Según un documento, el Servicio Médico Legal de Concepción informó al Juzgado de Garantía de Los Ángeles, que las horas para los peritajes psiquiátricos están copadas hasta el próximo año y que las que se están requiriendo ahora serán programadas para el 2020, pero cuando se abra la agenda.
Desde la Defensoría Penal Pública de Concepción, Osvaldo Pizarro, aseguró que “más que una preocupación, resulta bastante crítico el hecho que le hayan contestado al Tribunal de Garantía de Los Ángeles, que no tienen ningún tipo de disponibilidad horaria para que una persona sea evaluada en el contexto de un proceso penal”.
Esta realidad tiene que ver con una reducción de las horas de trabajo de la psiquiatra a cargo de los informes solicitados por el aparato judicial, una situación que se arrastra desde hace años y que se suponía sería subsanada por el Gobierno anterior.
Sobre esto, Pizarro afirmó que existió una contratación de algunos psiquiatras.
En esa misma línea, el seremi de Justicia, Sergio Vallejos, reconoció la delicada situación y adelantó que se va a analizar lo que está ocurriendo. Además, confirmó que solo hay una profesional a cargo en la región del Bío Bío para todos los casos.
En efecto, la autoridad no precisó las horas que trabaja la psiquiatra, pero admitió que hubo una rebaja de la carga, razón por la cual no existe posibilidad de nuevos peritajes hasta el 2020.
La crisis salió a la luz por el caso del imputado Ricardo Campos Castillo, para quien el Juzgado de Garantía angelino solicitó el peritaje, recibiendo esta notificación de parte del Servicio Médico Legal e indicándose además que en la capital de la provincia del Bío Bío no existe una Unidad de Psiquiatría, por lo que los peritajes deben ser realizados en Concepción.
Al respecto, según el defensor regional Pizarro, la evaluación de esta persona podría demorarse casi dos años, lo que atentaría contra la garantía del derecho a ser juzgado razonablemente en un plazo adecuado.
Esta situación ocurre sólo semanas después de darse a conocer los casos de Sergio Mardoff y Sergio Urra, cuyos cuerpos estuvieron por años en las dependencias de Concepción sin ser identificados ni entregados a sus familiares.
