una cuestión que Chile no puede seguir postergando: no es aceptable que el crimen organizado pueda disponer de un poder de fuego superior al de quienes tienen la obligación de enfrentarlo. Las policías deben contar con armamento, protección y medios adecuados a la amenaza que enfrentan, dentro de la ley y bajo estrictos protocolos de control y uso de la fuerza.

No se trata de militarizar las calles ni de entregar capacidades sin regulación; se trata de que un carabinero que llega primero a un procedimiento no quede en una situación de inferioridad frente a delincuentes cada vez mejor armados y organizados. Si el Estado exige a sus policías enfrentar al crimen, también debe entregarles las herramientas necesarias para hacerlo y regresar con vida a sus hogares.

También debemos hablar de la salud mental del carabinero de calle. Hay funcionarios que durante su trayectoria enfrentan procedimientos traumáticos, muerte, violencia, accidentes, amenazas y situaciones que dejan huellas profundas. Sin embargo, después de cada turno deben regresar a sus hogares y continuar con su vida.

La salud mental no puede ser considerada un beneficio accesorio. Debe ser parte de una política permanente de protección al funcionario y a su familia. Porque el impacto del servicio no lo vive solamente el carabinero. Lo vive también su familia.

Los turnos extensos, las horas de servicio, la falta de descanso suficiente y la dificultad para compatibilizar la vida institucional con la vida familiar tienen consecuencias que no siempre aparecen en las estadísticas.

Cuando un carabinero pasa largas horas en la calle, hay una familia que espera. Cuando un carabinero es trasladado, hay una familia que debe reorganizar su vida. Las necesidades operativas de Carabineros son legítimas. Pero un traslado no afecta solamente al funcionario. Puede significar alejarse de los hijos, modificar completamente la vida familiar, abandonar una vivienda o perder años de esfuerzo para establecerse en una determinada ciudad.

La eficiencia institucional y la realidad familiar no deberían ser conceptos incompatibles.

También es necesario revisar la carrera funcionaria. Los ascensos, las oportunidades de capacitación, el acceso a especialidades y las posibilidades de desarrollo profesional del personal de nombramiento institucional deben responder a las necesidades de una policía moderna. Si queremos mejores policías, debemos entregarles también mejores oportunidades para crecer dentro de la institución.

La estructura de la carrera funcionaria merece una revisión que considere también los tiempos de permanencia en cada grado, las posibilidades reales de ascenso y el reconocimiento de la experiencia acumulada durante años de servicio.
Carabineros necesita una cadena de mando clara. Necesita disciplina. Necesita autoridad. Pero ninguna de esas cosas se contradice con escuchar.

Una institución moderna debe ser capaz de recoger la realidad de quienes están todos los días en contacto con la ciudadanía, quienes llegan primero a un procedimiento, quienes patrullan nuestras calles, quienes trabajan de noche y quienes enfrentan directamente los riesgos de la función policial. El carabinero de calle no puede ser el último en enterarse de las decisiones que afectan su propia realidad.

También corresponde revisar la situación de aquellos funcionarios que enfrentan procesos administrativos o judiciales derivados de procedimientos policiales. Debe existir debido proceso, pero también certeza, oportunidad y proporcionalidad en la resolución de esas situaciones.

Cuando un funcionario es absuelto o cuando una investigación judicial concluye favorablemente para él, no parece razonable que pueda permanecer durante largos períodos sometido a procesos administrativos que condicionen su futuro laboral. La institución debe contar con mecanismos capaces de resolver estas situaciones con mayor celeridad.

Y aquí volvemos al punto central. Chile necesita escuchar al carabinero de calle. Pero esta vez no basta con decirlo, Hay que hacerlo.

Por ello, propongo que el presidente de la República, el ministro de Seguridad Pública y el director general de Carabineros recorran Chile, desde Arica hasta Punta Arenas, y se sienten directamente con una representación territorial y aleatoria del personal de nombramiento institucional.

Que en esas conversaciones esté quien recién ingresa a la institución, un cabo, un sargento, un suboficial y funcionarios que representen distintas realidades operativas y territoriales. No para reemplazar la cadena de mando ni para debilitar la autoridad, sino para conocer directamente qué está funcionando, qué no está funcionando y qué necesita ser corregido.

Y que exista una pregunta que atraviese todas esas conversaciones: ¿Qué necesita usted para poder hacer mejor su trabajo y volver seguro a su casa?

Hay que hablar de remuneraciones, de incentivos, de horas de servicio, de descanso, de equipamiento, de vehículos, de alimentación durante los servicios, de salud mental, de traslados, de carrera funcionaria, de capacitación, de especialidades, de respaldo jurídico y de la relación con sus superiores. Pero también hay que preguntar algo que quizás sea todavía más importante: ¿Se siente respaldado?

Porque podemos discutir durante horas sobre seguridad pública, nuevas leyes, tecnología, vehículos, dotaciones y presupuesto. Todo eso es necesario. Pero al final del día hay una persona que se sube a un carro policial y sale a enfrentar el delito.

Ese es el carabinero de calle. Y mientras él cumple su función, alguien lo está esperando en casa. Por eso esta conversación no puede comenzar después de la próxima tragedia. Debe comenzar ahora.

Carabineros es una familia. Y una familia no olvida a sus hijos: los cuida, los protege y los acompaña.

Ese acompañamiento tiene que venir desde el alto mando institucional y también desde el propio Estado. El carabinero debe sentirse plenamente respaldado cuando, como consecuencia de un procedimiento y actuando conforme a la ley, hace uso de su arma de fuego y queda a disposición de la Fiscalía para que se investiguen los hechos.

Es precisamente en ese momento cuando todo el soporte de Carabineros debe percibirse y sentirse en su máxima expresión. Si un funcionario actuó dentro del marco de la ley, no puede quedar solo frente a las consecuencias administrativas, judiciales o personales que puedan derivarse de una investigación fiscal.

Investigar es parte del Estado de Derecho. Acompañar y respaldar al funcionario que actuó conforme a la ley también debe serlo.

Así las cosas, al carabinero de calle no se le puede pedir que arriesgue su vida por Chile para después dejarlo solo cuando más necesita sentir que su institución y el Estado están detrás de él.