Más de diez años lleva Lorena Pereda enfrentando un dolor crónico que, según sus antecedentes médicos, se originó tras una serie de cirugías por una hernia hiatal realizadas entre 2015 y 2016.
En 2023 fue diagnosticada con síndrome de atrapamiento del nervio cutáneo abdominal, una condición que le provoca dolor permanente y que no ha podido ser controlada pese a distintos tratamientos, entre ellos medicamentos, bloqueos e infiltraciones.
Ahora, su principal esperanza está puesta en la implantación de un neuroestimulador medular con tecnología DRG, procedimiento que su médico tratante considera indicado para abordar su dolor refractario.
El problema es que el dispositivo no está siendo financiado íntegramente por su isapre, Cruz Blanca. El costo particular del tratamiento supera actualmente los $52 millones, de los cuales cerca de $40 millones corresponden al neuroestimulador que, según su defensa, constituye el elemento central del procedimiento.
El caso ya pasó por la Superintendencia de Salud y por la Corte de Apelaciones de Valparaíso. En esta última instancia, Lorena obtuvo un fallo unánime favorable. Sin embargo, la controversia llegó a la Corte Suprema, que rechazó el recurso y determinó que el conflicto debía continuar primero por la vía administrativa.
Así, mientras avanza esa tramitación, Pereda continúa esperando una respuesta que podría determinar si finalmente podrá acceder al tratamiento que busca para aliviar su dolor.
Una espera que se extiende
Franco Milanéz, abogado de Lorena, conversó con Radio Bío Bío en Valparaíso y explicó que actualmente mantienen un procedimiento ante la Superintendencia de Salud, iniciado en mayo de 2025, respecto del cual todavía esperan una resolución definitiva.
Según sostuvo, pese a haber presentado escritos solicitando celeridad, la respuesta ha sido que deben continuar esperando el resultado del proceso administrativo.
El abogado cuestiona que, después del fallo de la Corte Suprema, la solución vuelva a quedar supeditada a un procedimiento que puede extenderse en el tiempo.
“¿Dónde queda la garantía del derecho a la salud?”, planteó Milanéz al abordar la situación de su representada.
La defensa sostiene que el problema no es solamente económico, sino que involucra el acceso de Lorena a un tratamiento que considera necesario frente a un dolor que, según describió su abogado, puede llegar a ser incapacitante.
“Algo tan sencillo como colocarse una polera para ella en sus días malos puede suponer un dolor extremo, agónico”, relató.
El abogado también cuestionó la forma en que Cruz Blanca ha abordado la cobertura del procedimiento. La isapre aceptó aplicar la cobertura para enfermedades catastróficas (CAE), pero rechazó financiar el dispositivo que, según la defensa, resulta indispensable para realizar el tratamiento.
Milanéz fue especialmente crítico con esa decisión.
“La isapre se ha comportado bestia. No voy a decirlo de otra forma: se ha comportado de una forma poco humana a pesar de que esto sea un negocio”, afirmó.
De acuerdo con su relato, inicialmente la isapre habría homologado el dispositivo a un marcapasos, considerando una cobertura cercana a los $800 mil frente a un tratamiento que supera los $52 millones. Posteriormente, según el abogado, esa cobertura también fue cuestionada en la instancia de apelación.
El dispositivo que podría cambiar su situación
El tratamiento que busca Pereda utiliza un neuroestimulador medular con tecnología DRG, destinado a intervenir sobre las señales nerviosas asociadas al dolor.
La defensa sostiene que no se trata de un procedimiento de uso general, sino de una alternativa para casos específicos y que requiere determinadas condiciones médicas. Según lo señalado por Milanéz, los especialistas capaces de realizar este tipo de implantes serían pocos en Chile.
Uno de los argumentos centrales planteados ante los tribunales apunta precisamente a la cobertura del dispositivo. La defensa sostiene que existe un código asociado a la instalación del dispositivo medular que debería comprender también el elemento que se implanta.
Ese argumento fue acogido por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, según explicó el abogado. Sin embargo, la Corte Suprema no entró a resolver el fondo de esa discusión y optó por derivar el conflicto nuevamente a la instancia administrativa.
Por ahora, entonces, el caso vuelve a quedar en manos de la Superintendencia de Salud.
“Tenemos que seguir luchando”
Para Milanéz, la resolución de la Suprema también da cuenta de un cambio en la forma en que se están abordando este tipo de controversias mediante recursos de protección.
El abogado sostiene que en años anteriores existían fallos de la Corte Suprema que permitían abordar mediante esta vía situaciones vinculadas a tratamientos médicos y derechos fundamentales. Sin embargo, afirma que el criterio habría cambiado con la actual composición de la sala que conoce estos asuntos.
En el caso de Lorena, aquello significó que la discusión sobre el financiamiento del tratamiento no fuera resuelta directamente por la Suprema, sino que quedara nuevamente pendiente en la Superintendencia.
“Ahora está seguir luchando en la Superintendencia, finalizar ahí, obtener el fallo definitivo, evaluarlo y luego de eso recurrir nuevamente”, explicó.
Incluso evalúan presentar una nueva acción judicial, esta vez cuestionando la demora del organismo administrativo en resolver los recursos pendientes.
Mientras tanto, Lorena continúa esperando.
Su caso no solo mantiene abierta la discusión sobre quién debe financiar un dispositivo médico de alto costo, sino también sobre cómo responde el sistema cuando una persona enfrenta una condición de salud que requiere una tecnología que no encaja fácilmente en los mecanismos tradicionales de cobertura.
Para su abogado, el problema podría alcanzar a otros pacientes que enfrentan tratamientos de características similares y que, ante la complejidad de los procedimientos administrativos y judiciales, terminan abandonando sus reclamos.
En el caso de Lorena, sin embargo, la disputa continúa: después de años de dolor y tras pasar por distintas instancias, todavía espera que se determine si podrá acceder al tratamiento que sus médicos plantearon como una alternativa para enfrentar su dolor crónico.
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