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Entre enero y agosto de 2026, según investigación recabada de transparencia, la partida presupuestaria del Congreso Nacional registró $117.939.867.000 de gasto devengado, es decir, obligaciones reconocidas contablemente. La cifra comprende ambas cámaras, la Biblioteca del Congreso y los organismos de asignaciones parlamentarias. Son casi $118 mil millones en ocho meses, sin incorporar todavía septiembre a diciembre. Una magnitud que exige explicar qué resultados recibe el país por cada peso destinado a su funcionamiento.
Cada discusión presupuestaria parece convertirse en una competencia de bondad del dinero ajeno. Abundan las declaraciones sobre programas que deben mantenerse, prestaciones que deben ampliarse y recursos que siempre resultarían insuficientes. Pero esa generosidad tiene un financista: el contribuyente. Por eso, quienes discuten las prioridades nacionales también deben revisar sus propios gastos y preguntarse cuánto aportan efectivamente a legislar, representar y fiscalizar.
El presupuesto inicial del Congreso para 2026 fue de $178.327 millones. Con las modificaciones incorporadas hasta agosto, llegó a $186.090 millones. El incremento de $7.762 millones tiene destinos identificables, ya que con el nivel de gasto que mantienen no les alcanzaría a lo proyectado inicialmente.
Solo en personal de apoyo y asesorías externas, ambas cámaras arrojan $2.293.782.693 correspondientes a agosto de 2026 y $18.131.476.710 entre enero y agosto. Este universo excluye dietas de los parlamentarios, gastos operacionales y contrataciones directas de bancadas.
La comparación política también exige proporcionalidad. Una colectividad con más diputados puede gastar más en términos absolutos, pero al dividir el gasto de agosto por el número de diputados de cada partido, los primeros lugares de nuestra comparación corresponden al Partido Radical, Acción Humanista, Partido Comunista y Frente Amplio. En los dos primeros casos, el promedio corresponde a una sola diputada.
El caso del Partido Radical, con una sola parlamentaria, Marcela Hernando, cuyo personal de apoyo registra $11.479.948 en agosto. Al examinar julio e incorporar dieta, equipos y gastos operacionales publicados de ese mismo mes, su costo identificado alcanza $24.369.829, frente a un promedio de $22.849.270 por diputado. Estos montos comprenden recursos destinados al ejercicio parlamentario, no ingresos personales equivalentes para cada legislador.
Cada contratación debe poder justificar su aporte. El Congreso necesita capacidad técnica, atención a las personas y equipos que examinen proyectos complejos. También necesita comunicar su trabajo. Pero existe una diferencia entre informar a la ciudadanía y financiar la promoción permanente de una figura política. La fotografía, la aparición televisiva o el reel no pueden reemplazar la calidad de las leyes ni la eficacia de la fiscalización.
El debate sobre los computadores escolares permite ordenar esas prioridades. Las Becas TIC, que recogen la política conocida como “Yo Elijo Mi PC”, tuvieron en 2026 un presupuesto cercano a $35 mil millones.
Junaeb debe responder por la ejecución de sus programas y sobre más de cinco mil computadores almacenados sin entregar y afectados por obsolescencia. Además, su director expuso ante una comisión investigadora sobre $14.363 millones en presuntos pagos por productos alimentarios no servidos.
El Congreso ha demostrado una fiscalización tardía de Junaeb y una fiscalización tardía en general, en cada materia. Si no fuera por el brillante trabajo que realiza la prensa, su trabajo periodístico o de investigación, incluida también la labor que cumple la Fundación Fuerza Ciudadana que presido, cuántos temas hubieran pasado de ser percibidos por la ciudadanía y sin ninguna sanción.
El proyecto de Presupuesto 2027 propone un crecimiento del gasto de 1,5%, con aumentos de 4,7% en salud y 9,1% en seguridad. Educación alcanza $17,3 billones, con un incremento global leve en términos reales y reducciones en programas específicos. Respaldar esas prioridades es compatible con exigir que cada recorte se fundamente en resultados y que el esfuerzo alcance también al Congreso.
Como señaló el presidente José Antonio Kast en cadena nacional: “El problema nunca fue invertir. El problema fue gastar sin saber cómo pagarlo”.
La discusión puede aspirar a contener el crecimiento del gasto por debajo del 1,5%, comenzando por contrataciones prescindibles, duplicidades y gastos que solo alimenten el narcisismo de diputados y senadores.
Para que la supuesta “bondad” parlamentaria sea creíble, que venga acompañada de una propuesta de ahorro propio. Para lo cual cada congresista sabrá bien de qué o quién debería prescindir.
